En un comunicado suscrito por más de 200 personas y organizaciones de la sociedad civil, y dado a conocer en al marco de la Conferencia Internacional sobre Venezuela que se llevará a cabo en Colombia el 25 de abril, se realizó un llamado a que los estados participantes incentiven «escenarios de encuentro entre actores claves y unir esfuerzos en la construcción de una visión común».

Añade el comunicado que estos encuentros deben tener «como base el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y las exigencias de justicia de la población, que permita alcanzar una solución pacífica y democrática frente a la crisis que atraviesa Venezuela».

El comunicado también exhorta a desarrollar una acción multilateral coordinada, que garantice los derechos humanos, la justicia y construya la paz en el país, tomando como punto de partida la reinstitucionalización democrática. Estos esfuerzos deben evitar que las graves violaciones de derechos humanos queden impunes y se incrementen, aumentando el daño causado a la población. «Por esto es crucial que las cancillerías, presidentes y legisladores, y en general la comunidad internacional, adopten un enfoque de derechos humanos en sus esfuerzos por establecer mecanismos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas».

En tal sentido, refiere que las estrategias deben estar ancladas en el monitoreo del cumplimiento de las recomendaciones hechas a través de los informes sobre Venezuela presentados por organismos internacionales de protección, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las organizaciones y personas firmantes exhortaron a los estados a desplegar una acción que permita reconocer y dimensionar la emergencia humanitaria compleja y a profundizar las medidas inmediatas necesarias y efectivas para seguir atendiéndola. Además, trabajar en la construcción de una paz sostenible y duradera en Venezuela que ayude a contener y erradicar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se siguen cometiendo. Así mismo, a exigir la celebración de elecciones libres y auténticas en Venezuela en los procesos pautados para 2024 y 2025.

Por otra parte, reitera el comunicado que «el apoyo de los Estados a la democracia y los derechos humanos, requiere la reanudación de relaciones diplomáticas, para realizar las gestiones necesarias para que se restablezca el pleno funcionamiento consular que permita a los venezolanos en el exterior la materialización de sus derechos, entre ellos la identidad y la participación política».

También es preciso «impulsar que el sistema de justicia lleve a cabo investigaciones independientes y juicios genuinos, expeditos e imparciales contra todas las personas involucradas en las atrocidades cometidas. Así como también, instar a que se implementen las reformas necesarias para la recuperación de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el país». Así como «tomar medidas dirigidas a proteger a la población migrante y refugiada» y «desarrollar un liderazgo internacional y regional comprometido con la reinstitucionalización democrática en Venezuela».

«Apoyamos los esfuerzos para la construcción de una solución pacífica al conflicto en Venezuela, aspiramos que, al tiempo que se apoye el cumplimiento de los acuerdos logrados en los diálogos de México, se mantengan esfuerzos sostenidos con un proceso de reinstitucionalización democrática de Venezuela que sabemos tomará y necesitará tiempo y esfuerzos concertados», cierra el comunicado.

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