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CARE y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizaron el pasado 30 de julio un encuentro con la prensa para proporcionar información sobre la crisis de Venezuela, así como el impacto que ha tenido la COVID-19 en los retornados venezolanos.

Contexto

Cerca de 90.000 personas venezolanas que se encontraban en Colombia han decidido regresar al país desde el inicio de la pandemia en marzo. Han enfrentado múltiples dificultades para el retorno a Venezuela, emprendiendo en muchos casos una larga y complicada caminata, encontrándose con que los refugios que proporcionaban ayuda en el camino están cerrados. Muchos de los retornados no cuentan con los equipos necesarios para su protección durante el viaje.

Al llegar a su destino, las autoridades venezolanas comenzaron a señalarlos de ser los responsables de los contagios de COVID-19. Incluso cerraron la frontera colombo-venezolana para impedir su ingreso, lo que los ha llevado a transitar por las denominadas trochas, pasos peligrosos en donde muchos han sido víctimas de bandas delictivas. Más recientemente, el gobierno de Nicolás Maduro los tildó de armas biológicas, propiciando la discriminación contra los retornados venezolanos.

En el encuentro con la prensa estuvieron presentes Tatiana Bertolucci, directora regional para América Latina y el Caribe de CARE y Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz.

Desafíos en el tránsito y el destino

Las crisis, tanto política como económica en Venezuela han causado hiperinflación, severas fallas en los servicios públicos y un marcado aumento en los niveles de pobreza, inseguridad alimentaria, violencia de género y otras formas de violencia desde el año 2016.  Como resultado, se ha producido un desplazamiento masivo tanto interno, como a otros países en la región, causando una de las crisis de movilidad humana más importantes de todo el mundo, explicó Bertolucci.

Según la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para el 5 de mayo de 2020 había casi 5.2 millones de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en el mundo. La mayoría de estas personas permanecen en la región. Más de 2.6 millones se encuentran en Colombia y Perú y salieron de su país como consecuencia de la severa crisis humanitaria.

Recalcó la directora regional para América Latina y el Caribe de CARE, que las personas venezolanas enfrentan desafíos importantes para satisfacer sus necesidades básicas mientras están en tránsito o al llegar a los países de acogida. Tienen que lidiar con altos niveles de violencia, incluida violencia de género y con los peligros de la trata, así como con una xenofobia generalizada, unida a la falta de acceso a servicios básicos, a protección y a la negación de sus derechos humanos básicos.

La trata, para explotación laboral y sexual, y otras formas de violencia de género, son particularmente graves en el caso de niñas  y niños en proceso de movilidad que no están acompañados, así como para las mujeres que viajan solas con niñas y niños.

Migrantes y refugiados a menudo también enfrentan barreras para conseguir oportunidades que les garanticen los medios de vida para mantenerse en los países de acogida. Se observa un crecimiento de la economía sexual transaccional. Los discursos y ataques xenófobos también son comunes.

Las restricciones de movilización a causa de la COVID-19 y el aumento de los costos de los servicios y productos en los países de acogida ha dado como resultado que migrantes y refugiados no puedan pagar los alquileres, alimentos y otras necesidades básicas, aseveró Bertolucci.

De abril a mayo del presente año se observó un aumento de los desalojos de personas venezolanas en los países de acogida, lo que las ha llevado en algunos casos a la indigencia porque no pueden cubrir sus necesidades básicas, como vivienda, alimentos, higiene y atención médica, y en consecuencia tampoco pueden cumplir con las medidas de protección para evitar el contagio, como el distanciamiento social. Por lo cual aumentaron los retornos espontáneos a Venezuela, la xenofobia y los niveles de violencia en su contra. Incluso, gobiernos como los de Ecuador y Colombia han promovido el regreso a Venezuela, aún en condiciones vulnerables.

