Durante el mes de noviembre desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 22 actos de persecución y criminalización ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones no gubernamentales, la población en general, una universidad y un colegio profesional, bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

Patrones de persecución y criminalización identificados

En el monitoreo y análisis de estos 22 casos de persecución y criminalización hemos identificado las siguientes acciones: 10 actos de hostigamiento y amenazas, tres impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos cierres de emisoras, dos bloqueos de páginas web, un despido injustificado, tres procesos judiciales irregulares y una detención arbitraria.

Ataques a medios y periodistas

Durante el mes de noviembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró al menos dos emisoras de radio en el país. La primera fue Súper Stereo 94.5 FM, situada en la ciudad de Coro, estado Falcón. La segunda Class 98.7 que fue la primera emisora radial FM que funcionó en el estado Cojedes. En ambos casos Conatel señaló que el cierre se debió al fin de la concesión otorgada a las emisoras. Sin embargo, el cierre de las emisoras radiales en Venezuela es un patrón en aumento. Las personas trabajadoras de las emisoras y los directivos han denunciado amenazas y hostigamiento que buscan controlar el contenido que se emite en estos medios. Además los procesos de obtención de concesiones presentan numerosos obstáculos e irregularidades.

Al menos cinco casos de hostigamiento y amenazas verbales contra medios de comunicación de produjeron en el mes de noviembre. Uno de ellos se trata de acto generalizado contra los medios de comunicación digital, por lo que no fue posible contabilizar el número víctimas. En este caso, Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, acusó a los medios de recibir dinero para generar violencia. Cabello también amenazó a la página de sátira y humor político “El Chigüire Bipolar”, asegurando que elevará una demanda por una publicación en donde se le mencionaba.

Por su parte, el periodista Andrés Briceño fue amenazado por el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, luego de publicar una nota en la que se refería al colapso de una estructura decorativa en la avenida Bolívar de la ciudad de Valera. En otro hecho, el periodista Melanio Escobar fue víctima de la manipulación de uno de sus contenidos informativos en donde hablaba de la inconsistencia de la consulta popular sobre el Esequibo.

Además, la periodista Regina Freites fue intimidada verbalmente por funcionarios del Plan República mientras realizaba recorridos en centros electorales utilizados para el referendo consultivo en relación con el territorio Esequibo.

En otro hecho, vigilantes del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, acatando órdenes de la autoridad única de Salud de Monagas, impidieron a los periodistas Lisbeth Martínez, Jefferson Civira y José Piñango, la cobertura de una protesta de pacientes en dicho hospital.