En el evento «Superando los desafíos globales a través del apoyo y la solidaridad», organizado por Acción de Mujeres para una Mejor Defensa (WABA), un foro que reúne a mujeres líderes y activistas de todo el mundo tanto en entornos humanitarios como de desarrollo, Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló que «el cierre del espacio cívico es un tema crucial que afecta a Venezuela, a otros países latinoamericanos y al mundo entero».

Durante el seminario se destacaron los principales desafíos que enfrentan las organizaciones dirigidas por mujeres en todos los sectores. A pesar de los diversos enfoques sectoriales, las mujeres líderes comparten los desafíos comunes de la reducción del espacio cívico, el aumento de las barreras legales para las organizaciones y el agotamiento. Estos tres problemas hacen retroceder la larga lucha de las organizaciones dirigidas por mujeres.

Beatriz Borges indicó que las crisis humanitarias no pueden ser trabajadas solo desde sus consecuencias, es importante hacer una aproximación comprensiva y abordar las emergencias humanitarias desde sus causas. En esta visión, el abordaje de los derechos humanos es clave, así como la democracia y la necesidad de tener una institucionalidad democrática para responder a los desafíos estructurales y su impacto en las personas. «También, cómo estos elementos se vinculan con el desarrollo y la construcción de la paz. Especialmente cuando es un conflicto de larga data», recalcó.

«Es crucial considerar el nexo entre asistencia humanitaria, desarrollo y paz, teniendo en el centro los derechos humanos en situaciones de crisis complejas o de carácter humanitario. Y en todos estos aspectos las organizaciones de la sociedad civil, y las mujeres. tienen un rol fundamental. Al cerrar el espacio cívico, se dificulta la posibilidad de abordar estas crisis de manera integrada y efectiva», destacó la defensora de derechos humanos.

El cierre del espacio cívico

A juicio de Borges estamos viendo un aumento en el cierre del espacio cívico. «Los contextos adversos y las crisis humanitarias lamentablemente son más propensos a dificultar la participación ciudadana y a limitar nuestros derechos humanos fundamentales. Estas acciones tienen un impacto humanitario significativo en la propia crisis y en el rol que cumplen las organizaciones en aliviar sufrimiento y salvar vidas».

Para la directora de Cepaz, el trabajo en WABA y la articulación de mujeres en distintas partes del mundo que viven en contextos de crisis, ha permitido ver «patrones comunes que enfrentamos la sociedad civil y en especial las organizaciones lideradas por mujeres ante el cierre de espacio cívico».

«Hemos identificado patrones comunes que se repiten en diferentes contextos pero que sus similitudes impactan. En Venezuela esto ha sido una constante. Observamos el uso de leyes para restringir libertades, la criminalización de los medios públicos y dificultades para acceder a la cooperación internacional». Borges detalló seis aspectos específicos:

1. Restricción de la libertad de expresión. Esto se manifiesta en la censura de medios, control de Internet, y la criminalización de la disidencia. En algunos países, la legislación se ha utilizado para limitar la libertad de expresión, etiquetando a los críticos como «antipatriotas» o «terroristas». Tambien hay restricciones del derecho a protestar.

2. Ataques a defensores de derechos humanos. Los defensores de derechos humanos suelen ser objeto de amenazas, acoso, detenciones arbitrarias y en algunos casos hasta asesinato. Este patrón pretende sembrar el miedo y disuadir a la sociedad civil de participar activamente en la defensa de los derechos humanos. Trabajadores humanitarios sufren allanamientos y actualmente tenemos defensores de derechos humanos presos, como el caso de Javier Tarazona.

3. Uso de leyes para restringir la sociedad civil. En el caso de Venezuela existen varias leyes restrictivas que crean dobles registros y requisitos imposibles de cumplir. Están hechas para que las organizaciones de la sociedad civil desaparezcan. Estas leyes limitan el acceso a financiamiento, especialmente financiamiento internacional, y ponen trabas burocráticas que limitan la capacidad de las organizaciones para operar. Según información de Civicus, hay retos fiscales para la apertura de cuentas y para el registro legal. Además los procesos son lentos, existen pocos donantes dispuestos a financiar estrategias de trabajo o activismos menos tradicionales, los procesos para la búsqueda de subvenciones son complejos, y en lo humanitario, los presupuestos no permiten que las organizaciones y sus equipos se fortalezcan. «Muchas personas terminan agotadas, con ingresos que no cubren sus necesidades, siendo ellos mismos parte de la emergencia».

5. Desinformación y propaganda estatal. La desinformación y la propaganda se utilizan para desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos, y para sembrar dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones y la legitimidad de sus acciones.

6. Exclusión de grupos vulnerables. Muchas veces los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad – como las mujeres, los indígenas, las personas LGBTIQ+, y los migrantes – se encuentran especialmente afectados por el cierre del espacio cívico. Se les excluye de los procesos de toma de decisiones y se les niega el acceso a la justicia, lo que acentúa su vulnerabilidad.

Para Borges estos patrones reflejan una tendencia global preocupante hacia la erosión de la democracia y los derechos humanos. «Es crucial que la comunidad internacional tome medidas para proteger y expandir el espacio cívico, y para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos en su importante labor».

Impacto en Venezuela y América Latina

Venezuela y otros países latinoamericanos, como Cuba y Nicaragua, han sufrido de manera especial estas restricciones. «Esto hace que las organizaciones encuentren dificultades para acceder a ciertas áreas, e incluso tengan que trabajar desde el exilio, complicando aún más su labor».

Aseveró la directora de Cepaz que el cierre del espacio cívico afecta a las personas más vulnerables, quienes sufren las consecuencias más graves ante las limitaciones impuestas a organizaciones que luchan para continuar su trabajo, por lo que la sociedad se ve privada de servicios vitales.

Impacto diferenciado en las mujeres

Las mujeres sufren de manera desproporcionada los efectos del cierre del espacio cívico. La violencia de género, la pobreza y la falta de oportunidades aumentan cuando las voces de las mujeres son silenciadas. «No solo limita la capacidad de las mujeres para participar en la toma de decisiones. También afecta nuestra habilidad para responder a crisis humanitarias, promover el desarrollo y construir la paz. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en contextos complejos o humanitarios salva vidas».

Sin embargo, para Beatriz Borges, a pesar del cierre del espacio cívico, las organizaciones lideradas por mujeres continúan luchando y generando un impacto significativo. Trabajan en la prevención de conflictos, promueven la paz, la igualdad de género y la inclusión social. «Es crucial que trabajemos juntos para revertir la tendencia del cierre del espacio cívico. La democracia, los derechos humanos y nuestro futuro están en juego. Todos debemos ser parte de la solución», concluyó.