La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este 20 de septiembre su cuarto informe, para el cual se investigaron 43 nuevos casos, que han afectado a 72 víctimas directas (47 hombres y 25 mujeres). También se investigaron 9 casos de muertes que podrían entrar dentro de los patrones de represión contra opositores reales o percibidos.

Los casos investigados incluyen 3 muertes relacionadas con protestas, 4 muertes de actores de la sociedad civil y 2 muertes en detención. En al menos 5 de estos casos, las muertes pueden ser consideradas como privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a las autoridades estatales.

El informe consta de dos partes, en las cuales se analizan el aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático; y la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales.

Ataques al espacio cívico

La Misión también señaló que el trabajo de las ONG y de las personas defensoras de derechos humanos se ve obstaculizado por amenazas e intimidaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y funcionarios públicos. Además, reiteró que el sistema de justicia venezolano se ha utilizado para criminalizar a personas críticas u opositoras, en particular periodistas, sindicalistas, personas defensoras de derechos humanos y activistas políticos.

«Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.

También se ha utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos, una práctica que ha sido utilizada con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales. Adicionalmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha aplicado normas y prácticas que han limitado arbitrariamente el establecimiento y el funcionamiento autónomo de los partidos de oposición, debilitando la confianza pública en el sistema electoral.

Sobre los patrones de persecución y criminalización documentados por la Misión, en su más reciente informe se reitera que el Gobierno venezolano ha censurado y restringido repetidamente las actividades de los medios de comunicación; y a pesar de la autocensura, entre 2003 y 2022, casi 300 emisoras de radio del país fueron cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), siendo 2022 el año con mayor número de cierres en las últimas dos décadas. También se está utilizando el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos.

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

«En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros y blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social”, agregó Francisco Cox, experto de la Misión.

La Misión también investigó casos en virtud de los cuales tiene motivos razonables para creer que se utilizó la violencia sexual como forma de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los momentos posteriores a la detención de personas opositoras. En algunos casos, las víctimas fueron amenazadas de violación directa o indirectamente cuando, por ejemplo, les dijeron que iban a enviarlas desnudas a un cuarto con funcionarios hombres.

Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas

En 2020, la Misión identificó a las Fuerzas de Acción Especial (FAES) como una de las estructuras más involucradas en ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones graves de derechos humanos, cometidas en el marco de operativos de seguridad para combatir la criminalidad.

En su último informe oral al Consejo en el mes de marzo, la Misión señaló que tenía indicios de que, a pesar de su anunciada disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022.

Las funciones de la DAET son similares a las de las FAES y actúa del mismo modo. Además, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. “La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, aseveró Valiñas.

Falta de cooperación

A juicio de la Misión, la Defensoría del Pueblo, de manera sistemática y deliberada, ha omitido dar respuesta efectiva a las denuncias de graves violaciones de DDHH presentadas por víctimas y sus familiares, y tampoco ha actuado de oficio ante dichas violaciones. La Misión lamentó la falta de cooperación del Gobierno venezolano.

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