El pasado 2 de mayo, un grupo de 121 organizaciones de la sociedad civil venezolana remitió una comunicación a ONU-Hábitat, la agencia de Naciones Unidas que trabaja asentamientos urbanos y que recibió el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1978 para abordar los problemas del crecimiento urbano en los países, en colaboración con gobiernos y socios locales.

La comunicación fue enviada luego que el ente divulgara su Plan de Acción sobre el Covid-19, dirigido a 64 países, del cual fue excluida Venezuela. En el texto del mensaje que acompañaba la carta, las organizaciones expresaron que «Venezuela sufre una emergencia humanitaria compleja, como lo documenta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha tenido un grave impacto en las condiciones de vida de la población, generando una de las peores crisis migratorias en América Latina en los últimos años. Durante varios años hemos sufrido interrupciones permanentes en el servicio de electricidad, teléfonos celulares, agua y gas doméstico, lo que hace que nuestros hogares sean inseguros para mantener el aislamiento durante la Cuarentena».

A continuación el comunicado en español e inglés:

Caracas, 28 de abril de 2020

Maimunah Mohd Sharif

Directora Ejecutiva de ONU-Habitat

Su despacho.-

Reciba en primer lugar un cordial saludo y nuestro deseo del mayor éxito en sus gestiones. Asimismo, que se encuentre bien de salud junto a sus familiares en estas circunstancias. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que suscribimos la presente comunicación queremos comunicarle nuestra preocupación por la exclusión de Venezuela del “Plan de Respuesta al Covid-19” que ha diseñado ONU-Hábitat para 64 países del mundo. Según los criterios definidos por su institución (poblaciones carentes de viviendas adecuadas y sin servicios básicos como agua y saneamiento, con una alta proporción de trabajadores informales) no comprendemos cómo un país que padece una Emergencia Humanitaria Compleja y que ha generado la mayor crisis de migración forzada de los últimos años en el continente americano, no sea parte del foco de atención de ONU-Hábitat bajo la pandemia actual de Covid-19.

Según el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, divulgado el 4 de julio de 2019, “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”. Por su parte el 9 de febrero de 2019 la relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, suscribió una comunicación junto a 3 relatores más (Alimentación, salud y pobreza extrema y derechos humanos), donde se afirmó que “Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas. Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”. La Señora Farha se refirió en específico a las denuncias donde “individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle”. El grupo de expertos también manifestó que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hacía imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis.

La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al cierre del 2019, revela que 4 de cada 10 hogares en nuestro país reporta interrupciones diarias en el servicio de electricidad, el 72% tiene un suministro irregular de gas y el 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable . En el Panorama de las Necesidades Humanitarias de marzo 2020 se registra que solo el 19% de las instalaciones básicas de saneamiento son seguros y más de 800,000 personas en las zonas rurales todavía practican la defecación al aire libre. Se estima que están enfrentando necesidades humanitarias en agua y saneamiento 4.3 millones de persona, de los cuales 1.4 son niños menores de 5 años y 2.3 millones son ancianos. Por otro lado en declaraciones durante el mes del marzo, el mismo Poder Ejecutivo divulga cifras de la encuesta que realiza a través del sistema automatizado de información oficial “PATRIA”, que muestran que el 88% de los hogares reportan tener dificultades para el acceso a los alimentos, 61% dificultades para el acceso a agua potable y 46% dificultades de acceso a gas para uso doméstico.

