El pasado 7 de noviembre se realizó en la sede de las Naciones Unidas un side event denominado: Intimidación y represalias por cooperar con las Naciones Unidas. Tendencias globales y mejores prácticas, en el cual se analizaron los principales hallazgos y tendencias reflejados en el reporte 2022 del Secretario General sobre cómo la legislación restrictiva y la vigilancia a la sociedad civil puede limitar o castigar su cooperación con el organismo multilateral.

En el evento participaron como panelistas Ilze Brands Kehris, Secretaria General Asistente para los Derechos Humanos; Rebecca Vernon, asesora legal del International del Center for Not-for-Profit Law; Esther Omam Njomo, directora ejecutiva de Reach Out Cameroon y Ahmed Adam Abdulla, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas. La moderación estuvo a cargo de Madeleine Sinclair del International Service for Human Rights. También estuvo presente Cristina Ciordia, coordinadora de Redes y Activismos del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

En las palabras de apertura Zsuzsanna Horvath, representante permanente de Hungría ante la ONU señaló que “las Naciones Unidas requiere del apoyo de las personas a las que sirve. La libertad de vincularse libremente con la ONU debería ser protegida y respetada. La ONU no puede cumplir su mandato con una sociedad civil reprimida y censurada”.

Los actos de intimidación y represalias siguen siendo prevalentes

Por su parte, Madeleine Sinclair indicó que “hasta apenas el año pasado la discusión sobre el informe anual de represalias del Secretario General había estado limitada a Ginebra. Pero ahora también está presente en la Asamblea General y es objeto de discusión del Tercer Comité. Esta es una buena oportunidad para elevar el perfil de este importante informe».

En su intervención Ilze Brands Kehris recalcó que “si bien hay algunos estados miembros reflejados en el informe y otros que no lo están. La amenaza que observamos es global”. A juicio de Brands “el informe evidencia que los actos de intimidación y represalias siguen siendo prevalentes. Tenemos evidencia de 42 países y sabemos bien que ese no es el panorama completo. Es posible, incluso, que haya países de los que no tengamos información, precisamente porque las amenazas han sido demasiado efectivas”, aseveró.

“El informe abarca defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, abogados, partidos de oposición, familias y en algunos casos, instituciones nacionales de DDHH. Los casos que reflejamos son aquellos donde la represión se ha acentuado producto de la colaboración con la ONU». Aunque reconoció no contar con suficiente información desagregada, aseguró que tienen la certeza de que las represalias que se producen contra grupos vulnerables, jóvenes y mujeres, son especialmente sub-reportadas. «Sabemos también que las mujeres son vulnerables a tipos específicos de represalias. El 60% de las personas reflejadas en el informe son mujeres». Destacó Brands que durante la pandemia los ciberataques hacia las mujeres aumentaron.

Insistió la Secretaria General Asistente para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en que “la vigilancia continúa siendo una importante preocupación que reportamos en 20 países. Además, 40% de los países reflejados tienen leyes restrictivas que previenen y castigan la cooperación con organismos internacionales, normalmente son leyes para la creación de ONG o leyes antiterrorismo”. Concluyó que también se evidencia en estos países la existencia de patrones de intimidación y represalias y la autocensura.

Sofocar y silenciar a la sociedad civil

En ese mismo orden de ideas, Rebecca Vernon explicó que los regímenes autoritarios pueden utilizar legislaciones restrictivas para sofocar y silenciar a la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos.  De esta manera se busca que tengan temor de cooperar con las Naciones Unidas. Aseveró Vernon que esto está ocurriendo en el marco de una ola de cierre del espacio cívico. Desde hace aproximadamente 15 años se han sucedido varias olas “exitosas” de cierre. La más reciente, y que aún estamos viviendo, fue producto de las restricciones propias de la pandemia y amenaza el derecho a la manifestación, reunión y asociación, entre otros. Más de 70 países han creado alrededor de 200 leyes que restringen el espacio cívico, indicó.

