Para nadie es un secreto que la convocatoria a las elecciones las regionales ha estado signada por una serie de irregularidades desde un primer momento, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, anunció que los comicios se efectuarían a finales del primer semestre de 2017. Dicho anuncio se produce dos días antes de la suspensión “hasta nuevo aviso” del proceso de referendo revocatorio presidencial.

Esto, lejos de interpretarse como la convocatoria formal de los comicios, se tradujo como otro intento de aplacar las reacciones que generaría la suspensión del referendo revocatorio, proceso marcado por una serie de obstáculos desde su solicitud en febrero 2016 hasta octubre del mismo año, cuando se suspende.

Tras acumular más de ocho meses de retraso, y de quedar relegadas a un segundo plano por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Poder Electoral inicia finalmente los trámites para las elecciones regionales, comicios en los que se elegirán únicamente gobernadores este 15 de octubre, dando continuidad a la línea de irregularidades que rompe con la institucionalidad democrática del país. Entre ellas destacan:

• Postulaciones rápidas sin cronograma establecido

Una vez más el Poder Electoral en su actuación contraria a la Constitución y las leyes, se adelantó unos pasos y llamó a los partidos políticos a postular candidatos entre el 8 y 9 de agosto, sin antes difundir el cronograma electoral en un acto público, siendo violatorio a lo estipulado en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual establece que el día en que se hace la convocatoria y se fija la fecha de los comicios, debe publicarse el calendario con todas las actividades previas y posteriores al elección.

• Proceso de validación de partidos

El sistema político venezolano está constituido por 64 partidos políticos, de los cuales solo lo 22 están habilitados para postular candidatos en estas elecciones, dejando por fuera 42 partidos que no alcanzaron los requisitos exigidos.

Esta situación es producto del notable retraso que ha tenido el CNE en todo lo atinente al proceso de renovación de los partidos políticos, destacándose que el último en realizarse data del año 2011 y, según la normativa, esta reforma debería haberse producido en diciembre 2015, tras la elección parlamentaria del 6 de diciembre. Sin embargo, es en 2017 que el interrumpido proceso de renovación de partidos logra realizarse.

• Limitación de postulación

Cuando el CNE se pronuncia acerca las postulaciones de candidatos por parte de los partidos políticos, informa  sobre la prohibición que pesa sobre la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para inscribir candidatos en siete estados del país: Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia.

Dicha prohibición se produce bajo el argumento del cumplimiento con las decisiones acordadas por juzgados de esos estados, arraigado con la anulación de la recolección del 1% de las firmas el 20 de octubre de 2016 del proceso de referéndum revocatorio. Cabe destacar, que el acatamiento por parte del CNE a estos tribunales penales de primera instancia regional, constituye una falta más al ordenamiento jurídico interno, ya que estos órganos judiciales no poseen competencia en materia electoral, pues de acuerdo a la Constitución esta es competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

• Más inhabilitaciones políticas

Una vez más, la figura de las inhabilitaciones políticas viene a jugar un papel clave ante la cercanía de los procesos electorales, pasando a ser una clara estrategia del Gobierno nacional para excluir por vías administrativas a su competencia. Este procedimiento fue iniciado en 2008, cuando el Contralor General de la República se presentó ante el CNE con un listado de 272 nombres de políticos inhabilitados para el ejercicio de la función pública, con lapsos que van entre uno y 10 años.

Ahora llegadas las elecciones regionales, varios dirigentes políticos de oposición no podrán postularse aunque así lo quisieran, pues recane sobre ellos inhabilitaciones administrativas dictadas por la Contraloría General de la República. Entre los más recientes inhabilitados que pudieron haber optado por el cargo, se ubican el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski; la diputada por el circuito 4 del estado Miranda, Adriana D’Elia; el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, y los exgobernadores del estado Zulia, Manuel Rosales y Pablo Pérez.

También se encuentran inhabilitado los alcaldes Ramón Muchacho del municipio Chacao, Enzo Scarano de San Diego, Alfredo Ramos en Iribarren y Gustavo Marcano por Lechería.