Según información recopilada por la ONG venezolana Provea, que hace un seguimiento a los niveles de cumplimiento del Estado en sus obligaciones al derecho a la vivienda, durante el año 2019 el Estado venezolano construyó apenas 4.820 viviendas, a pesar que las informaciones oficiales aseguran que se levantaron 500.000 unidades habitacionales. Según datos del Comité de Afectados por Apagones durante el año 2019 ocurrieron 80.700 fallas de suministro eléctrico en todo el país. Durante la cuarentena esta situación ha persistido, por lo que diversos estados del país sufren interrupciones no programadas del servicio eléctrico de hasta 6 horas al día. La misma situación se denuncia sobre el acceso al agua potable, gas doméstico y servicios de telefonía celular, por lo que las viviendas venezolanas no pueden considerarse como “seguras” para el correcto cumplimiento de las medidas de aislamiento social bajo la pandemia. Según un estudio de percepción ciudadana del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), realizado en diciembre de 2019 en 10 de las principales ciudades del país y en 27 municipios, solo un 16,7% de los encuestados indicó recibir el servicio de agua potable de manera continua en sus hogares, pese a que un 91,8% del total de la muestra afirmó tener acceso a tuberías. La crisis de los servicios básicos en el país es causa permanente de movilizaciones por parte de las comunidades afectadas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) durante el mes de marzo de 2020 se realizaron 184 protestas en todo el país en reclamo por esta falta de acceso, 87 de ellas específicamente por el acceso al agua potable, 51 protestas por falta de gas doméstico y 46 movilizaciones por interrupción del servicio eléctrico. Este colapso se refleja en el sistema público hospitalario del país. La Encuesta de Hospitales 2019 realizada por la organización Médicos por la Salud arrojó que en 40 hospitales encuestados del país 78% reportó fallas de agua, mientras que el 20% estuvo sin servicio de agua todo el año. Igualmente, 63% reportó fallas de electricidad.  Por su parte 7 organizaciones defensoras del derecho a la educación publicaron a finales del 2018 un reporte nacional en el que documentan que las interrupciones del servicio de agua en las escuelas son generalizadas y el racionamiento y los cortes de electricidad impiden la regularidad de las horas de clase. Según denuncias recibidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) la falta de agua en las cárceles obliga a los privados de libertad a pagar hasta 50 dólares por acceder a un «camión cisterna».

Desconocemos si la decisión de no incluir a Venezuela en el plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat responde a la poca colaboración de las autoridades del país o, en base a información no corroborada sobre el terreno, se considera que en Venezuela no existen déficits de cumplimiento de las obligaciones del Estado en el derecho a una vivienda digna. En este caso nuestras organizaciones están dispuesta a mantener informada a su oficina sobre los datos que levantemos sobre la situación tanto del acceso a la vivienda como de los servicios públicos en el país.

En cualquier caso, las organizaciones que suscribimos la presente comunicación solicitamos a su oficina que se reconsidere urgentemente esta decisión, y se hagan todas las gestiones necesarias para incluir a Venezuela dentro del plan de respuesta al Covid-19 a implementar por ONU-Hábitat.

Dando gracias a la atención a la presente comunicación, nos despedimos atentamente:

1) A.C Anzoátegui Sin Sida

2) A.C. Atraem

3) A.C Los Naguaritos

4) A.C. MÉDICOS UNIDOS DE VENEZUELA

5) A.C. Radar de los Bsrrios

6) A.C. Nuevos Despertares

7) Acceso a la Justicia

8) Acción Solidaria

9) ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

10) ACOANA

11) Amigos Trasplantados de Venezuela

12) AQUI CABEMOS TODOS

13) Asamblea de Ciudadanos de Candelaria

14) Asociación Civil Cedisuc

15) Asociación Civil Impulso Vital Aragua ACIVA

16) Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber

17) Asociación Civil Uniandes

18) Asociación de Profesores Jubilados de la UPEL Maracay. APROJUPEL MARACAY

19) Asociación Nupaz Internacional

20) Asociación Venezolana para la Hemofilia

21) ASOVIDA (Asociación por la Vida) Mérida

22) Aula Abierta

23) AVESA. Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

14) Brigadas Azules

25) Caleidoscopio Humano

26) CARIBANA Cooperativa de Turismo Responsable

27) Catedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado

28) Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons. Oscar A. Romero A.C

29) Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)

30) Centro de Formación para la Democracia CFD

31) Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

32) Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

33) Cepaz – Centro Justicia y Paz

34) Ciudadanía Con Compromiso A.C

35) Civilis Derechos Humanos

36) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

37) Codevida

38) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

39) Comisión Nacional DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara

40) Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

41) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU

42) Comunidad en Movimiento A.C

43) Conciencia Ciudadana A.C

44) Consorcio social Catuche

45) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

46) Convite AC

47) Crea País

48) Creemos Alianza Ciudadana Miranda

49) Defensa en Acción

50) Defiende Venezuela

51) EDEPA A.C

52) EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

53) Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)

54) Frente en Defensa del Norte de Caracas

55) FUNCAMAMA

56) Fundación Agua Sin Fronteras

57) Fundación Aguaclara

58) Fundación Ambientalista de Caricuao.

