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El pasado 25 de marzo se realizó la audiencia Criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Venezuela, en el marco del 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia fue solicitada por las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, CIVILIS Derechos Humanos, Prepara Familia, Convite AC, Acceso a la Justicia y Laboratorio de Paz.

Estuvieron presentes en la sesión en representación de la CIDH la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora para Venezuela; la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para Personas Afrodescendientes y Discriminación; el comisionado Stuardo Ralón, relator para las Personas Privadas de la Libertad; María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva interina; el comisionado Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión; y el comisionado Joel Hernández, relator especial para Personas Defensoras de Derechos Humanos, quien presidió la audiencia.

Sociedad civil amenazada

Feliciano Reyna, en representación de Acción Solidaria y Civilis Derechos Humanos, señaló que la emergencia humanitaria compleja en Venezuela sigue afectando a la mayoría de la población, con impactos que se han profundizado debido a la pandemia por COVID-19, «tanto en escala como en intensidad».

Al menos 19 millones de personas, de una población de más de 28 millones, se encuentran en una situación de pobreza multidimensional en el país. Lo que representa un incremento de más de 600 mil desde el año 2019, aseveró Reyna.

Trece millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria, un aumento de más del 40% de las 9.2 millones que ya había advertido el Programa Mundial de Alimentos luego de su estudio en el terreno, realizado de julio a septiembre de 2019, indicó.

En este contexto, la sociedad venezolana enfrenta la desestructuración institucional y del estado constitucional y democrático. Comunidades, sectores y organizaciones civiles que reclaman derechos, y entienden la necesidad de trascender el conflicto político y lograr cambios que tengan como centro la protección de las personas, se encuentran amenazadas.

Entre los patrones que quebrantan las garantías del derecho internacional de los derechos humanos mencionadas por Reyna destacan: «la criminalización intensificada con negativas de registro o procedimientos penales sobre la presunción infundada de delitos de terrorismo, legitimación de capitales e instigación al odio por defender derechos y prestar asistencia humanitaria”.

Perseguidos por exigir derechos

La persecución y violencia sistemática se ha producido contra activistas, periodistas, medios de comunicación, líderes comunitarios, estudiantes, defensores y defensoras, por protestar e informar sobre las privaciones que tienen las personas. Las restricciones arbitrarias han conducido a serias limitaciones de operación de los programas y servicios humanitarios.

Destacó Reyna que estos patrones han afectado a la sociedad civil venezolana, mencionando específicamente los casos de acoso que sufrieron la Fundación Mavid, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad, y Azul Positivo. En este último caso con la detención de cinco de sus miembros, que si bien fueron excarcelados, no cuentan con libertad plena.

Advirtió el representante de Acción Solidaria y Civilis sobre la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, presentada en el año 2005, y luego en el 2010, sobre la cual en el año 2006 la CIDH expresó su preocupación por algunas disposiciones que podrían generar obstáculos a la «conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales», afectando los derechos de  asociación y libertad de expresión, participación política e igualdad, entre otros. Esta Ley socavaría aún más los derechos de la población a la protección de sus derechos y significaría la pérdida, desvío y uso discriminatorio de los recursos, que ya son extremadamente insuficientes para responder a la escala masiva de la emergencia humanitaria y a los efectos devastadores que está sufriendo la población, agravados ahora por la pandemia.

Los derechos no pueden ser suspendidos

Marino Alvarado, representante de Provea, recalcó que en el contexto de la emergencia de salud agravada por la pandemia, y bajo la lógica que maneja el régimen de facto de que Venezuela es un gran cuartel, se han producido múltiples formas de abuso contra las personas.

La aplicación del decreto de cuarentena en Venezuela se realiza de manera discrecional, sin respetar a los sectores más vulnerables y prioritarios. Además, sin el claro entendimiento de que los derechos no pueden ser suspendidos, ni en situaciones de emergencia como las de la pandemia, agregó Alvarado.

«La ausencia de criterios para garantizar derechos propios de una emergencia humanitaria ha jerarquizado el mantenimiento de el control sobre la población y el orden sobre el territorio, generando diversas vulneraciones a la ciudadanía», añadió.

Se ha priorizado la seguridad por encima de la salud. Estos abusos han afectado al personal de salud, comunicadores sociales, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos, y a «personas que han alzado su voz para exigir derechos», explicó el defensor de derechos humanos.

Se han producido detenciones arbitrarias, obligación de realizar ejercicios en las vías públicas por presuntamente no cumplir con las normas preventivas sanitarias, obligación de trabajos forzados, uso de los medios públicos y redes sociales bajo el control del Estado para promover el odio contra actores sociales y políticos, poniendo en riesgo su integridad física y su vida.

