El pasado 12 de mayo un panel de expertos analizó la presencia de grupos armados en Venezuela y los enfrentamientos que han ocurrido en la frontera. En el encuentro se hicieron algunas recomendaciones a la comunidad internacional, al Consejo de Seguridad y al secretario general de Naciones Unidas, para que puedan colaborar en la solución de la situación en el estado Apure.

La sesión contó con la participación de Tamara Taraciuk, subdirectora interina para las Américas en Human Rights Watch (HRW); Javier Tarazona, director de Fundaredes; Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; Veronica Zambrano, directora regional para Sudamérica de Plan International; Lindsey Hutchison, consultora en Paz y Seguridad de Plan International y Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. La moderación estuvo a cargo de Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).

Parámetros para analizar la situación en la frontera

A juicio de Tamara Taraciuk es muy difícil responder si existe un conflicto armado en Venezuela. Pero hay algunos parámetros para analizar la situación en la frontera colombo-venezolana. En el derecho humanitario internacional existen el conflicto armado internacional o no internacional. «Es internacional si se recurre a la fuerza armada entre dos o más estados. Es no internacional cuando hay enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o solo entre dichos grupos. También tenemos que demostrar que hay un nivel de organización del grupo armado y que hay un nivel mínimo de intensidad».

Para Taraciuk es importante tomar en cuenta si los grupos armados tienen una estructura jerárquica y si hay una cadena de mando capaz de planificar y ejecutar operaciones militares y de reclutamiento. Además, las hostilidades tienen que haber alcanzado un nivel mínimo, que depende del número, la duración, la violencia de los enfrentamientos, la cantidad de personas que participan y el tipo de armas utilizadas. Así como la forma como emplean la fuerza, el número de víctimas y los efectos de la violencia sobre la población civil.

«En enero de 2020, HRW redactó un reporte indicando que hay grupos armados en el estado colombiano de Arauca y en el vecino estado venezolano de Apure». Utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas. Ponen reglas que generalmente son promulgadas por los gobiernos, como los toques de queda, y ejercen el control a través de amenazas, secuestros, trabajos forzados, e incluso asesinatos. Estos grupos armados son el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y un grupo venezolano que se está empezando a formar. El reporte de HRW da cuenta de que las fuerzas venezolanas han tolerado «y en ocasiones se han confabulado con los grupos armados que operan en Apure. En los últimos años estos grupos se sienten más seguros y capaces de operar más en Venezuela que en Colombia», aseveró la representante de HRW.

Reportes desde el terreno

Los reportes de los enfrentamientos que ocurren desde el 21 de marzo de este año entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas y el frente Martín Villa, y que llegan de personas en el terreno, señalan que estos enfrentamientos serían por el control del narcotráfico. En este contexto, han ocurrido al menos cuatro ejecuciones, detenciones arbitrarias, procesamiento de civiles en tribunales militares y torturas a vecinos acusados de colaborar con grupos armados. Se producen registros y arrestos sin órdenes judiciales.

Indicó Taraciuk que desde HRW documentaron también la ejecución extrajudicial de una familia que fue sacada de su casa y sus cuerpos fueron encontrados lejos y con señales de violencia, incluyendo cortes. Las fotos demuestran que los cadáveres fueron colocados en una misma posición, «básicamente plantados» en escenarios creados. Entre los identificados como presuntos responsables están «las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas)». Como consecuencia de estos enfrentamientos más de 5.800 personas han sido desplazadas a Colombia.

«Los abusos atroces contra los residentes de Apure no son incidentes aislados de agentes deshonestos, sino consistentes con las prácticas sistemáticas de las fuerzas de seguridad venezolanas». Incluso, los informes de la Misión de Determinación de los Hechos y de la Corte Penal Internacional han señalado a las fuerzas venezolanas de cometer abusos en Apure, explicó Taraciuk.

