La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por medio de la Resolución 76/2018, otorgó el pasado 10 de octubre medidas cautelares de protección a 43 personas con VIH/Sida.

Debido a la negligencia del Estado que no ha cumplido su obligación de entregarles los medicamentos antirretrovirales a estos pacientes, los mismos enfrentan severos riesgos para su salud.

La Resolución establece que debido la condición de los solicitantes, la CIDH considera urgente que el Estado tome las medidas para garantizar su derecho a la salud. Señala el texto que «…la posible afectación de los derechos a la salud, vida e integridad personal, como consecuencia de la falta de tratamiento médico adecuado, constituye la máxima situación de irreparabilidad…».

Esfuerzo conjunto

El otorgamiento se logró gracias al esfuerzo mancomunado de las organizaciones Acción Solidaria, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi), Programa Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), International Council of AIDS Service Organization (Icaso) y Arcoíris por la Vida.

Para explicar el alcance de estas medidas, el pasado 25 de octubre se realizó en la sede de Acción Solidaria una reunión informativa, en la que participaron las organizaciones solicitantes, así como personas beneficiarias, quienes compartieron sus testimonios con los presentes.

El presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reyna, indicó que es necesario seguir trabajando para que el Estado entregue los recursos necesarios y suministre los medicamentos antirretrovirales a quienes los requieren. Recalcó que aunque el otorgamiento de las medidas es un paso importante, lo fundamental es lograr que el suministro sea regular y suficiente para garantizar los derechos a la salud y la vida de las personas con VIH/Sida y evitar la aparición de enfermedades oportunistas.

Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria, explicó el proceso que culminó con el otorgamiento de las medidas y las estrategias y próximos pasos para que el Estado acate la decisión de la CIDH. El otorgamiento de las mismas por si solo no garantiza el suministro de los medicamentos, por lo que es fundamental continuar ejerciendo presión para que se cumplan los términos de la Resolución.