Dimensiones de género

En el análisis rápido de género elaborado por CARE con la contribución de las organizaciones de la sociedad civil venezolanas Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Oportunidad y Uniandes, se encontró que el 46% de los encuestados en Venezuela había recibido algún tipo de atención médica en el año anterior. De este grupo, solamente el 55% estaba contento con la atención que recibieron. Entre otros motivos de insatisfacción mencionaron la falta de medicamentos, suministros para exámenes médicos, infraestructura deteriorada o la necesidad de ir a diversos centros de salud para ser atendidas o encontrar tratamiento, producto de la crisis del sistema de salud en el país.

COVID-19

En el caso de los migrantes y refugiados, la xenofobia antes de la pandemia y las barreras para acceder a los servicios médicos, incluyendo el costo en los países de acogida, aumenta el riesgo de que no puedan tener un tratamiento adecuado cuando lo necesiten.

En Ecuador, el 69% de las mujeres, el 75% de las personas LGBTIQ + y el 45% de los hombres encuestados señalaron que necesitaban atención médica. Entre aquellos quienes necesitaban atención, el 88% de las mujeres, el 66% de las personas LGBTIQ + y el 80% de los hombres no recibieron la que necesitaban.

En Perú, el 47% de las mujeres buscaron atención médica en el último año, en comparación con el 31,6% de los hombres. De los que buscaron atención, el 92% de las mujeres lograron acceder a los servicios que necesitaban en comparación con el 87% de los hombres.

Barreras

Entre las barreras de acceso a servicios de salud se encontraron: la falta de dinero para cubrir los costos o comprar los medicamentos, la discriminación (incluso por parte del personal de atención médica) la falta de documentación y la falta de información sobre cómo acceder a los servicios médicos.

Incluso los hombres en Ecuador informaron haber optado por no buscar atención médica para evitar el comportamiento xenófobo por parte de los proveedores de servicios; y En Perú las mujeres informaron desafíos relacionados con el horario de atención de los servicios de salud; pues las mujeres se ven obligadas a trabajar hasta 14 horas al día, mientras que los servicios de salud solo están abiertos durante las mismas horas laborales. La situación se complica por la carga de tareas domésticas y de cuidado.

Salud sexual y reproductiva en crisis

Los servicios de planificación familiar no han estado disponibles desde el comienzo de la pandemia y adicionalmente el costo de los anticonceptivos aumentó 25 veces. Hay una escasez severa de la mayoría de los métodos anticonceptivos, e incluso en algunos casos el único método disponible es la esterilización quirúrgica para mujeres. Lo que limita las opciones de planificación familiar y ha llevado a un aumento de los embarazos no planificados y no deseados.

Las tasas de mortalidad materna han aumentado desde 2015. Para muchas mujeres venezolanas, la falta de atención médica ha sido parte de su motivación para migrar a otros países.

Persecución a los retornados

La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, señaló que desde el inicio de la pandemia se ha incrementado la  persecución contra las personas venezolanas que deciden regresar al país. Son incluso detenidas y etiquetadas como armas biológicas, acusándolas de ser las responsables del aumento de las cifras de contagio de COVID-19.

El cierre de fronteras dejó a muchos retornados en condiciones de hacinamiento en lugares donde se dificulta cumplir con las medidas de distanciamiento social, por lo que se ven obligados a cruzar por pasos ilegales, con los riesgos que ello conlleva.

Al regreso, se les recluye en instalaciones sin las debidas condiciones, incluso sin servicios tan básicos como el agua y no se les provee de atención sanitaria. Duermen en colchones en el piso, no reciben alimentos, y sus derechos son vulnerados.

Falta de cifras dificulta hacer frente a la pandemia

Indicó Borges que también se ha agudizado la aplicación de patrones de persecución contra quienes señalan la falta de capacidad de las autoridades para hacer frente a la pandemia. Defensores y defensoras de derechos humanos, médicos, periodistas, opositores políticos, han sido perseguidos, hostigados y amenazados por exigir mejores condiciones para la atención de pacientes, como lo refleja el más reciente informe de Cepaz.