258 detenciones arbitrarias

Durante los primeros diez meses de vigencia del estado de alarma, según datos de Provea y Laboratorio de Paz, fueron detenidas de manera arbitraria 258 personas, sin contar las detenciones por pocas horas de muchas personas por no usar tapabocas. Al analizar por género, de esas 258 personas, 59 casos representan detenciones de mujeres, el 22,8% del total.

También se produjo, durante los primeros meses del estado de alarma, la detención de 29 sindicalistas, la mayoría de ellas en el Distrito Capital. Detenciones que son totalmente contrarias a las recomendaciones que ha hecho la CIDH y la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2021 se han producido otras detenciones arbitrarias, entre ellas la ya mencionada de los cinco activistas de Azul Positivo, así como la del diputado Gilberto Sojo y la del defensor del derecho al agua Jairo Pérez. La persecución y acoso contra grupos denominados críticos y opositores por razones políticas se ha recrudecido en 2021. La Ley del Odio se consolida como un instrumento para criminalizar, controlar e informar sobre personas que hacen denuncias, critican, protestan y exigen derechos. La persecución por motivos políticos en Venezuela sigue siendo sistemática.

De marzo a diciembre de 2020 fueron asesinadas 67 personas en el contexto de protestas por la exigencia de mejoras en los servicios públicos. «En lugar de atender los justos reclamos de la población, se recurre a la represión, con la lamentable pérdida de vidas, y una impunidad que alienta la repetición de tan condenables hechos», concluyó el representante de Provea y Laboratorio de Paz.

Hacia el estado comunal

Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, denunció ante la CIDH el modelo de estado comunal que se desea implantar desde la Asamblea Nacional oficialista en Venezuela. Aunque el mismo fue rechazado, mediante un referendo, por la mayoría de la población cuando el entonces presidente Hugo Chávez lo propuso. Este es un modelo de estado que ya existe en varias leyes nacionales, pero no ha sido completamente implementado.

La actual Asamblea Nacional aprobó un plan legislativo, con 35 leyes que deben ser aprobadas en 2021. Estas leyes no son conocidas, ni han sido discutidas con la población. Entre ellas destacan, además de la Ley de Cooperación Internacional, algunas relacionadas con el estado comunal.

¿Qué es el estado comunal?

El Estado comunal es una forma de estado y de sociedad que acaba, no solo con la sociedad civil organizada, sino en general con el ciudadano, y lo transforma en una especie de órganos que son parte del Estado.

Con la Ley de Ciudades Comunales, ya aprobada en primera discusión, cada ciudad comunal tiene una carta fundacional, o suerte de constitución o pacto social y poderes públicos, como si fueran el poder nacional. De hecho son una réplica del estado con cinco poderes públicos. Se trata de ciudadanos organizados en comunidades, que no son elegidos por voto universal directo, pero que tienen sin embargo potestades y presupuesto público, y a los que se les pueden transferir competencias de municipios, estados, o del propio poder nacional. Pero están sometidas al Poder Ejecutivo, pues su reconocimiento depende de éste. Además, están organizadas para propugnar una sola ideología política, el socialismo. Y los demás poderes del estado deben obedecerle. Estas instancias deben prestarse además servicios públicos y administración de justicia, lo que generará un mayor control social y elimina la función contralora del ciudadano, ya que el mismo forma parte activa del Estado.

Entorno restrictivo

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló en su intervención que el rol de las organizaciones de la sociedad civil venezolana ha sido fundamental en la esfera de los órganos de protección internacional de derechos humanos, «en términos de documentación, denuncia e incidencia ante las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela».

En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil han sido consecuente en la contribución y remisión de información sobre esta crisis de derechos humanos ante los órganos y mecanismos de supervisión de derechos humanos, como los procedimientos especiales de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los derechos humanos, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela y la propia CIDH.

Frente a la labor de incidencia internacional de la sociedad civil, que busca crear estos espacios para dar respuestas efectivas en beneficio de la población venezolana, particularmente tomando en consideración el deterioro del sistema de justicia venezolano que imposibilita a las víctimas buscar la protección y reparación de derechos ante los tribunales nacionales, las organizaciones laboran en un entorno restrictivo de derechos, «marcado por un patrón de criminalización, persecución, represión y campañas de estigmatización y represalias contra la sociedad civil.

Destacó Borges que» el entorno restrictivo en el ejercicio de derechos se extiende a los demás actores que forman parte del espacio cívico y que han sido considerados como disidentes a la política de Estado de quienes hoy detentan el poder. Desde Cepaz, a través de nuestro monitoreo, hemos registrado en apenas los dos primeros meses del año 2021, 127 hechos que constituyen actos de persecución y criminalización que incluyen amenazas, estigmatizaciones, censuras, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares, tratos crueles e inhumanos, entre otros patrones, contra dirigentes políticos, diputados, trabajadores del poder legislativo, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores de la sociedad».

