Tras 52 días de haber iniciado las movilizaciones convocadas por los partidos políticos y la sociedad civil contra el gobierno de Nicolás Maduro, el 24 de mayo del presente año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó medidas de protección para los habitantes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, Los Salias y Carrizal del estado Miranda, y de Libertador, Alberto Adriani y Campos Elías del estado Mérida, por la vulneración de derechos fundamentales afectados por acciones de calles de grupos de oposición.

La argumentación de la sentencia con expediente 17-0469, se basa en el supuesto contravenir de lo establecido en los cardinales 2, 4, 5 y 7 del artículo 178 de la Constitución de la República, “por presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen obstáculos en la vía pública y quemen objetos, entre otros”.

Estas medidas recaen directamente sobre los alcaldes Gerardo Blyde, Carlos Ocariz, Ramón Muchacho, David Smolansky, José Fernández, José Luis Rodríguez, Carlos García, Juan José Peña y Omar Lares, acusándolos de la “presunta infracción por los derechos al libre tránsito y a la seguridad personal” en general de todos los ciudadanos, además de ir en contra del derecho “a la salud, al trabajo, educación, deporte, recreación, a la libertad económica y un ambiente sano”.

La Sala Constitucional advirtió a los mencionados alcaldes que deben cumplir de manera obligatoria esos mandamientos de amparo cautelar, ya que, en caso contrario, “estarán incursos en la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales”.

Es necesario destacar que el 31 de mayo bajo la sentencia N° 376/2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda contra el alcalde del municipio Barinas del estado Barinas, José Luis Machín Macín, por «intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos». Y en las sentencias N° 400 y 401 acordaron los amparos cautelares solicitados al alcalde José Antonio Barreras Blanco, del municipio Palavecino del estado Lara.

Por lo tanto, un total de 11 alcaldes opositores: seis mirandinos, tres merideños, un anzoatiguense y un barinés, recibieron las demandas. Además del gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

Hasta la presente solo 8 han comparecido en una audiencia ante el Tribunal Supremo de Justicia.

• 16 de julio

El alcalde del municipio Alberto Adriani, Juan Peña, se presentó al III Tribunal de la entidad en una audiencia oral. Sin embargo no se emitió una sentencia ya que fue llamada a presentarse en otra audiencia donde se evaluarán las pruebas.

• 25 de julio

Se llevó a cabo la audiencia sobre el caso del alcalde de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja del estado Anzoátegui, Gustavo Marcano, quien no asistió a la convocatoria, dicha audiencia se celebrará para determinar el presunto desacato del mandato de amparo cautelar contenido en las sentencias números 377 del 31 de mayo 2017 y 369 del 24 de mayo 2017, respectivamente.

• 28 de julio

Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren del estado Lara, fue puesto en reclusión en la sede del Sebin en Caracas, siendo destituido y condenado a prisión por 15 meses por desacatar la sentencia que lo obligaba a evitar las barricadas en su jurisdicción.

• 31 de julio

A pesar que la audiencia del alcalde aún no se había realizado, un grupo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), intentó, a través de una operación comando, llevarse detenido al alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares.

• 2 de agosto

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó una audiencia oral y pública para el alcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García Odón. Dicha audiencia tiene la finalidad de determinar si el alcalde incurrió en presunto desacato a la sentencia N° 371 del 24 de mayo, la cual establecía que el funcionario debía evitar las barricadas dentro de su jurisdicción.

• 2 de agosto

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó la audiencia al alcalde del municipio Palavecino del estado Lara, José Antonio Barrera.

• 8 de agosto

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) encontró culpable de desacato al alcalde del municipio Chacao del estado Miranda, Ramón Muchacho, y lo sentenció a 15 meses de prisión, encontrándolo culpable de no acatar la prohibición de impedir el cierre de vías durante las manifestaciones en contra del gobierno.

De igual manera, el TSJ destituyó e inhabilitó políticamente a Muchacho por el tiempo que dure la sentencia.

• 9 de agosto

Se llevó a cabo la audiencia del alcalde del municipio Los Salias del estado Miranda, José Fernández, citado ante el Tribunal Supremo de Justicia luego de considerar este que no impidió las manifestaciones con cierres de vía en su municipio, sin embargo, no se emitió una sentencia ya que fue diferida.

• 9 de agosto

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sancionó al alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolansky, a 15 meses de prisión. Asimismo, Smolansky fue inhabilitado políticamente, según sentencia N° 552.