Enfrentamientos repetidos

Aseveró Javier Tarazona, director de Fundaredes, que la situación de conflicto en el estado Apure, prolongada desde el 21 de marzo hasta la presente fecha, no es la primera vez que ocurre. El 23 de septiembre del año 2020 hubo una primera confrontación en la población del Nula, en el estado Apure, donde resultaron caídos cuatro militares venezolanos.

Según el director de Fundaredes, existe «una especie de confabulación» entre las Fuerzas Armadas venezolanas y el ELN, guerrilla de origen colombiano que tiene históricamente controlado este territorio. También, entre octubre y diciembre del 2020, estas organizaciones terroristas, tanto el ELN, como el Décimo Frente de las FARC, causaron varias muertes entre sus miembros, desapariciones de personas y el asesinato por encargo de militantes de estos grupos guerrilleros, cuyos cuerpos eran esparcidos en la zona sur del estado Táchira, en la frontera con el estado Apure.

Adicionalmente, el 31 de enero de 2021, ocurre en el sector La Macanilla un segundo enfrentamiento, «abreboca a lo que sería este prolongado conflicto desde el 21 de marzo. Hemos logrado documentar desde Fundaredes en el terreno, con activistas, con ciudadanos que participan en distintos movimientos sociales en el estado Apure y que hacen parte de la organización y en nuestra red de voluntarios, varios elementos que debemos resaltar en este espacio: el primero, la ejecución extrajudicial a través las FAES,  quienes luego de activarse minas antipersonales el pasado 21 de marzo donde resultaron caídos militares venezolanos, intervino haciendo detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, desaparición de personas».

Estas ejecuciones extrajudiciales se suman a elementos como la quema de viviendas, vehículos y negocios, y el desplazamiento forzado de más de seis mil personas que habitan la población de La Victoria. No solamente las cuantificadas cinco mil setecientas por la alcaldía de Arauquita, sino otras personas que están en poblaciones colombianas.

Tarazona destacó un caso emblemático de treinta y dos detenciones arbitrarias de personas que se encuentran procesadas en la cárcel del Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira. Allí hay casos muy particulares, como el de una joven mujer quien fue detenida cuando estaba embarazada de dos meses,  y producto de la tortura tuvo un aborto.

Minas antipersonas

Aseveró el defensor de derechos humanos que hay minas antipersonas no sólo en el estado Apure, sino también en los estados Zulia, Táchira, Bolívar, Amazonas y en otras 21 entidades. Esto ha sido documentado por Fundaredes. Allí hay presencia del ELN y las FARC para el desarrollo de actividades de narcotráfico, trata de personas y extracción minera.

Aseveró Tarazona que los efectivos militares venezolanos son llevados a estas zonas de conflicto sin las condiciones mínimas para confrontar a los grupos terroristas. «El pronóstico es que este conflicto no sólo se va a mantener en la zona, sino tristemente, nosotros creemos que va a extenderse por otras regiones del país».

Capacidad de organización de los grupos armados

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, señaló que «podemos interpretar los conflictos armados desde muchas perspectivas conceptuales y teóricas, pero la herramienta que nos brinda el derecho internacional humanitario es la más eficaz para ir caracterizando la naturaleza de este conflicto».

Aclaró San Miguel que «la caracterización que ofrece en este momento las circunstancias que se dan en el municipio Jesús María Semprún en el estado Zulia son muy distintas, y tiene que entenderse así, a las que ofrece el conflicto en el estado Táchira o en los municipios Páez, Rómulo Gallegos o Pedro Camejo del estado Apure».

Constatar lo que ha venido ocurriendo en el Alto Apure, concretamente a partir del 21 de marzo, ofrece respuestas desde el punto de vista de la intensidad de los combates, de la distinción de los grupos confrontados en el territorio nacional y desde del punto de vista de la capacidad de organización que está demostrado las FACR para mantener operaciones sostenidas y concertadas.

Considera la presidenta de Control Ciudadano que toda la «protección» a personas secuestradas o detenidas, a quienes ellos han calificado como prisioneros de guerra, es sin duda una estrategia para buscar internacionalizar lo que está ocurriendo en el Alto Apure en este momento.

