El pasado 16 de noviembre se cumplió un año desde que La CorteIDH se pronunció con una sentencia CONDENATORIA al Estado venezolano haciéndolo responsable de las diversas omisiones que permitieron los delitos cometidos, por un particular, en mi contra.

La CorteIDH condenó al Estado venezolano por la violación de mí integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, también lo responsabiliza por la ínfima sentencia con la que fue condenado el agresor, el cual no incluyó los actos de tortura y violación de los que fui víctima, todos estos delitos valorados como violación de mis derechos humanos.

De acuerdo a la Convención Americana, todo Estado que la ha suscrito, es responsable de obligaciones internacionales que le impone sancionar los delitos que por omisión o ataque directo haya producido daño a las víctimas y tiene el deber de repararlos adecuadamente. El Estado venezolano se encuentra en total y sistemático desacato con todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en el caso Linda Loaiza López y familiares.

Esta es la primera vez que el sistema interamericano declara y condena la responsabilidad por la omisión de un Estado frente a hechos atroces cometidos por un particular, delitos sancionados por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Belem Do Pará. Además, la CorteIDH también condenó al Estado venezolano como responsable por la violación del derecho a la integridad personal de mis padres, hermanas y hermanos.

Los Estados no pueden seguir siendo cómplices de los agresores, son muchas las formas en la que un sistema judicial revictimiza y multivictimiza a las víctimas, esa dolorosa realidad que he vivido en carne propia a través de una tortura atroz.

La justicia, por muy eficiente que pudiera ser, no devuelve a las víctimas lo conculcado pero, su verdadera aplicación, sería un avance importante en la desaparición de esta impunidad. El Estado venezolano debe acatar sus obligaciones frente a las convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

La respuesta silente del Estado frente a la condena de la cual ha sido objeto, muestra que, el actual gobierno, autodenominado feminista se comporta con una realidad que lo desmiente muy contundentemente en su negación y omisión frente a su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de las mujeres desde su gestación hasta su vejez. Las muestras están en las altas y alarmantes cifras de los delitos de femicidios y violencia de género. El Estado no muestra la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas políticas públicas para prevenir esta violencia y sancionar ejemplarmente a los responsables. Esto solo alimenta el clima de impunidad desbordada y la revictimización de las mujeres víctimas que acuden al sistema judicial.

Es indudable que la omisión de Estado venezolano es el escenario de la continuidad de los delitos que me revictimizan e igualmente a mi familia. La sentencia de la CorteIDH es una obligación que se debe cumplir y no puede convertirse en letra muerta porque son obligaciones convencionales de protección que el Estado venezolano está obligado a cumplir.

Sigo caminando por los atajos de espinas e impunidad.

Linda Loaiza López 18-11-2019