Publicación original de Crisis en Venezuela

Internacionalista de profesión y con experiencia en los Modelos de Naciones Unidas, el interés de Cristina Ciordia por los temas de derechos humanos despertó desde su formación académica de pregrado en la Universidad Central de Venezuela. Con el paso de los años se involucró con la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac) del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y ahora está a cargo de la coordinación del área de incidencia de esa organización. «Estoy muy feliz y comprometida con el trabajo de derechos humanos»

Organizaciones de la sociedad civil venezolanas presentaron cerca de 30 informes en los que exponen la situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas y reportan el desinterés del Estado por atender a esta población. ¿De qué manera se expresa esa desinterés más aun cuando se autocalifica como un gobierno feminista?

Ante todo me parece importante entender el formato de la revisión del Comité Cedaw para explicar cómo se expresa el desinterés del Estado venezolano a través de ese mecanismo. Las revisiones de los Estados ante este comité están concebidas como un espacio en el que los expertos, las expertas y el Estado trabajan juntos por mejorar la situación de los derechos protegidos en cada tratado, dependiendo del caso. En este caso, los derechos concebidos dentro de la Cedaw, por eso se llama «diálogo constructivo». Pero la manera en la que el Estado venezolano abordó este espacio fue siempre desde la descalificación al comité, desde la dilación, desde no dar respuesta, y eso expresa la posición de defensa, lejos de una posición colaborativa en la que se entiende que ambos están buscando un fin común. El Estado está mucho más interesado en construir una cierta imagen internacional que en resolver los problemas de la gente. No se puede negar la crisis del Arco Minero y atenderla al mismo tiempo, no puedes decir que la crisis de movilidad humana es un invento y al mismo tiempo abocarte a defender los derechos de los y las venezolanas en el exterior, y no hay manera de negar las cifras de femicidios y a la vez dar respuesta a este problema, buscar justicia para las víctimas y crear casas de abrigo. Entonces, eso es desinterés. Negar abiertamente el problema en lugar de abocarse a resolverlo es desinterés en los problemas de la gente. Está más interesado en autodefinirse feminista que en atender a las mujeres. Y eso es de lo que dan cuenta los informes de las organizaciones de la sociedad civil, la distancia que existe entre el discurso y la protección real a los derechos de las mujeres por parte del Estado venezolano.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron que el Estado venezolano mintió en la Cedaw. En su criterio, ¿cuáles fueron las mentiras que quedaron en evidencia y que más causan preocupación?

Creo que lo más preocupante es la tendencia general, la manera en la que todos los indicadores ofrecidos por el Estado dan cuenta de que la prioridad es generar una imagen. Como ejemplo de eso podemos mencionar que cuando se le preguntó al Estado por las cifras de femicidios en Venezuela no las ofreció. En el informe del Estado hay números relacionados a violencia de género y desagregan violencia física, pero no dicen cuántos de esos casos de violencia culminaron en la muerte de la víctima.
El Estado no reporta cifras oficiales de femicidios desde el año 2016. Pero además, cuando fue increpado por la experta del Comité que estaba abordando este tema, la respuesta fue que más de 80%, si no me equivoco, de los casos en los que se ha reportado un abuso físico el agresor ha sido imputado. Esto, por empezar, es poco creíble, dado los altos índices de impunidad en Venezuela y los reportes de las víctimas sobre la manera en que son tratadas cuando van a denunciar. Pero en cualquier caso, en definitiva, no es una respuesta sobre el número de femicidios que ocurren.

Y otras respuestas verdaderamente indignantes como, por ejemplo, que existe 100% de cobertura en el acceso a medicamentos para personas con VIH-sida o, por ejemplo, exhibir como un logro que en el sistema de pensiones la mayoría de los pensionados son mujeres, pero no habló de cuánto es el monto de la pensión ni del hecho que durante todo el año ha habido protestas por las pensiones de hambre que reciben, así pues es una manera sumamente conveniente y poco transparente de presentar una realidad. Y así fue con todo, no exagero cuando digo que así fue con todo y eso fue notado por el Comité, que además citaba constantemente «fuentes alternativas», utilizando las cifras de la sociedad civil en lugar de aquellas proporcionadas por el Estado.

Pero además, en el transcurso del diálogo constructivo propiamente hubo múltiples oportunidades en las que las expertas dijeron al Estado venezolano «disculpe, pero no está contestando nuestra pregunta»; «disculpe, pero están ofreciendo información sobre un tema que no es el que les estamos preguntando», y eso lo que da cuenta es que no se estaba proporcionando información suficiente ni certera para que las expertas del Comité pudieran evaluar la situación de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela.

Frente a esta actitud, ¿qué esperar del Estado si no reconoce los problemas y los desafíos que aún tiene por delante? ¿De qué sirve que comparezca ante este tipo de evaluaciones internacionales?

Decir qué esperar del Estado venezolano siempre va a arrojar una respuesta poco satisfactoria, pero digamos que este tipo de mecanismos ofrecen una hoja de ruta, o sea, la evaluación de los expertos de los distintos Comités, en este caso del Cedaw, lo que pretende hacer es tomar los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos que se estén evaluando, en este caso los derechos de las mujeres, y aplicar esos estándares al caso concreto de cada país. Entonces, las expertas tuvieron la oportunidad de evaluar la situación en Venezuela y aplicar estándares a la protección de derechos humanos para hacer sus recomendaciones. Eso nos da una hoja de ruta, ¿que el Estado la va a seguir inmediatamente? Definitivamente no. Pero eso nos da a las organizaciones de la sociedad civil un piso claro de exigibilidad, y al Estado, de cara a la comunidad internacional, le quita la careta, porque no es posible que hayan recibido recomendaciones y al mismo tiempo sean ciertos los estándares que presentaron.

