Diciembre culmina como uno de los meses del año 2023 con más casos de persecución y criminalización. En total, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pudimos documentar al menos 40 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.  Estos actos afectaron a trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones no gubernamentales y la población en general.

En el monitoreo y análisis de estos 40 casos identificamos las siguientes acciones: cuatro detenciones arbitrarias, 14 impedimentos de registrar hechos noticiosos, seis actos de hostigamiento y amenazas, dos procesos judiciales irregulares, 13 órdenes de aprehensión, una anulación de pasaportes.

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización identificamos: 18 contra personas vinculadas con la política, 17 actos contra trabajadores de la comunicación, tres contra la población y dos contra organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos.

Periodistas y medios perseguidos

El periodista Eugenio Martínez, un profesional que se ha destacado por su amplio conocimiento en materia electoral,  emitió su opinión sobre el proceso consultivo sobre el territorio Esequibo. Las publicaciones en las redes sociales del periodista le valieron una denuncia ante el Ministerio Público por “atentar contra la democracia y el Poder Electoral”. La denuncia fue interpuesta por Luis Ratti, político que se define como independiente.

Por su parte, el corresponsal del Diario Los Andes en el estado Trujillo, Eduardo Villoria, fue trasladado a un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) por parte del Plan República mientras realizaba una cobertura periodística en el referendo consultivo del 3 de diciembre. El traslado del periodista hasta la sede policial se configura como una detención arbitraria, además también fue impedido de ejercer su labor periodista y registrar lo que acontecía en el evento electoral.

Adicionalmente la audiencia de apertura para reiniciar el juicio del periodista y activista de Voluntad Popular, Ronald Carreño, fue diferida por cuarta vez por incomparecencia de la Fiscalía. Es importante destacar que aunque en el mes de octubre Carreño fue excarcelado, su proceso judicial continua en marcha.

Los periodistas David Marcano, Ricardo Tarazona, y un comunicador que no pudo ser identificado, y los medios Globovisión, Televen, VTV, Venevisión, Qué Pasa en Venezuela, Unión Radio, Notitarde y Mango Noticias fueron impedidos de registrar lo que ocurría en los distintos centros electorales el día del referendo consultivo.

Por otra parte, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) impidieron la cobertura periodística de un derrame petrolero en la refinería El Palito, ubicada en Puerto Cabello, estado Carabobo. Además le ordenaron al menos a tres periodistas que se encontraban en el lugar borrar el material registrado.

Actos contra ciudadanos

Durante el mes de diciembre fueron detenidas al menos dos personas por exigir públicamente derechos labores, salarios y condiciones de vida dignas. El dirigente sindical, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Yovanni Yaguaracuto, tenía meses denunciando el mal funcionamiento de los hospitales del estado Anzoátegui y la muerte de más de 60 neonatos en el Luis Razetti de Barcelona. Sus denuncias lo llevaron a ser detenido por el Servicio de Investigación Penal (SIP) del estado Anzoátegui.

Entre tanto, el teniente coronel, Alfredo Lizcano, perteneciente al Cuerpo de Bomberos del estado Miranda, fue detenido luego de que difundiera un video en el que reclamó derechos labores y condiciones de trabajo dignas, y, aunque en el el mismo día fue liberado, la privación de la libertad se concretó, así como la violación a su libertad de expresarse, opinar y protestar.

El empresario Nelson Mezerhane fue denunciado ante el Ministerio Público por Luis Ratti, luego que el empresario emitiera su opinión sobre lo que fue la celebración del referendo consultivo en relación a la disputa del territorio Esequibo.

Ataques a personas vinculadas con la política

El fiscal general Tarek William Saab, anunció la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de 13 dirigentes opositores por supuestos delitos de “traición a la patria”. Las órdenes de aprehensión fueron dirigidas contra el coordinador de Vente Venezuela, Henry Alvarez; contra la coordinadora de comunicaciones Claudia Macero; y contra el coordinador internacional, Pedro Urruchurtu. También contra el presidente de Súmate, Roberto Abdul, contra Yon Goicoechea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo y Leopoldo López. A ellos también se suman órdenes de aprehensión contra los exministros chavistas Andrés Izarra y Rafael Ramírez. Todos ellos acusados de los delitos de traición a la patria, conspiración con una potencia extranjera para lesionar al Estado, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Durante el mes de diciembre el dirigente político Henrique Capriles, fue denunciado ante el Ministerio Público por Luis Ratti, luego de que emitiera su opinión sobre lo que fue la celebración del referendo consultivo en relación a la disputa del territorio Esequibo.

Ratti también anunció a través de un video la intervención del partido político Vente Venezuela, afirmando que la base de dicha organización quiere renovar su liderazgo y que desconocen a María Corina Machado como candidata presidencial, por tanto iniciaría la juramentación de una nueva directiva de lo que ha llamado la nueva Vente Venezuela.

Por su parte, Diosdado Cabello, en el programa Con el Mazo Dando, arremetió contra el partido político Voluntad Popular, vinculando a la organización y a su equipo con actos de violencia. En el programa Cabello leyó una carta en la que le advertían que debía “meterle la lupa a la gente de Voluntad Popular” luego de las fiestas decembrinas, a lo que Cabello contestó “después por qué, eso puede ser antes.

Además fue detenido el presidente de la asociación Súmate y miembro de la Comisión Nacional de Primaria, Roberto Abdul. Es importante destacar que su detención implicó una desaparición forzada previa y de corta duración. La Fiscalía acusó a Abdul de estar vinculado con una supuesta conspiración nacional e internacional que involucra a la petrolera estadounidense ExxoMobil contra el referendo consultivo sobre el Esequibo.

También durante el mes de diciembre fueron anulados sin motivos legales los pasaportes de miembros del equipo de trabajo de la dirigente de Vente Venezuela y candidata presidencial por parte de la oposición, María Corina Machado. La anulación de pasaportes ha sido un mecanismo de persecución utilizado desde el pasado que busca impedir la movilidad de los dirigentes políticos y los equipos de trabajo.

Ataques a ONG

El director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, nuevamente fue víctima de retardo procesal. Se encuentra detenido desde hace más de 900 días y su juicio oral y público continúa siendo aplazado.

Finalmente, a través del programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello arremetió contra las organizaciones no gubernamentales vinculándolas con el delito de lavado de dinero y amenazando con el inicio de la consulta pública nacional para la aprobación de la ley que controla el financiamiento y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Diciembre 2023