Agregó que los derechos que corresponden el espacio cívico, como los de asociación, reunión, manifestación, opinión, expresión y participación, son sistemáticamente socavados en Venezuela, «restringiendo además el entorno propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de todos los venezolanos y las venezolanas».

Frente a este entorno restrictivo de persecución y criminalización, la Misión de Determinación de hechos identificó la perpetración de delitos de persecución por parte de las autoridades venezolanas, cometidos contra las organizaciones de la sociedad civil y contra los demás actores que componen el espacio cívico. Y que se enmarcan dentro de los crímenes de lesa humanidad, ya que son parte de un ataque generalizado y sistemático. «De ahí la necesidad de reforzar la labor de supervisión de la situación que atraviesa Venezuela por parte de los órganos de protección de derechos».

Solicitudes a la CIDH

Las organizaciones participantes en la audiencia solicitaron a la CIDH que «rechace y exija el fin de la aplicación de patrones de criminalización, persecución y represión cometidos contra la sociedad civil venezolana y demás grupos que conforman el espacio cívico nacional, por parte de las autoridades que controlan los poderes públicos», indicó la directora de Cepaz.

También que «demande a las autoridades nacionales la restitución y garantías de los derechos que permitan la existencia de un entorno propicio, democrático y seguro en el que la sociedad civil pueda desenvolverse libremente». Así mismo que «requiera a las autoridades nacionales condiciones seguras y habilitantes para que la sociedad civil atendiendo a la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, implemente los programas y actividades humanitarias, sin restricciones ni impedimentos indebidos».

Por último, que se «exija a las autoridades nacionales y particularmente a las autoridades que controlan el Poder Legislativo el cese de los avances de nuevas leyes del poder popular que busca la construcción de una sociedad estatizada y por tanto socavan directamente el principio de independencia sobre el cual se sustenta la sociedad civil», finalizó Borges.

Efecto abrasivo

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela han recibido ataques por dos vías, de facto y de jure.

Desde el año 2005 sobre Venezuela se cierne el peligro de la implementación de una Ley de Cooperación Internacional, que limite las actividades de las organizaciones de la sociedad civil independientes. Este es uno de los proyectos calificados como prioritarios en la agenda legislativa, que se traduciría en un «efecto abrasivo» en la organizaciones.

El mismo afectaría a las personas de derecho público y derecho privado, para la posibilidad de recibir fondos y ejecutar proyectos de cooperación internacional de manera independiente.  La regulación de la cooperación internacional, que data del año 1958, no había sido adaptada ni reformulada. «Creemos que su adaptación obedece a un capricho destinado a la limitación del accionar de las organizaciones en Venezuela», indicó Trujillo. Estas son vistas por el Estado como un enemigo político, y no como agrupaciones que coadyuvan en el mantenimiento de los valores democráticos.

La reformulación plantea la posibilidad de un registro obligatorio que permearía de manera negativa el derecho a la libertad de asociación. Y hay temores fundados de que sea creado un fondo de cooperación internacional, al que vayan destinados parte de los fondos que reciban las organizaciones independientes, y cuyo uso estaría determinado por el Estado. Lo que rompería las dinámicas de ayudas del sector humanitario, que ha recibido ataques importantes en el año 2020.

Reforzar el Meseve

Señaló Trujillo que las organizaciones de la sociedad civil solicitan que la CIDH refuerce el Meseve, para que atienda diversos asuntos, y pueda también responder de manera más rápida a los pedimentos de medidas cautelares y que no solamente sean aprobadas aquellas en torno a asuntos de integridad y vida, como es la práctica actual. También la CIDH debería empezar a someter casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al responder sobre cómo se sienten las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, Trujillo fue enfático en afirmar que «nos sentimos profundamente atacados, pero todavía tenemos muchísima capacidad de resistencia. Esta es nuestra tierra. Creemos en principios y valores en el marco del estado de derecho, de un estado democrático, de un estado donde se propugne la igualdad ante la ley y vamos a defender eso en tanto y en cuanto sea posible. Ese es el sentir de la sociedad civil venezolana».

El Poder Judicial venezolano no es independiente

Andrea Santacruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, explicó que un ejemplo de la actuación de los órganos jurisdiccionales en Venezuela fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declarando como inconstitucionales todas las leyes promulgadas por la anterior Asamblea Nacional. Lo que demostró un claro patrón de acción en contra de la Asamblea Nacional de tendencia opositora.