La crisis de los centros de salud en Venezuela se ha hecho más profunda con la pandemia de COVID. El 78% de los hospitales carece de jabón y gel desinfectante para manos; el 61% de mascarillas; 48% de guantes.  La falta de acceso al combustible para los vehículos (86%) complica la asistencia del personal de salud a los centros hospitalarios, como detalla el mismo informe de Cepaz.

La respuesta a la pandemia se dificulta por la falta de información precisa sobre las cifras de contagiados y fallecidos. La opacidad de la información oficial es habitual en Venezuela.

Violencia de género

El análisis rápido de género reflejó que el 31% de todas las personas encuestadas en Venezuela informaron que conocían a alguien que había experimentado algún tipo de violencia en el último año, siendo una de las principales preocupaciones en medio de la crisis. Las mujeres embarazadas informaron incluso no sentirse seguras en sus propios hogares, pues temen que los agentes estatales toquen a sus puertas.

Los adolescentes manifestaron inquietud por aspectos tales como la escolaridad limitada, el ingreso al mercado laboral informal, las necesidades insatisfechas de salud sexual y reproductiva, las altas tasas de embarazo y la violencia de género, entre otros.

Quienes deciden salir de Venezuela huyendo de la crisis hacia Colombia, Ecuador y Perú experimentan violencia en el camino o en los países de acogida. Incluyendo ataques xenófobos, robos, agresiones físicas, violencia psicológica, violencia sexual y extorsión.

Las mujeres reportaron altos niveles de violencia sexual. Migrantes y refugiados venezolanos que viajaban por estas zonas enfrentan mayores riesgos de protección, incluida la trata de personas y diversas formas de violencia de género, como la explotación sexual y la esclavitud. Las mujeres y las niñas son las principales víctimas de tales formas de violencia.

Ya en el destino, las personas venezolanas no cuentan con redes mínimas de información y apoyo, y a menudo tampoco tienen recursos financieros ni las visas apropiadas. Autoridades utilizan su posición de poder sobre los migrantes en los cruces fronterizos para obtener dinero. Son irrespetuosos y no ofrecen apoyo, ignorando a aquellos que necesitan protección, incluidos niños y adolescentes no acompañados. El maltrato debido a la nacionalidad es general en toda la región.

Violencia normalizada y en aumento

Por otra parte, la violencia de género continúa siendo ampliamente normalizada y justificada, generando mayor riesgo para migrantes y refugiadas en particular.

En Venezuela, la violencia sexual está estandarizada como una forma de pago para realizar el cruce fronterizo por rutas informales. En Ecuador, la mayoría de las mujeres que ingresaron al país por rutas irregulares han sufrido agresión sexual y otras formas de violencia de género.

Los hombres colombianos ofrecieron refugio a las mujeres en Colombia, a veces con sus hijos pequeños, y por lo tanto se vieron envueltas en situaciones de servidumbre doméstica, incluida la esclavitud sexual. Mujeres venezolanas en busca de empleo informaron haber sido objeto de acoso u ofertas de trabajo con la expectativa de favores sexuales, y las mujeres que trabajan en bares y salones de masajes son tratadas como objetos sexuales. Las redes de tráfico a menudo se disfrazan de oportunidades de empleo a lo largo de la ruta de migración.

Según los encuestados, los funcionarios a menudo ignoran los reclamos de refugiados y migrantes, o son ellos mismos la fuente de acoso o violencia. Muchos de los que sufren violencia no lo denuncian a las autoridades por temor a las represalias, al arresto y a la deportación.

El desconocimiento de los servicios de atención para víctimas de violencia es generalizado. Además, los encuestados informaron que las barreras de acceso incluyen, además del desconocimiento, el miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema.

Recalcó Borges que las restricciones de movilidad han llevado a un aumento en todas las formas de violencia y riesgos de protección en toda la región, lo que sumado a las desigualdades de género preexistentes, ha traído como consecuencia una mayor exposición a la violencia sexual, el sexo de supervivencia y la violencia doméstica.

Consulte el Análisis rápido de género sobre la crisis de refugiados y migrantes en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela aquí