Durante el mes de enero desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 56 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

En este periodo ocurrieron 9 actos de criminalización contra periodistas y medios de comunicación; 5 actos de criminalización contra ciudadanos; 31 actos de persecución contra personas vinculadas con la política; 5 actos de criminalización contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos; 5 actos contra organizaciones gremiales; y uno contra una universidad.

Persecución en el contexto electoral

En el contexto de un año electoral en Venezuela, comenzamos a observar un incremento de los actos de persecución y represión, particularmente contra las personas y organizaciones que se encuentran vinculadas con la política, cercando así la posibilidad de una elección justa, libre y transparente.

Durante el primer mes del año 2024 prosiguieron los cierres de emisoras de radio y la censura contra periodistas, a quienes se les impide constantemente su labor. Además, las amenazas contra las organizaciones no gubernamentales continuaron, especialmente en torno a la promulgación de la ley de regularización y financiamiento de las ONG.

El gobierno de Nicolás Maduro activó nuevamente el plan Furia Bolivariana, un mecanismo de represión, control y persecución, utilizado en el pasado, y que abarca distintos patrones. Entre ellos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias e intimidaciones.

Bajo la arremetida del “plan Furia Bolivariana” al menos cinco personas vinculadas con el partido político Vente Venezuela fueron víctimas de desapariciones forzadas con detenciones arbitrarias. Además, un grupo de transportistas fue detenido por prestar servicios a este partido político, y más de 20 organizaciones políticas, sociales, profesionales y defensoras de derechos humanos fueron amenazadas con el marcaje de sus fachadas.

Aún más, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la imposibilidad de postularse para cargos públicos a la candidata electa en las primarias, María Corina Machado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó esta inhabilitación y aquellas que aún se mantienen vigentes, destacando que “al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Adicionalmente, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024”.

Actos contra periodistas y medios de comunicación

El 5 de enero funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), junto con un miembro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron la emisora Anaru 99.5 FM que operaba en la ciudad de Guasdualito. Posteriormente, el 10 de enero, las emisoras de Portuguesa Órbita 99.7 FM de Guanare y Galáctica 100.7 FM de Biscucuy, en Portuguesa, fueron cerradas.

También el 10 de enero Diosdado Cabello, a través del programa «Con el Mazo Dando», arremetió contra un grupo de periodistas y los acusó de «tarifados». El 23 de enero las instalaciones de Radio Hispana 89.5 FM en San Felipe, estado Yaracuy, amanecieron vandalizadas por la acción de grupos desconocidos que rayaron sus paredes con la frase «Furia Bolivariana».

Luis López, periodista del medio regional La Verdad de Vargas, denunció que el 24 de enero funcionarios policiales estuvieron rondando en las adyacencias de su casa. El 27 de enero trabajadores de Palpitar Trujillano tuvieron que desalojar la sede del medio por presiones y amenazas del gobierno regional.

Funcionarios de seguridad del Estado obligaron al reportero gráfico Neptalí Querales a borrar el material que grabó durante la detención del sindicalista de Fenatev, Victor Venegas, ocurrida el 17 de enero. El 22 de enero el fiscal general Tarek William Saab anunció la una orden de captura en contra de la periodista de fuente militar, Sebastiana Barráez, quien es acusada de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra el Presidente de la República, homicidio intencional calificado en grado de tentativa contra el gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

Actos de criminalización contra ciudadanos

El 22 de enero, el fiscal general Tarek William Saab anunció una serie de órdenes de captura en contra de varias personas, entre ellas Wender Villalobos (youtuber), Norbey Marín (youtuber), Mario Carratú Molina (militar retirado) y José Antonio Colina (militar retirado). Todos son investigados por estar relacionados con la denominada Operación Brazalete Blanco. El 23 de enero un grupo de unidades de transporte público donde se trasladaron simpatizantes de María Corina Machado fue retenido por la Policía Nacional.

Actos de persecución contra personas vinculadas con la política

Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), y también activista del partido de María Corina Machado, fue detenido el 17 de enero. El 23 de enero funcionarios de seguridad del Estado detuvieron a Luis Camacaro, Tomás Sequera, Juan Freites y Guillermo López, todos miembros del partido Vente Venezuela.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, impartió la orden de identificar y ubicar a los diputados que votaron por la continuidad del Parlamento opositor de 2015 durante la sesión de instalación del 5 de enero y determinar si los partidos políticos a los cuales pertenecen avalaron lo que, recalcó, es un “delito”.

El 12 de enero César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, denunció que fue agredido por hombres armados ligados al partido de Gobierno. El 23 de enero la fachada del partido político Convergencia en Yaracuy fue vandalizada con la frase “Furia Bolivariana”.