Mecanismos legales para cerrar el espacio cívico

Explicó la asesora legal del International Center for Not-for-Profit Law que los tres mecanismos legales más comunes que emplean los regímenes autoritarios para cerrar el espacio cívico son: 1) Las restricciones al registro de organizaciones, creando instrumentos legales que dificultan el registro de nuevas organizaciones e imponiendo condiciones que facilitan el cierre de las ya registradas. Esto disminuye la disposición de la sociedad civil a participar. 2) Leyes destinadas a cortar el acceso a recursos. Estas leyes que regulan el acceso a financiamiento internacional no son nuevas, pero han estado ganando fuerza en los últimos años. 3) Autoritarismo digital a través de la vigilancia, el uso de provisiones para salvaguardar la libertad de expresión, las leyes contra el odio y leyes de seguridad digital. Estas medidas son efectivas como mecanismos de intimidación. Los donantes tienden a cerrar proyectos en espacios donde puedan ser percibidos como amenazas y la sociedad civil está cada vez menos dispuesta a alzar la voz.

Represalias a mujeres

Esther Omam Njomo, directora ejecutiva de Reach Out Cameroon, señaló que como mujer constructora de paz fue víctima de intimidación y represalias entre 2018 y 2021 tras su participación en una reunión del Consejo de Seguridad. Durante la misma, Omam visibilizó la afectación que ha tenido el conflicto en Camerún sobre mujeres y niños.

El esposo de Omam y sus hijos también fueron víctimas de amenazas e intimidación, así como otros miembros de su organización. Ambas partes del conflicto reclamaban su involucramiento con las Naciones Unidas. Su familia tuvo que mudarse temporalmente y su esposo perdió su trabajo. La intimidación afectó gravemente su salud mental. Pero continuó con sus labores. “Entendí que lo que está por venir para Camerún, es más grande e importante que mi situación. Así que he decidido ser más fuerte y seguir trabajando”.

Recomendaciones y mejores prácticas 

Brands indicó que, a nivel multilateral, el número de estados miembros que desde el Tercer Comité han hecho declaraciones conjuntas condenando las represalias ha aumentado significativamente. En la Asamblea General se ha elevado el nivel de importancia y consciencia sobre el tema. Además, desde el Consejo de Seguridad algunos estados miembros se comprometieron a apoyar los esfuerzos de mitigación de las represalias contra mujeres constructoras de paz de ONU, esto incluye apoyo técnico, financiero, en incidencia, etc.

Por otra parte, varios estados, en el marco de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, también se han comprometido con una política de cero tolerancia de represalias contra las mujeres. Estos esfuerzos y compromisos públicos y notorios son importantes, porque elevan los costos de estas acciones. Agregó que le gustaría ver a un mayor número de estados miembros respondiendo al informe y haciendo actualizaciones sobre las acciones que han tomado al respecto. También nos gustaría ver más estados miembros llamando la atención sobre casos específicos en la Asamblea General.

Leyes protectoras

Rebecca Vernon señaló algunos ejemplos de instrumentos legales que protegen el trabajo de las OSC. Leyes como la de Mali en 2018, diseñadas específicamente para proteger el trabajo de defensores de derechos humanos, y que contiene provisiones específicas para promover la cooperación con organizaciones internacionales. También leyes de “denunciantes” (whistleblowers), que, dependiendo de su redacción, pueden contener restricciones o prohibiciones a represalias por visibilizar ante las Naciones Unidas diversas situaciones.

Esther Omam recomendó brindar apoyo económico a las personas defensoras. Aseveró que con demasiada frecuencia trabajan sin financiamiento alguno. También sugirió que se entrene a los funcionarios públicos en la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y en materia de derechos en general.

Recomendó a las Naciones Unidas hacer un seguimiento a los casos de riesgo que conocen y cuando sea necesario, ofrecer protección efectiva. Así como instar a los estados miembros a hacer declaraciones sobre la importancia del trabajo de los defensores. Concluyó haciendo un llamado a apoyar la salud mental de los defensores, dándoles oportunidades para conectar y hacer redes. También a formar a las mujeres defensoras en materia de activismo seguro y seguridad en línea.

Algunas mejores prácticas para estados miembros hechas durante el evento también incluyeron apoyar de forma visible y consistente el trabajo de activistas y defensores en riesgo. Entre más concreto el apoyo, mejor. Adicionalmente, incluir a las personas involucradas cuando se generen estrategias de mitigación de riesgo por cooperar con Naciones Unidas. Por último, apoyar financieramente a los defensores invitados al Consejo de Seguridad que puedan estar en riesgo.

Para Human Rights Watch es necesario que la ONU haga un mejor trabajo de reconocer y apoyar la importancia de la sociedad civil en este espacio. Las ONG fueron los últimos actores, después incluso que los turistas, en ser admitidos de vuelta a Naciones Unidas tras las restricciones por la pandemia. Podemos hacer más y debemos hacer más.