Declaración de Feliciano Reyna Ganteaume, como parte de la comunidad de ONG de derechos humanos venezolanas, consignada en el Diálogo Interactivo de la 41ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos para la presentación del Informe de ACNUDH sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela

Ginebra, 5 de julio de 2019

Señor Presidente, Alta Comisionada Bachelet, gracias por invitarme a este diálogo interactivo, como defensor de derechos humanos que vive y trabaja en Venezuela y parte de una comunidad de más de 200 organizaciones de derechos humanos, autónomas e independientes, que por años hemos resistido las políticas de restricción, intimidación y represalias contra defensores, periodistas, sindicalistas, profesionales y activistas.

Valoramos altamente el informe presentado por la Alta Comisionada y su compromiso con el mandato de velar por millones de personas en Venezuela, cuyas vidas, seguridad, libertades y subsistencia están severamente afectadas por una crisis sin precedentes, y solo cuentan con las instituciones internacionales para obtener la protección y la justicia que no consiguen en el país, advirtiendo sobre la necesidad de resolver sus raíces políticas. Extendemos este reconocimiento al personal de su Oficina que ha supervisado y documentado con rigor y extensamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Durante años, la sociedad civil venezolana ha hecho un titánico esfuerzo para vencer el autoritarismo, la coerción y la desinformación para dar a conocer internacionalmente la realidad de las violaciones a los derechos humanos que sufre la población. Por más de una década, el gobierno no rindió cuenta a órganos de Naciones Unidas, denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, no cumplió las sentencias de la Corte Interamericana, ni autorizó las solicitudes de visitas de mandatos independientes y de la Comisión Interamericana.

Desde 2013, 6 órganos de tratados, 10 procedimientos especiales, la Oficina de ACNUDH, la CIDH y más de 100 Estados que intervinieron en el último Examen Periódico Universal de Venezuela, emitieron más de 1.000 recomendaciones, que el gobierno ignoró, para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos, entre ellas una feroz represión feroz contra la disidencia. A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una Emergencia Humanitaria Compleja, cuya existencia aún niega el gobierno del Sr. Nicolás Maduro y sobre la que también guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno.

Es compleja porque tiene origen en factores políticos que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población. Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la mayoría de la población está sometida a una situación de arbitrariedad e inseguridad como producto de una violación sistémica de derechos humanos por abusos, privación deliberada y violencia. Y es humanitaria porque, al caer las estructuras, colapsaron las capacidades internas para garantizar las más mínimas condiciones de vida, creando una escala masiva de necesidades humanitarias, que estimamos afecta a más de 10 millones de personas dentro del país, y la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina con más de 4 millones de personas, a las que podrían sumarse 2 millones más en corto plazo.

En fin, la emergencia humanitaria deriva, en gran medida, de políticas y prácticas de las autoridades venezolanas que han escondido datos epidemiológicos sobre la crisis de salud y datos sobre desnutrición, y han también hostigado y hasta detenido a quienes exponen la realidad en el país, incluyendo profesionales de la salud.

Señor Presidente,

El desmantelamiento del Estado de Derecho y la descomposición general del Estado se manifiestan en un sufrimiento humano generalizado, exacerbados índices de violencia social y el control de extensas zonas urbanas y rurales por parte de grupos irregulares, así como en políticas estatales de cierre a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, represión y persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales para castigar, desplazar o callar a quienes ejercen sus derechos, incluyendo a la oposición y la disidencia políticas, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, perseguidos o en el exilio.

En Venezuela no existen instituciones independientes en pie que puedan actuar como un freno a los abusos del poder ejecutivo, a excepción de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado políticamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces y fiscales son en su mayoría funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre nombramiento y remoción, sin causa ni apelación. Ello ha configurado un sistema de justicia que permite la impunidad tanto de delitos comunes como de violaciones a los derechos humanos y que persigue y encarcela a la disidencia.