En esta misma fecha ocurrieron los siguientes hechos: la fachada de la sede del Partido Acción Democrática en Mérida fue vandalizada con la frase “Furia Bolivariana”. Fue vandalizada con la misma frase la sede del Partido Un Nuevo Tiempo, UNT, en Maturín, estado Monagas. La sede regional del partido político Primero Justicia en Puerto Ordaz, estado Bolívar, amaneció vandalizada con la misma frase. Así como 10 sedes donde funcionan los comandos de campaña del partido Vente Venezuela en Caracas, Anzoátegui, Monagas, Mérida, Aragua, Falcón, Vargas, Bolívar, Táchira y Yaracuy.

También el 23 de enero, Nicolás Maduro, en su programa semanal «Con Maduro +», arremetió contra los políticos opositores: Antonio Ledezma, Juan Guaidó, Juan Pablo y Tomás Guanipa, con insultos y acusaciones de estar vinculados a supuestas conspiraciones, de las que no mostró pruebas.

Hasta el 25 de enero al menos tres integrantes del partido político Vente Venezuela denunciaron ser víctimas de amenazas y persecuciones. Emill Brandt, coordinador de la tolda en esa entidad y director del comando de campaña, fue víctima de amenazas. Douglas Rodríguez, coordinador y director del comando de campaña en Yaracuy, casi fue detenido por cinco sujetos armados. Y Gustavo Ruiz, director del comando en Zulia, denunció que está siendo víctima de persecución por personas que se trasladan en vehículos sin placas.

El 25 de enero los jefes de campaña del partido Vente Venezuela, Luis Camacaro y Juan Freites, fueron presentados ante tribunales en el Palacio de Justicia de Caracas. No contaron con la presencia de sus abogados, sino con defensores públicos impuestos.

Ratificación de inhabilitaciones

La Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró el 26 de enero improcedente la demanda introducida por María Corina Machado en la que reclamaba por vías de hechos su inhabilitación. Lo mismo ocurrió en el caso de Henrique Capriles Radonski, sobre quien el TSJ ratificó la imposibilidad de postularse para cargos públicos por 15 años.

Ataques a ONG y personas defensoras de DDHH

Diosdado Cabello, en el programa «Con el Mazo Dando» arremetió el 11 de enero contra las organizaciones no gubernamentales. En el programa, Cabello leyó una carta desde Madrid de una persona llamada el patriota VIP, la cual decía: “Las principales ONG de Venezuela, controladas por la oposición, están acelerando el paso para introducir los llamados proyectos por la democracia. El objetivo es recibir fondos de las agencias norteamericanas (USAID, NDI, IRI) para continuar conspirando contra el país y financiar las protestas que tienen previstas este 2024″.

El 17 de enero durante la detención del sindicalista Víctor Venegas, funcionarios policiales le arrebataron el celular y amenazaron con dispararle al presidente de la organización Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundahullan), Roland García. El 23 de enero la organización no gubernamental Fundaredes denunció que la fachada de su sede en el estado Táchira fue vandalizada con la frase “Furia Bolivariana” El 24 de enero Diosdado Cabello afirmó en su programa de televisión, que “las ONG tienen su razón de ser, pero en Venezuela, eso que se llama ONG, o algunas de esas que llaman ONG, en verdad son fachadas para conspirar, fachadas para lavar dinero, legitimación de capitales; entonces nosotros lo que vamos a hacer es una ley para regular el funcionamiento, el registro, financiamiento de las organizaciones no gubernamentales».

Tarek William Saab anunció el 22 de enero una orden de captura en contra Tamara Sujú, abogada y defensora de derechos humanos, investigada por estar supuestamente relacionada con la denominada Operación Brazalete Blanco.

Ataques a organizaciones gremiales y universidades

El 23 de enero se produjeron los siguientes hechos: la fachada de la sede de Sinprodo (Sindicato Nacional de Profesionales de la Docencia), fue vandalizada con la frase “La Furia Bolivariana te sigue, Mario Bellarín (presidente del Colegio de profesores) vamos por ti”. Lo mismo ocurrió con la fachada de la oficina del Colegio Nacional de Periodistas, en Táchira; la fachada del Colegio de Ingenieros en San Cristóbal, estado Táchira; las sedes regionales del Colegio de Ingenieros en Puerto Ordaz, estado Bolívar; y la fachada del Colegio de Ingenieros en San Cristóbal, estado Táchira. Así como con una de las entradas de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) rechazamos estas acciones de persecución y criminalización, incluyendo aquellas que atentan contra el ejercicio de los derechos políticos y que entorpecen el camino hacia unas elecciones libres, auténticas y democráticas.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Enero 2024