Entonces, esa es la expresión que nos ha gustado utilizar, un piso de exigibilidad que nos dice cuáles considera la comunidad internacional que son las áreas prioritarias en las que hay que trabajar. Por ejemplo, la exigencia no sólo de la aprobación del protocolo de la Ley Orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino de la aplicación de la ley. El hecho de que la legislación prevea que tiene que haber una casa de abrigo por municipio y que de la revisión del Comité haya resultado que hay cinco o seis en todo el país ahí estamos hablando de una prioridad. O en términos de trata y tráfico si sabemos que internacionalmente se ha reconocido esto como un problema fundamental se le dice a los países de la región que el comité CEDAW reconoce que existe la necesidad urgente y prioritaria de abordar esta temática, por lo tanto deben darse acuerdos con Venezuela.

En ese sentido, ¿cuáles son las mayores deudas del Estado venezolano con las mujeres que quedaron en evidencia en este diálogo constructivo en la Cedaw?

El Comité, en las revisiones a todos los Estados, establece cuatro recomendaciones como prioritarias y de inmediata aplicación, bien podríamos decir que son las deudas que se consideran más importantes, las áreas para tomar acción inmediata y, de hecho, solicitan que el Estado reporte avances en esas materias en un período de dos años, cuando el periodo regular de reporte es de cuatro años.

Y esas materias que la CEDAW identificó como prioritarias en sus recomendaciones fueron, en primer lugar, aprobar el reglamento de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, y eso nos habla de una deuda en materia de violencia. En segundo lugar, identificó la necesidad de aprobar un plan nacional de trata y eso nos habla de la deuda del Estado en dar respuesta a la crisis de derechos humanos a causa de la crisis migratoria, porque el aumento en los índices de trata y tráfico está íntimamente vinculado con la masiva movilidad humana. En tercer lugar, un aspecto que tiene que ver con salud sexual y reproductiva como lo es la despenalización del aborto en al menos tres causales humanitarias: peligro de la vida de la madre, incompatibilidad del feto o casos de violación. Y la otra recomendación prioritaria también es en materia de salud sexual y reproductiva y se refiere al cese inmediato al Plan Quirúrgico Nacional que da lugar a esterilizaciones coercionadas.

En cuanto a las mujeres y niñas migrantes ¿la responsabilidad no es compartida con los Estados de tránsito y acogida que han firmado convenios que muchas veces se quedan en el papel?

Efectivamente, es una responsabilidad compartida y diferenciada. Cada país tiene aspectos diferentes en los que es responsable. En el caso de las personas venezolanas en movilidad hay que recordar que se les reconoce como personas en necesidad de protección internacional a la gran mayoría, y eso es una obligación de parte de los Estados de tránsito y acogida. Efectivamente, no es una obligación que se cumpla a cabalidad, pero cada vez vemos cómo se abren ciertos espacios donde hay políticas migratorias basadas en derechos y en una respuesta de protección internacional a las mujeres y niños migrantes y refugiados. En nuestra región en particular si bien la responsabilidad que tienen los estados es para con todas las personas migrantes y desplazadas, indiscutiblemente la situación de los venezolanos y venezolanas es particular por ser la más numerosa, y en ese sentido la respuesta de los Estados de acogida y de tránsito tiene que ser en la forma en la que reciben y atienden a estas personas, las oportunidades de regularización que les dan, la atención con perspectiva de género. Por otro lado, también desde la región tiene que haber una respuesta hacia la crisis venezolana, hacia las causas que están detrás de estos movimientos migratorios masivos porque de otra manera es atender los síntomas y no la enfermedad. Y esa responsabilidad es compartida con el Estado venezolano, particularmente en el caso de las mujeres y niñas, ya que tienen vulnerabilidades exacerbadas en el tránsito y ruta migratorio que las expone más a caer en redes de trata y tráfico, por ejemplo, o en sexo transaccional, en esclavitud moderna, trabajo forzado, entre otros riesgos.

El Comité expresó preocupación por la falta de cumplimiento del Estado venezolano a la Convención para la Eliminación sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿En cuáles aspectos considera que debe trabajar más el Estado para honrar sus compromisos en esta materia?

Me remito a las prioridades que el propio Comité identificó y yo agregaría la necesidad de transformar la perspectiva que se le da al tema de derechos de la mujer, pues si no se reconoce cuál es el problema y cuál es la situación real, que va a todo nivel, que tiene que ver desde la estructura machista de nuestra sociedad hasta la negativa de proveer cifras actualizadas, públicas, verificables, si no se transforma la manera en la que el Estado está dispuesto a abordar la existencia de estos problemas es extremadamente difícil darles solución.

¿Cuál es el mensaje que el Estado venezolano envía a las mujeres al desconocer los problemas y asumir que ha hecho bien todo el trabajo orientado a garantizar los derechos de las mujeres?

Como defensora, creo que el mensaje es que no contamos con el Estado como aliado para la defensa y el avance de nuestros derechos, sino que tenemos que hacer un trabajo aún mayor de exigencia y exigibilidad frente al Estado con alguna frecuencia, suplir funciones que le corresponden al Estado tales como las de levantar información u ofrecer asistencia a víctimas de violencia basada en género, por ejemplo, o hacer incidencia con países de la región para que trabajen por los derechos de las personas venezolanas migrantes y refugiadas, especialmente las mujeres y niñas, porque no contamos con el Estado como un aliado para avanzar en nuestros derechos.