La extrema pobreza y las privaciones masivas en alimentación, salud, educación, agua potable, electricidad y transporte afectan a mujeres, bebés, niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas con condiciones de salud crónicas, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. Sus efectos más graves son la desnutrición de niños, que incluso a los 6 meses ya pesan menos que al nacer, y de mujeres gestantes y lactantes; el agotamiento de medicinas y la pérdida de gran parte de los servicios de salud públicos; la ausencia forzada de niños, adolescentes y jóvenes del sistema educativo; y la huida de miles de personas diariamente para preservar sus vidas, expuestas luego a ser víctimas de trata y tráfico humano.

Esta crisis de derechos humanos tiene también sus raíces en la gran corrupción, que afecta todos los ámbitos en Venezuela. Entre 1999 y 2018, los ingresos por exportaciones petroleras generaron más de 940 billones de dólares; sin embargo, la caída sostenida del producto interno bruto nos ha llevado a niveles de hace 70 años, cuando en Venezuela había un quinto de la población actual, y a una hiperinflación implacable que compromete la propia subsistencia. Por ello, sanciones internacionales que no sean individuales sino contra sectores de una economía en tal grado de colapso, podrían exacerbar los efectos de la emergencia sobre la población, sobre todo la más vulnerable.

Desde 2013 hasta hoy la represión ha sido violenta; incidentes recurrentes de arremetida contra opositores y críticos han dejado un saldo de miles de detenidos y heridos, cientos de civiles procesados por tribunales militares y muchísimos casos de abusos contra detenidos que incluyeron torturas como descargas eléctricas, violaciones sexuales y golpizas brutales. Estos abusos, reflejados por la Oficina de la Alta Comisionada, son parte de una práctica sistemática por las fuerzas de seguridad venezolanas, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y los servicios de inteligencia, que ocurre con total impunidad.

Señor Presidente, en vista de estos hechos, solicitamos al Consejo de Derechos Humanos:

1. Designar para la Sesión 42 del Consejo de Derechos Humanos una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en su sentido más amplio, que establezca las responsabilidades e impida la impunidad.
2. Exhortar a los Estados de acogida de migrantes forzados y refugiados provenientes de Venezuela a unificar políticas y prácticas que les brinden verdadera protección internacional y evitar toda medida aislada que los someta a mayores privaciones de sus derechos y riesgos a su integridad personal.
3. Acelerar una solución política a la crisis venezolana, articulando esfuerzos nacionales e internacionales, como el de Oslo, incluyendo firmes acciones del Secretario General de Naciones Unidas junto a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a fin de restituir los derechos a la participación política y electoral de los venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país.

Así mismo, instar al gobierno del Sr. Maduro a permitir, con la debida supervisión de un organismo internacional independiente:

1. Implementar los acuerdos establecidos con la Oficina de la Alta Comisionada, para facilitar la supervisión y cooperación técnica en derechos humanos, incluyendo el acceso irrestricto del personal en el terreno a todas las instalaciones públicas y lugares de detención, y facilitar el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela.
2. Garantizar el trabajo, sin amenazas ni injerencias indebidas, de todos los defensores de derechos humanos, periodistas, actores humanitarios, sindicalistas, personal de salud y otros activistas de derechos humanos.
3. Reconocer la emergencia y abrir plenamente el espacio humanitario, bajo el mandato de protección de los derechos humanos, para implementar una respuesta acorde con la severidad y la escala de la emergencia, tanto para el sistema de Naciones Unidas, incluida la Oficina de la Alta Comisionada, como para otros actores, nacionales e internacionales, y garantizar el transporte y libre acceso a las poblaciones afectadas.
4. Dejar sin efecto la Asamblea Nacional Constituyente y respetar el legítimo funcionamiento de la Asamblea Nacional, incluyendo la inmunidad de sus miembros, así como tomar las medidas para restablecer el Estado de Derecho y un sistema de justicia independiente e imparcial con base en los estándares internacionales.
5. Dar cumplimiento a todas las recomendaciones emanadas de órganos de protección, aceptando su apoyo, y acelerar las visitas ya solicitadas por los Procedimientos Especiales, como parte de los planes de recuperación que garanticen todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales.
6. Poner fin de inmediato a las prácticas de tortura que han sido denunciadas en diversos centros de detención y a las desapariciones forzosas incluso por períodos breves, así como a la represión en manifestaciones que están causando pérdidas de vida y otros daños humanos irreparables.

