El pasado 31 de marzo se realizó en el estado La Guaira el primer encuentro con periodistas organizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Carolina Godoy, coordinadora del Observatorio, quien señaló la importancia de este tipo de encuentros para poder profundizar en el análisis de los fenómenos asociados a los femicidios, dando una mirada integral a esta problemática social, que vaya más allá de las cifras.

Opacidad del Estado en materia de información pública

La primera ponencia estuvo a cargo de Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, y la coordinadora de Comunicaciones de la misma organización, Vanessa Losada. Trapani señaló que a pesar de la ausencia de datos oficiales, desde Cecodap se ha hecho un esfuerzo para documentar las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes (NNA). Aunque reconoció que es muy probable que la cifra de casos sea mucho mayor a la que manejan desde la organización, este acercamiento permite trabajar en propuestas de políticas preventivas. Sin embargo, recalcó que la opacidad del Estado en materia de información pública impide que se pueda avanzar en esta materia.

Las cifras que maneja Cecodap reflejan que desde 2017 a 2021 se produjeron 3.738 muertes violentas de NNA en Venezuela. De estas muertes, 917 fueron de niñas y niños menores de 12 años y 2.821 de adolescentes. Los patrones con mayor incidencia en este monitoreo son muerte por actuación de cuerpos policiales, muerte por balas perdidas y muertes por violencia intrafamiliar. La violencia dirigida a menores en la familia ocurre con mayor frecuencia contra niñas y niños de muy corta edad.

Para abordar esta realidad es necesario ahondar en algunos factores, como el contexto familiar, la migración forzada que ha motivado que muchas personas dejen a sus hijos e hijas en manos de cuidadores, la ausencia de políticas preventivas y de atención de casos de violencia contra NNA y las enormes debilidades de un sistema de emergencia que no permite, entre otros aspectos, detectar los casos de violencia a tiempo. Trapani concluyó señalando que la violencia contra NNA tiene un efecto devastador en la sociedad.

Visibilizar las voces de las niñas

Por su parte, Losada recordó que los periodistas «somos una ventana de la realidad. Tenemos un componente de responsabilidad ante la sociedad. Lo que mostremos o no mostremos puede ayudar a fomentar la ciudadanía o puede contribuir a quebrar el tejido social». Aseveró que es necesario denunciar las vulneraciones de derechos de NNA y plantearse diversas interrogantes al realizar la cobertura de estos hechos, entre ellas ¿dónde está el Estado que pudo haber prevenido este hecho?, ¿dónde están las campañas de prevención?, ¿cuál es la interferencia que tiene el Consejo de Protección una vez que un niño pasa por un hecho violento y es víctima? Finalmente Losada hizo un llamado a aumentar la visibilización de las voces de las niñas que son víctimas de violencia, ya que muchas veces no están reflejadas en los trabajos periodísticos.

Uso de armas de reglamento

Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, realizó algunas reflexiones sobre la participación de funcionarios policiales y militares en las muertes violentas y el uso de las armas de reglamento fuera del horario de trabajo. Las armas reglamentarias son otorgadas por el Estado al funcionario para que sea utilizada en su esfera laboral, pero en la mayoría de las ocasiones se traslada su uso a otros espacios en los que además se arrastran problemas estructurales de las fuerzas de seguridad, los cuales se relacionan con el uso irracional y abusivo de la fuerza.

Indicó Alvarado que la opacidad del Estado venezolano no permite determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjeron las muertes violentas. No se conocen cifras oficiales de aquellos casos donde los funcionarios policiales y militares, abusando de su autoridad y usando recursos del Estado, han utilizado la violencia para resolver asuntos privados o conflictos personales. La respuesta que se requiere va más allá de una política de porte de armas fuera del horario de trabajo, también hay que analizar la pericia de los funcionarios y los aspectos psicológicos que afectan el modo en el que los efectivos policiales y militares resuelven las situaciones a las que se enfrentan, tanto en sus funciones laborales, como en el ámbito privado.

Adultas mayores en riesgo

Durante el taller fueron presentadas las cifras del informe Vejez en riesgo 2022. Muertes violentas de personas mayores en Venezuela, elaborado por Convite. El reporte refleja que en el año 2022 murieron de forma violenta 300 personas mayores en Venezuela. 124 de las víctimas murieron durante la comisión de diversos hechos delictivos, entre ellos robos, venganza o sicariato. El informe recoge que 28% de las víctimas eran mujeres mayores de 55 años.

En el caso de los femicidios, los victimarios fueron principalmente hermanos, sobrinos y otros familiares y esposos o parejas, pero hubo un aumento de las muertes perpetradas por hijos y nietos de las víctimas. El móvil en la mayoría de los casos es el querer quedarse con alguna propiedad o dinero perteneciente a la adulta mayor.

Monitoreo de femicidios 2022

Carolina Godoy presentó las cifras de femicidios al cierre del año 2022. Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 hubo 282 casos de femicidios consumados y 120 frustrados en Venezuela. En promedio, hubo una acción femicida cada 26 horas y un femicidio de niñas cada 9 días (37 casos). Estos datos fueron recogidos por el Observatorio Digital de Femicidios a través de las publicaciones hechas por los medios de comunicación digitales. En el análisis de los fenómenos asociados a estos femicidios, se observó que 82 niñas y niños quedaron huérfanos por la muerte violenta de sus madres. El 13,5% de los casos ocurrió en el estado Zulia; 11,3% en Miranda; 10,6% en el Distrito Capital y 9,6% en el Estado Carabobo.

En el mismo periodo 79 venezolanas en el exterior fueron víctimas de femicidios. En promedio, una cada 4 días. El 58,2% de los casos ocurrió en Colombia y 16,5% en Perú. También del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 se registró un caso de muerte violenta de una mujer trans venezolana en Colombia.

Fallas en la implementación de la ley

Aclaró Godoy que el problema no termina con el femicidio en sí, que es el último eslabón de la violencia ejercida contra las mujeres, adolescentes y niñas, sino que el problema radica en la educación, en la prevención y en los diferentes tipos de violencia que estuvieron presentes en la vida de las víctimas. No se logró prevenir y atacar a tiempo este continuum de violencia, y las causas que la produjeron, para evitar que ocurriera finalmente el femicidio.

Añadió que aunque la normativa venezolana en materia de violencia contra las mujeres en Venezuela es bastante amplia, el problema principal radica en su implementación. No basta con que exista una ley, sino que el Estado debe engranar todos los procesos para que se logre una verdadera prevención. Recordó que la violencia contra la mujer es un problema estructural de nuestras sociedades, que afecta a las mujeres por el hecho de serlo. Es la misma sociedad la que la tolera porque se han normalizado muchas de sus expresiones.

Para finalizar el taller se realizaron tres mesas de trabajo en las que se elaboraron propuestas para visibilizar los fenómenos asociados a los femicidios analizados durante el encuentro. Estas recomendaciones serán incorporadas en las próximas campañas que se elaboren desde el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz.  Para la realización de este taller contamos con el apoyo de la Red de Periodistas Venezolanas en la postulación de algunas de las comunicadoras que participaron en la jornada.