«El Poder Judicial venezolano no es independiente ni imparcial. Por el contrario, es una herramienta de persecución política, que garantiza la impunidad para todos aquellos que se manifiesten a favor de quienes detentan el poder de facto en Venezuela», recalcó Santacruz.

Cierre del espacio cívico

En el contexto venezolano tenemos una emergencia humanitaria compleja, agravada por la pandemia, que es ideal para profundizar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo. Por lo que debe existir un compromiso, no solo de las organizaciones venezolanas, sino de la comunidad internacional de atender lo que está ocurriendo en el país.

En ese contexto, el Estado venezolano ha decidido hacer acciones que cierren el espacio cívico y por eso se ve la profundización del hostigamiento, allanamientos sin órdenes judiciales, o con órdenes sin procesos penales. Por ello, dijo Santacruz, las organizaciones venezolanas «nos sentimos preocupadas, pero profundamente comprometidas con la documentación, denuncia y difusión, porque estamos comprometidas con las víctimas». Y en ocasiones somos su única voz y «eso nos llena de mucha fuerza para seguir actuando».

Testimonios

Katherine Martínez, directora de Prepara Familia, indicó que las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Venezuela están muy preocupadas por el impacto de la amenazas y hostigamientos en la población que atienden, que son los más vulnerables. En el caso de Prepara Familia las niñas, niños y adolescentes hospitalizados y las mujeres cuidadoras. Cuando, debido a estos actos de hostigamiento y amenazas, la organización no puede continuar con el trabajo que lleva a cabo, ni hacer la entrega de la ayuda humanitaria que les corresponde, se les vulneran sus derechos. «A pesar de ello, estamos comprometidos con esta lucha, porque estos niños, niñas y adolescentes son la esperanza de una Venezuela distinta», y necesitan recibir la alimentación, medicamentos e insumos que requieren. Las madres cuidadoras reciben un trato indigno, y por eso la lucha es también por la dignidad, por los derechos humanos, y desde Prepara Familia la continuarán haciendo, junto con las mujeres que de víctimas pasaron a ser activistas.

Organizaciones bajo asedio

Luis Francisco Cabezas, director de Convite, señaló que las organizaciones de la sociedad civil venezolana están bajo asedio. Convite fue objeto de un allanamiento por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), bajo el pretexto de que había armas y explosivos en sus instalaciones, con una orden judicial a la cual nunca tuvieron acceso. Solamente encontraron medicinas y pañales para adultos, de acuerdo a la misión de la organización. Constataron que no había nada de lo que decía la orden de allanamiento. A pesar de lo cual, los representantes de Convite fueron llevados a las instalaciones policiales, sus teléfonos confiscados, al igual que sus equipos de computación y fueron interrogados sin la presencia de sus abogados.

Este proceso plagado de irregularidades ha generado gran temor dentro de la organización. Las personas incluso sienten miedo de seguir trabajando en organizaciones de derechos humanos, de seguir exponiéndose, incluso algunos proveedores «misteriosamente dejaron de ofrecer sus servicios y ayuda a Convite».

Doble miedo

«Atacando a las organizaciones humanitarias se está atacando a la ayuda humanitaria», recalcó Cabezas. Y en especial a quienes la reciben, que son en el caso de Convite las personas mayores, de las más afectadas por la emergencia humanitaria compleja. Hay un doble miedo, como operadores humanitarios a seguir en la calle expuestos a contagiarse de COVID-19, en el país con el peor desempeño de vacunación en el mundo, y el miedo a ser detenidos.

Trabajar de esa manera no es fácil. A eso hay que sumarle una serie de limitaciones para trasladar la ayuda humanitaria de un estado a otro, lidiando con alcabalas, y con una serie de mecanismos de extorsión que buscan limitar y politizar la ayuda. «Pero seguimos trabajando y haciendo lo que tenemos que hacer, porque tenemos un compromiso fundamentalmente con la gente». Las organizaciones no solamente están para defender derechos, sino para brindar asistencia y protección a esas 19 millones de personas en pobreza estructural, destacó.

Ser perseguido

Culminó el presidente de Convite señalando que el mismo día de la audiencia lo entrevistaron y le preguntaron si se consideraba un perseguido. Dudó en responder, y solamente dijo que nunca antes le había pasado por la mente decirle a su hijo de 9 años a qué se dedica y explicarle a su esposa qué debe hacer si lo llegan a detener. Allí comprendió que efectivamente sí es un perseguido. Su hijo estuvo presente en el allanamiento y le tuvo que explicar qué hace y por qué lo hace y fundamentalmente, «que lo hace por su país», finalizó Cabezas.