Conclusiones

Señor Presidente y miembros del Consejo,

Vivir hoy en Venezuela, sobre todo fuera de la capital, Caracas, es esperar horas o días para poner gasolina y no contar con transporte público. En algunas ciudades es no tener servicio eléctrico por más de 6 horas al día, a veces por semanas, con temperaturas de más de 40 grados centígrados. Sin electricidad, no es posible almacenar alimentos refrigerados; y muy pocas familias tienen acceso a ellos porque les costaría más de 400 dólares al mes, con un salario mínimo de 6 dólares. Para la mayoría que vive en pobreza extrema, significa escoger cuál de los hijos irá a la escuela, porque solo uno se habrá alimentado. Los demás serían parte del millón de niños que ha dejado de estudiar. Quizá no habría clases porque la maestra se desmayó, también por hambre, o se vio forzada a migrar.

Quizá estos niños estarían con la abuela, como parte de los 800 mil niños dejados atrás, porque los padres van camino a la frontera forzados a migrar. Y la abuela apenas podría apoyarlos porque sería una de los 7 millones de personas que no consigue sus medicinas para la hipertensión y la diabetes.

Si fueran a un hospital público, no los dejarían pasar porque la milicia y otros grupos de civiles armados o “colectivos”, limitan el acceso para que no salga la información sobre la precaria situación. Sabrían que en solo dos años murió el 30% de quienes necesitaban dializarse y que los trasplantes de órganos se suspendieron hace 25 meses. Sabrían que la mayoría de las 5 mil personas con hemofilia ya tiene daños irreparables y discapacitantes por falta de factores de coagulación. Sabrían de las 4 mil mujeres que tienen cáncer de mama que dejaron de tener acceso a medicinas para sus ciclos de tratamiento. Y las 70.000 personas con VIH les dirían que pasaron más de dos años sin tratamiento, y los pocos que llegan alcanzan para 3 meses.

En las zonas de explotación minera, hoy extendida a varios estados del país, verían inmensos impactos de daño ambiental que han destruido las fuentes productivas e hidrológicas. Podríamos ir a comunidades indígenas en estas zonas que ha significado la intervención de sus tierras ancestrales y el control de mafias que incluyen a militares. Sabrían que hasta allá no llegan medicinas para preservar la salud y la vida y que las leyes para proteger sus derechos solo quedaron en papel.

Y al expresar descontento, porque esta no es manera de vivir con dignidad, porque mujeres y niños mueren prematuramente y no hay protección contra la violencia de género, si exigiesen derechos como personas LGTBI o protestaran por falta de alimentos, agua y medicinas, serían objeto de la política de represión que ha segado cientos de vidas, ha causado lesiones irremediables a la integridad física de miles y ha provocado profundos traumas sociales. Si estas protestas fueran en comunidades populares, la represión estaría en manos de cuerpos especiales, civiles y militares, que allanan zonas enteras con las caras cubiertas y son señalados por robo de enseres y alimentos, violencia sexual y ejecuciones durante esos procedimientos.

Señor Presidente,

Millones de venezolanos claman ¡Auxilio!. Es preciso detener ya las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela y corregirlas a fondo porque la emergencia va a empeorar. El gobierno del Sr. Maduro ha demostrado que no quiere y ya no tiene la capacidad para resolver este drama humano a la vista de la comunidad internacional. No permitamos que Venezuela sea otra crisis prolongada, que sume millones de víctimas más a las que ya nos interpelan como comunidad de derechos humanos desde distintas regiones del mundo.

Muchas gracias