59) Fundación Emprendedores Solidarios

60) Fundación Incide

61) Fundación La Gran Victoria

62) Fundación MAVID Carabobo

63) Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI)

64) Fundación ProBono Venezuela, Provene

65) Fundación Rehabilitarte

66) Fundación Sociedad Amigos de Barquisimeto

67) Fundapmotriz

68) Fundaval

69) Funvive ( Fundación Ambiental Internacional Vida Verde )

70) Geografia Viva

71) GobiérnaTec

72) Gran Familia de la Salud

73) Impulsa Latinoamerica

74) Instituto Mead de Venezuela A.C

75) Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos INVESP

76) Justicia y Paz OP Venezuela

77) Labo Ciudadano

78) Laboratorio de Paz

79) Laguarura.org

80) Liga Merideña contra el Sida A.C.

81) MAPANI VENEZUELA

82) Monitor Social A.C.

83) Movimiento Uniendo Voluntades

84) Movimiento Ciudadano Dale Letra

85) Mujer y Ciudadanía A.C.

86) Observatorio Electoral Venezolano (OEV)

87) Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)

88) Observatorio Venezolano de Conflictividad Social  (OVCS)

89) Observatorio Venezolano de Prisiones

90) Oportunidad AC

91) Organización Humanitaria Zona 10

92) Organización Comunitaria Brisas Orinoco

93) Organización Comunitaria Esperanza Punceres.

94) Organización Comunitaria Fe, Alegría y Paz

95) Organización Comunitaria Libertador

96) Organización Comunitaria Solidario Punceres

97) Organización Humanitaria Las Vírgenes

98) Organización Natural Bio Conservation A.C

99) Piloneras

100) PROMEDEHUM

101) Proyecta Ciudadanía A.C

102) Red Anzoátegui Unido por los Derechos Humanos (REDAUDH)

103) Red de Instituciones Larenses

104) Red de Organizaciones de Derechos Humanos del estado Anzoátegui REDHANZ

105) Red Organizaciones vecinales de Baruta

106) Red Venezolana de Gente Positiva

107) Redhelara

108) RedOrgBaruta

109) Semillero Humanitario A.C

110) Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

111) Sociedad Hominis Iura (SOHI)

112) StopVIH

113) Todos por el Futuro

114) Transparencia Venezuela

115) Una Ventana a la Libertad

116) Unión Afirmativa

117) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

119) Universitas Fundación

120) Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

121) Movimiento SOMOS (Mérida)

Caracas, April 28th, 2020

Maimunah Mohd Sharif Executive

Director of UN-Habitat

Delivered at the Office.-

First of all, please receive a cordial greeting and our wish for the greatest success in your efforts. Also, that you be in good health with your family members in these circumstances. The social and human rights organizations that subscribe to this communication want to communicate our concern about the exclusion of Venezuela from the “Covid-19 Response Plan” that UN-Habitat has designed for 64 countries in the world. According to the criteria defined by your institution (populations lacking adequate housing and without basic services such as water and sanitation, with a high percentage of informal workers), we do not understand how a country that suffers from a Complex Humanitarian Emergency and that has generated the greatest forced migration crisis in recent years on the American continent, is not a part of UN-Habitat’s focus under the current Covid-19 pandemic.