Capacidad del respuesta del Estado

En la frontera venezolana están operando no solamente las disidencias de las FARC, sino también otros grupos armados: milicia local, paramilitares, grupos del ELN, que cada día se consolidan más en su su capacidad operacional en la frontera, y que contrasta con la expansión, activación  y puesta en marcha de nuevas unidades de la Fuerza Armada Nacional, ya que no se corresponde la capacidad de respuesta de Estado con la que se requiere en estos momentos para dar seguridad actualmente en la frontera.

Podríamos decir, a juicio de San Miguel, que la Fuerza Armada Nacional está demostrando su incapacidad para controlar el setenta por ciento del territorio venezolano que corresponde al anillo fronterizo nacional, lo cual pone de relieve, en lo inmediato, la muy probable expansión y consolidación de estos grupos armados al margen de la ley a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Retaliación contra los civiles

«Nos preocupa en Control Ciudadano la consolidación que podría estarse dando de una guerrilla binacional, pues ya no puede hablarse estrictamente de guerrilla colombiana». Estas estructuras están teniendo cada vez más un pie de fuerza local y redes de cooperación o cooperantes nacionales en su integración. Esto dispara las alertas, sobre todo por la capacidad de retaliación contra la población local en estos territorios por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también de la Fuerza Armada Nacional, en la búsqueda de información sobre los modos operandi de la guerrilla.

«Nos preocupa la extensión geográfica que está adquiriendo este conflicto»,  la intensidad de los combates, la ausencia de reglas de enfrentamiento por parte de la Fuerza Armada Nacional, el tratamiento asimétrico que se está dando a los diferentes grupos armados al margen de la ley por parte del Estado, lo que va a abrir la práctica de ajustes de cuenta y retaliaciones, con efectos devastadores en la población civil.

También a Control Ciudadano le preocupa la polarización que el tema fronterizo está tomando en este momento en la discusión pública venezolana, pero también en la discusión pública colombiana, «sin aportes para producir cambios estructurales favorables en la situación».

Minas a la deriva

Sobre el tema de las minas antipersonales, San Miguel señaló que  Venezuela aseguró a Naciones Unidas haber sembrado 1.074 minas antipersonales alrededor de seis bases navales fluviales fronterizas con Colombia entre abril de 1995 y marzo de 1997, sin embargo, información  consolidada por Control Ciudadano, y remitida en su oportunidad a Naciones Unidas, refiere que muchos de estos campos minados se han movido por las crecidas del río Arauca, y su posición original cambió en muchísimos casos, quedando a la deriva artefactos explosivos, sin ubicación precisa.

Hay serias dudas sobre el reporte ofrecido por la Fuerza Armada Nacional, en cumplimiento de la Convención de Ottawa, de haber destruido en la última semana de octubre de 2010, dos campos minados, un aproximado de 77 minas en total, instaladas en el puesto fluvial del río Arauca perteneciente a la Fuerza Armada Nacional en el estado Apure. Esto podría implicar la circunstancia de que, aunado a la siembra de minas antipersonales por parte de los grupos armados al margen de la ley, podría haber minas antipersonales activas sembradas por la Fuerza Armada Nacional venezolana, concluyó San Miguel.

Para Beatriz Borges, según los datos aportados por los ponentes, la violencia y la extensión del conflicto hace que sea casi imposible proteger a la población civil.

Protección para niñas y niños 

Verónica Zambrano, directora regional para Suramérica de Plan Internacional, analizó la situación de niñas y niños en este conflicto y las vulneraciones de sus derechos. Indicó que cuatro de cada diez personas desplazadas son niños y niñas y que los flujos migratorios van a seguir aumentando.

«Las familias necesitan comida y saneamiento, pero 40% de las personas afectadas son niñas y niños, que necesitas además protección». Este derecho está siendo violado por muchas razones. Por ejemplo, son separados de sus familias, una de las situaciones más violentas que un niño o una niña puede vivir.

Otra problemática es la identificación de los niños y niñas para tener el derecho a la educación. Además, los niños y niñas son mucho más vulnerables al uso de las minas, al reclutamiento forzoso, al abuso y la explotación y al aborto forzado y tratos crueles.

Servicios y datos insuficientes

Cuando las familias llegan a los refugios no existen servicios que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, hay que establecer espacios de aprendizaje temporales seguros y apoyar las habilidades y capacidades psicosociales, para dar así algún tipo de espacio para el aprendizaje.

También es importante desglosar los datos, porque no hay información específica y detallada sobre la población colombiana y venezolana, y qué pasó con sus familias de los niños, niñas y adolescentes que son identificados y que no están acompañados, o fueron separados de sus familias. Esto con la finalidad de asegurar que no sean víctimas del reclutamiento forzoso. Además hay un alto riesgo de violencia doméstica y abuso de drogas.

Faltan recursos

Hay muchas organizaciones que están entrando en el terreno para trabajar y apoyar a las víctimas de esta confrontación, pero sus operaciones son parciales y a corto plazo. Es importante abogar por una financiación mayor y estable.

«Otro problema y desafío que tenemos es que la xenofobia está aumentando a pesar de que ambos países comparten una rica  historia y cultura limítrofes», agregó Zambrano.

Esperan poder mejorar los refugios y traer a profesionales que puedan trabajar en las estrategias de protección de los niños y niñas, y en la prevención y la educación en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres y adolescentes embarazadas. «Es importante trabajar la autoestima y los proyectos de futuro que estas persona jóvenes puedan tener».

La comunidad internacional debe ser más activa

Aseveró Lindsey Hutchison, de Plan Internacional, que ha sido difícil que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discuta esta temática. «Quisiéramos que la comunidad internacional asumiera un papel más activo sobre esta confrontación que está ocurriendo con grupos irregulares en la frontera colombiana».

Aclaró que hay seis graves violaciones de derechos de niñas y niños en conflictos armados «que pensamos que están ocurriendo en el país», que incluyen: el asesinato y la mutilación, el reclutamiento y la utilización de niños como soldados, la violación sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación de acceso humanitario para los niños y niñas.

Respuesta para las víctimas

Aunque esto está ocurriendo, hay dificultades para documentarlo, pero la comunidad internacional no puede estar paralizada por no poder verificar alguna de las informaciones, pues la falta de datos precisos no significa que los ciudadanos no tienen necesidades que deban ser respondidas. Los ciudadanos tienen el derecho a la protección, y bien sea «a través de relaciones bilaterales o del Consejo de Seguridad debe haber una respuesta», recalcó Hutchison.

Operaciones militares sostenidas y continuadas

Para Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, si existía alguna duda sobre si la situación en el estado Apure era un conflicto armado, o si se creía que solamente se trataba de operaciones aisladas o coyunturales de violencia por parte de grupos armados, ya queda claro que se están realizando operaciones militares sostenidas y continuadas en el tiempo, donde incluso se han tomado rehenes y se mantiene el desplazamiento de habitantes desde el estado Apure hacia Colombia. Estamos ante un conflicto armado interno, pues el mantenimiento de las operaciones militares así lo indica.

Estado «guerrerista y violento»

El Estado venezolano, con respecto a la población civil en general, no considera a la disidencia como ciudadanos, sino como enemigos internos, por lo que desde Acceso a la Justicia les preocupa cuando este elemento se vaya a considerar dentro de un conflicto armado. Si a los ciudadanos comunes se les niegan sus derechos, en al caso de un conflicto armado, con un Estado que tiene «un discurso guerrerista y violento que ha indicado que contra el enemigo no hay que hacer ninguna concesión», no habrá la certeza de que los individuos que están participando en estas confrontaciones cumplan sus obligaciones establecidas en los tratados internacionales.

Obligaciones de las partes en conflicto

Aclaró Daniels que aunque la violencia es la misma en conflictos armados internacionales o internos, la tipificación de los delitos no lo es. Para conflictos armados internacionales la tipificación es mayor y más detallada. En el caso de los crímenes en conflictos internos hay un gran vacío, sobre todo en lo referido a las armas químicas, y existen otros ejemplos, como en el caso de los castigos colectivos, que no están tipificados explícitamente en el Estatuto de Roma.

Las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario obligan a las partes, aunque una de ellas no represente a un estado. El artículo 1 del Protocolo II, efectivamente señala que para que haya un conflicto armado interno debe un grupo que se oponga a una autoridad estatal, que esa organización armada tenga un mando responsable y que tenga una estructura tal que le permita mantener operaciones en el tiempo y cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional humanitario.

«Esto nos dice entonces que estas organizaciones militares tienen entonces también responsabilidades en materia de derecho internacional humanitario», no solo el Estado. Y finalmente, en el caso de los crímenes de guerra, efectivamente el Poder Judicial del Estado tiene la competencia para sancionar las violaciones que tanto un bando como otro puedan estar realizando. Sin embargo, en Venezuela el Poder Judicial, en este caso el que se encargaría de este tipo de situaciones que sería la justicia militar, no está nombrado de acuerdo con la Constitución, sino que está nombrado por el Poder Ejecutivo, violando el principio de separación de poderes. En ese sentido, la pregunta que hay que hacerse es «si este Poder Judicial tiene la capacidad, o tiene incluso la voluntad, para juzgar este tipo de crímenes en Venezuela cuando ni siquiera cumple con las mínimas exigencias constitucionales».

Crímenes de guerra

¿Cuáles serían los posibles crímenes de guerra denunciados en el conflicto en el estado Apure? La existencia un conflicto armado no implica derogación o no aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, sino que se aplica por norma especial. Las muertes que se originan del combate obviamente no son punibles, pero si lo son una vez que el enfrentamiento ha terminado y los combatientes se rinden, están fuera de combate o heridos, y manifiestamente no pueden reanudar la lucha, pues a partir de ese momento son sujetos protegidos.

En el caso venezolano, como hay situaciones en las que no se tiene la narrativa exacta de lo que ocurrió y ha habido rumores de que ocurrieron casos donde a las personas, a los soldados que se han rendido, los han ejecutado, entonces en este supuesto ha ocurrido un delito o un crimen de guerra, «porque no puede disponerse de la vida de un combatiente luego de que se haya rendido o esté fuera de combate». Se desconoce si los efectivos militares están al tanto de este tipo de situaciones.

En el caso de la toma de rehenes, que está ocurriendo en Venezuela, hay que decir que el Estatuto señala, entre los elementos del delito, que para que haya una toma de rehenes, además de que haya una captura de sujetos protegidos, esta acción debe implicar que se pida a cambio una acción o una omisión.

Finalmente, en el caso de la población civil, que haya habido ataques en su contra obviamente es un crimen de guerra, que además es la base del derecho internacional humanitario, finalizó Daniels.

Puntos clave

La directora de Cepaz resumió los puntos claves de la sesión, señalando que permitió conocer de primera mano lo que está ocurriendo en Apure. «Este es un esfuerzo para dar información sobre la crisis de manera comprensiva a los cuerpos internacionales y políticos, como el Consejo de Seguridad y la oficina del secretario general de Naciones Unidas».

En el caso del Consejo de Seguridad, este debería desarrollar una respuesta coherente frente a la crisis humanitaria en Venezuela y también debería discutir esta problemática de manera regular, utilizando todas las herramientas necesarias para informar a sus miembros sobre lo que está ocurriendo en el terreno. Además, el Consejo de Seguridad debería solicitar una sesión de información desde la Misión de Determinación de los Hechos.

Por otra parte, debe existir un liderazgo más activo del secretario general de Naciones Unidas para solucionar las crisis de Venezuela, e incluso analizar la posibilidad de designar un enviado especial que pueda tener un papel mediador y que, a través de sus buenos oficios, pueda contribuir a ofrecer soluciones políticas.