Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) participó el pasado 25 de junio en la sesión de clausura del diplomado sobre Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, dictado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA).
En esta última jornada del diplomado, Borges habló sobre los mecanismos internacionales de los derechos humanos para Venezuela y la agenda internacional. Expresó la importancia de culminar este proceso formativo con la mirada sobre la existencia y funcionamiento de los sistemas internacionales. Así como también de lo que ha sido la crisis de los derechos humanos. Permitiendo realizar un contraste de las responsabilidades, facultades y mandatos de los organismos internacionales, específicamente los sistemas de protección de los derechos humanos, la crisis que se ha vivido en Venezuela, y cómo estos se han aplicado y han evolucionado.
Indicó la directora ejecutiva de Cepaz que es una oportunidad muy importante para la comunidad de defensores de derechos humanos, y para todos los que trabajan sobre el conocimiento de la agenda internacional, porque en las próximas semanas habrá eventos importante para seguir contribuyendo al desarrollo de la agenda.
Crisis de derechos humanos en Venezuela
Borges explicó el desarrollo de la crisis de los derechos humanos desde el 2012 hasta la actualidad, vinculada a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Este fue un periodo caracterizado por el deterioro en materia de derechos humanos, pero el agravamiento ocurrió a partir de 2012.
Desde el 2012, en las elecciones en las que se midieron Hugo Chávez y Henrique Capriles, muchas organizaciones de derechos humanos empezaron a identificar los patrones de persecución, a pesar que aún no se hablaba sobre presos políticos, se observaban ciertas situaciones irregulares y preocupantes.
En su exposición, la abogada hizo un recuento de las protestas ciudadanas ocurridas desde el año 2014, que tuvieron como respuesta la represión y criminalización del ejercicio del derecho a la protesta, así como prácticas de tortura y detenciones arbitrarias. Analizó las elecciones parlamentarias de 2015 y la posibilidad de un cambio político que surgió de esos comicios; la instalación de la Asamblea Nacional con mayoría opositora y los contínuos ataques a la institucionalidad democrática.
En esos momentos se comenzó a revisar la posibilidad de activación de instrumentos como la Carta Democrática. En 2017 de nuevo se presentaron protestas por la exigencia de derechos ciudadanos, acompañadas de patrones de persecución, represión y anulación, la aplicación del plan Zamora, el ataque a la institucionalidad y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en mayo.
Prosiguieron elecciones en 2017, con desconocimiento del evento electoral. Se llegó al 2019 con la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino para la transición, con el reconocimiento de 59 países. Hasta llegar al 2020 sin una conclusión de ese plan de Guaidó, pero con la reafirmación de un liderazgo democrático que se encuentra en la Asamblea Nacional.
Para Borges, las elecciones son parte fundamental para la resolución de la crisis multidimensional que se desencadenó en el ámbito político, pero están siendo truncadas. Hizo referencia a que estos ocho años pueden ser contados en pocos minutos, pero para los venezolanos, han significado una carga de violaciones, ataques, agresiones y sufrimientol.
Denuncias de las OSC
Durante todo ese tiempo, las organizaciones de derechos humanos conscientes de la situación, han realizado un trabajo de documentación de los acontecimientos en Venezuela, para informar internacionalmente sobre la situación de agravamiento las violaciones a los derechos y para brindar acompañamiento a las víctimas.
Al inicio, se realizaron acciones a nivel nacional para exigir justicia y protección. Se solicitó la apertura de un canal humanitario por la violación del derecho a la salud y a la vida de los venezolanos, sin respuesta alguna por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Al haberse agotado las vías internas, se demostró la importancia de acudir a instancias internacionales.
También se envió una carta el 21 de junio de 2016 alertando al entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sobre la situación de carácter humanitario que se vivía en Venezuela.
Panorama general derechos humanos en Venezuela
En términos referenciales, en el periodo de protestas ocurrieron 424 asesinatos, 15.165 detenciones desde el 2014, 60.000 protestas en los últimos 8 años, 15.000 ejecuciones extrajudiciales, donde el Estado se refiere a ellas como casos de resistencia a la autoridad.
Además persiste un estado de violencia generalizada, con 100.000 personas muertas en circunstancias violentas en los últimos 5 años, caracterizada por una crisis humanitaria compleja que abarca la salud, la alimentación, el trabajo, el ambiente. Adicional a esto, está el colapso económico y de los servicios públicos. Para 2019, Naciones Unidas declaró que 7 millones de personas venezolanas se encontraban en necesidad de asistencia humanitaria.
La COVID-19 es otro agravante de la situación humanitaria. También es un elemento muy importante a destacar la crisis de movilidad humana venezolana, con 6.4 millones de personas migrantes y refugiadas al finalizar 2019 y ahora, con restricciones para el reingreso al país.
Crisis multidimensional: diferentes marcos internacionales de protección
Esta grave crisis de derechos humanos en Venezuela, que fue en evolución, se convirtió en una crisis multidimensional, ocasionando la activación de diferentes marcos de protección a nivel internacional: Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, Derecho Humanitario, Derecho al Refugio y a la Migración.
Venezuela es un tema muy complejo. De allí la importancia de que una estrategia unificada como sociedad civil y defensores de derechos humanos ante esos mecanismos sea comprensiva, coherente, articulada y coordinada con los distintos mecanismos activados de forma simultánea. Con preponderancia de la protección a las víctimas y con la combinación de mecanismos clásicos y extraordinarios, así como también una acción técnica y política.
El sistema interamericano ha respondido con visitas in loco, informes país, informes anuales, el establecimiento de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi), y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve).Así como solicitudes de información al Estado y múltiples comunicados de prensa reflejados en redes sociales y la página web. Así como también peticiones, medidas cautelares y audiencias públicas, en las que ha tenido presencia la sociedad civil venezolana, incluso frente a la ausencia y el retiro del gobierno de facto de estos espacios.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre 2014-2017 se tuvo una gran actividad. Hubo la presentación de información ante los comités: el comité de derechos humanos, de derechos económicos sociales y culturales, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). En el 2015, en el examen periódico universal, en derechos del niño, personas con discapacidad y el trabajo de procedimientos especiales. Se han tratado detenciones arbitrarias en conjunto a organizaciones que han estado activas enviando casos, donde se ha podido ver la gravedad y los patrones de las violaciones en Venezuela.
El Consejo de Seguridad, como órgano principal de la ONU, ha tenido un papel importante en la revisión de la situación de Venezuela. El año pasado se realizaron cuatro reuniones, de ellas, las más importante fue la del 10 de abril, donde el Secretario de Naciones Unidas expresó que en el país había 7 millones de personas que necesitaban asistencia y que estaban trabajando para dar una respuesta humanitaria.
A lo largo de esta crisis prolongada ha sido muy importante el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada, que produjo un informe resaltante, que fue el antecedente a lo ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018, donde se presentó el reporte sobre la situación de Venezuela.
El informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, presentado el 9 de julio de 2019, marcó un hito histórico en el trabajo de los derechos humanos del país y la agenda futura, logrando un reconocimiento a nivel internacional de los graves acontecimientos ocurridos en Venezuela.
A partir de esto, se generó una apertura de mecanismos extraordinarios que se encuentran activos para Venezuela. Paralelamente al informe de la oficina, se realizaron recomendaciones específicas en una visita a Venezuela y la solicitud de la apertura de una oficina en el terreno.
La agenda de derechos humanos está basada en el memorándum de entendimiento firmado el 20 de septiembre entre la Oficina de la Alta Comisionada y el gobierno de la República de Venezuela. También en la creación el 27 de un mecanismo especial ajustado al mandato y peticiones de la sociedad civil, víctimas y familiares, es decir, la creación de una misión de determinación de los hechos para Venezuela, con el fin de avanzar en el tema de justicia en los derechos humanos, la investigación y determinación de los responsables por los sucesos ocurridos en Venezuela.
A su vez, el gobierno venezolano firmó un acuerdo de asistencia técnica, en cual se comprometió a cumplir recomendaciones del informe presentado en la sesión 41, así como también, a dar acceso ilimitado a la oficina de Bachelet a recintos penitenciarios y a fortalecer el sistema de justicia.
Destacó Borges que la sociedad civil venezolana sabe que esas 23 recomendaciones hechas a Venezuela aún no se han cumplido. Es por ello que se debe actuar para la exigencia de su cumplimiento, no solamente evidenciando ante el Consejo de Derechos Humanos que Venezuela no coopera y no cumple, sino siguiendo con la documentación de por quó no se están cumpliendo esas recomendaciones.
Es importante desplegar acciones en relación a todas las capacidades de denuncia y de información internacional sobre el no cumplimiento y no cooperación en cuanto a la asistencia técnica, especialmente sobre la resolución que el mismo gobierno de facto promovió.
Para el 1 de julio se tiene previsto el informe y diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos, en donde se tiene la posibilidad de realizar un escrutinio sobre el cumplimiento del gobierno de las 23 recomendaciones.
Y el 15 de julio, se deberá presentar el primer informe escrito por la Oficina de la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia, reparación de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) y la situación del Arco Minero.
También se encontraba establecido que en los próximos dos años de aprobada la resolución, se produjera la visita de al menos diez de los procedimientos especiales a Venezuela, tales como el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, independencia judicial, ejecuciones extrajudiciales, relatoría de alimentación, salud, tortura y pueblos indígenas, pero no ha habido avances en las visitas.
Misión de determinación de los hechos
La misión de determinación de los hechos la integra un equipo de trabajo instalado desde febrero, que está llevando a cabo la documentación en materia de derechos humanos y que busca investigar un mandato específico sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos desde el 2014, para la plena rendición de cuentas de los actores y el logro de la justicia para las víctimas.
La documentación, desarrollada en capítulos según la temática, será mostrada en el mes de septiembre en el periodo 45 de sesiones a través de un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos.Es importante contribuir en la visibilidad del trabajo de la misión, así como participar en audiencias públicas y en la presentación del informe.
La participación de las organizaciones ha sido fundamental en cuanto a la provisión de información, contacto con las víctimas, testigos, fuentes fiables y a ofrecer el análisis de los contextos. Las organizaciones también han utilizado los informes como instrumentos de promoción en el plano nacional e internacional para fomentar la exigencia de investigaciones.
La directora ejecutiva de Cepaz invitó a organizaciones y defensores de derechos humanos exigir respuestas efectivas, para que el mandato de la misión de determinación de los hechos sea extendido y que se entienda la importancia de la justicia para Venezuela.
Elecciones auténticas
La crisis es Venezuela es desencadenada por el aspecto político. Las elecciones en Venezuela no son sinónimo de esperanza ni de cambio político, ya que tienen un significado de perpetuación del sufrimiento. La ecuación debe cambiar, porque los cambios políticos, el derecho a la democracia, así como a unas elecciones auténticas, son derechos ciudadanos.
Borges hizo un llamado a que a se realice un arduo trabajo para el entendimiento a nivel internacional de que no se trata de un rechazo a las elecciones, al contrario, lo que se exigen son elecciones auténticas, pues las que se presentan atacan la existencia del último bastión de la institucionalidad, la Asamblea Nacional.
Reiteró el llamado a estar atentos los días 1 y 15 de julio, a los pronuciamientos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, ya que se ha realizado un trabajo arduo con el objetivo de brindar información como apoyo para la agenda internacional.