According to the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in the Bolivarian Republic of Venezuela, released on July 4th, 2019, “The diversion of resources, corruption and lack of maintenance in public infrastructure, as well as underinvestment, have resulted in violations of the right to an adequate standard of living, among others, due to the deterioration of basic services such as public transportation and access to electricity, water and natural gas. ” On her part, on February 9, 2019, the special rapporteur on the right to adequate housing, Leilani Farha, signed a communication with 3 other rapporteurs (Food, health and extreme poverty and human rights), where it was stated that “Millions of People are suffering from a lack of food, essential medicines, a shortage of basic needs, including personal hygiene, power cuts, and inadequate housing conditions. Conditions continue to worsen day by day, placing many lives at risk. ” Mrs. Farha specifically referred to the complaints where “entire individuals and families have been evicted from their homes, with excessive use of force, leaving them in a street situation.” The group of experts also stated that the lack of updated official information on food, health and power cuts made it impossible to assess the true magnitude of the crisis.

The Survey on National Food Security of the World Food Program of the United Nations, carried out at the end of 2019, reveals that 4 out of 10 households in our country report daily interruptions of the electric service, 72% have an irregular supply of gas and 25 % of households do not have stable access to drinking water. In the Survey on Humanitarian Needs carried out on March 2020, it is recorded that only 19% of basic sanitation facilities are safe and more than 800,000 people in rural areas still practice open defecation. It is estimated that 4.3 million people are facing humanitarian needs related to water and sanitation, of which 1.4 are children under 5 years old and 2.3 million are elderly. On the other hand, during the month of March, the Executive Branch released figures from the survey that it carries out through the automated system of official information “PATRIA”, which shows that 88% of households report having difficulties to access food, 61% difficulties to access drinking water and 46% difficulties to access gas for domestic use.

According to information compiled by the Venezuelan NGO Provea, which monitors the State’s levels of compliance with its obligations to the right to housing, in 2019 the Venezuelan State just built 4,820 houses, despite the fact that official information ensures that 500,000 housing units were built. According to data from the Committee of people affected by Blackouts during the year 2019, 80,700 power supply failures took place throughout the country. During the quarantine, this situation has persisted, which is why various states of the country experience unscheduled interruptions in their electricity service of up to 6 hours a day. The same situation is denounced regarding access to drinking water, domestic gas and cell phone services, which is why Venezuelan households cannot be considered as “safe” for the proper compliance of the social isolation measures under the pandemic. According to a study of citizen perception of the Venezuelan Observatory of Public Services (OVSP), carried out in December 2019 in 10 of the main cities of the country and in 27 municipalities, only 16.7% of those surveyed indicated receiving continuous potable water service in their homes, despite 91.8% of the total sample claiming to have access to pipes.

The crisis of basic services in the country is a permanent cause of protests by the affected communities. According to the Venezuelan Observatory of Social Conflict (OVCS), during the month of March 2020, 184 protests were held throughout the country claiming this lack of access, 87 of them specifically regarding access to drinking water, 51 protests for lack of domestic gas and 46 protests due to the interruption of electrical service. This collapse is reflected in the country’s public hospital system. The 2019 Survey on Public Hospitals carried out by the organization Doctors for Health showed that of the 40 surveyed hospitals in the country 78% reported water failures, while 20% spent all year without water service. Likewise, 63% reported electric failures. For their part, 7 organizations defending the right to education published at the end of 2018 a national report in which they document that the interruptions of water service in schools are widespread and rationing and power cuts prevent regular hours of class. According to complaints received by the Venezuelan Observatory of Prisons (OVP), the lack of water in prisons forces those deprived of liberty to pay up to $ 50 USD to access a “water truck.”

We do not know whether the decision not to include Venezuela in the Covid-19 response plan to be implemented by UN-Habitat responds to the limited collaboration of the country’s authorities or, based on unsubstantiated information on the ground, it is considered that in Venezuela there are no deficits in the fulfillment of State obligations regarding the right to decent housing. In this case, our organizations are willing to keep your office informed about the data we collect on the situation of both access to housing and public services in the country.

In any case, the organizations that subscribe to this communication request your office to urgently reconsider this decision, and take all necessary steps to include Venezuela in the Covid-19 response plan to be implemented by UN-Habitat.

Thanks for your attention to this communication, we bid you a cordial farewell: