Las muertes violentas de mujeres, o femicidios, ocurren por la influencia de una cultura discriminatoria, basada en una idea de inferioridad femenina. Además con un fuerte arraigo en estereotipos y roles de género, señaló Carolina Godoy, investigadora principal del Observatorio de Femicidios y coordinadora de Género del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), durante el forochat Femicidios en Venezuela durante el 2021, organizado por El Pitazo.

Discriminación estructural

El femicidio, la muerte de una mujer por razones de género, es la máxima expresión de la violencia ejercida contra las mujeres, agregó Godoy. Y tiene un plus de injusto frente al simple homicidio, ya que se constata en el contexto de la desigualdad, que es real, y la discriminación estructural en la que se encuentran las mujeres.

El Estado se limita a dictar leyes contra la violencia de género que no ejecuta en rigor. Bien porque no puede o porque no quiere. Y adicionalmente no adopta políticas públicas desde la perspectiva de género. Por otra parte, el Estado está mínimamente presente. No da garantías reales, ni fortalece condiciones seguras para las mujeres. No tiene un sistema de atención efectivo, y no se empeña con ahínco en prevenir, evitar y sancionar, recalcó la investigadora de Cepaz.

¿Femicidio o feminicidio?

Según el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, no existe una definición consensuada. Su alcance, contenido e implicaciones son todavía objeto de debate. El término femicidio surge en la década de 1970 como una alternativa al término neutro homicidio, con el fin de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer, que en su forma más extrema terminaba con la muerte.

Por su parte, el feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde como el hecho de matar a una mujer solo por su pertenencia al sexo femenino. Pero Lagarde fue un paso más allá, confiriendo al concepto un significado político, con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado.

Los marcos normativos de la región utilizan indistintamente ambos términos, femicidios y feminicidios, para referirse justamente a las muertes violentas de mujeres por razones de género, explicó Godoy. En Venezuela la legislación hace referencia al delito de femicidio, y está tipificado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La sanción contempla penas de 20 a 25 años de prisión.

Ausencia de datos

En Venezuela desde el año 2016 no existen datos oficiales que permitan establecer tasas reales de femicidios. La sociedad civil hace un esfuerzo de documentación tratando de dimensionar lo que realmente sucede en nuestro país, dijo Godoy.

A esa iniciativa se suma Cepaz, con la creación del Observatorio Digital de Femicidios, con el fin de que los datos recabados de los medios de comunicación digital sean categorizados y analizados. La conformación de un registro de femicidios en el país es una necesidad para la toma de decisiones en materia de política preventiva.

En el último informe global del Observatorio de Femicidios se estableció que del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020 se contabilizaron 212 femicidios consumados, 12 frustrados, 72 niños y niñas quedaron huérfanos, y en promedio cada 26 horas ocurrió un femicidio en el territorio venezolano.

En el monitoreo del mes de enero del 2021 hay cifras preocupantes. Hubo en promedio un femicidio cada 38 horas, dos niños (hermanos) quedaron huérfanos y presenciaron el femicidio de sus madres y 83.3% de los casos ocurrieron en el hogar.

Fenómenos asociados

Es de importancia visibilizar que las diversas manifestaciones del femicidio son ilustrativas de las relaciones recíprocas entre normas culturales y el uso de la violencia en la subordinación de la mujer. Los femicidios arrastran consigo lo que llamamos fenómenos asociados. Sobre los cuales también hay que intervenir con políticas públicas adecuadas, es decir con proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona con perspectiva de género, explicó la especialista.

Algunos de estos fenómenos asociados a los femicidios sobre los que hay que exigir una intervención del Estado son, por ejemplo, la situación de los hijos/as que quedan huérfanos, el suicidio del ofensor, los femicidios de las adultas mayores, el consumo de sustancias psicoactivas.

Godoy concluyó señalando que las personas venezolanos estamos obligadas a exigir una actuación del Estado pensada, sensata y experta.

Enfoque sistemático

Para Jany Joplin González, coordinadora de Defensa de Cepaz, los femicidios se pueden prevenir usando un enfoque sistemático. Este debe incluir alianzas de los sectores público, privados y comunitarios para la ejecución de acciones armonizadas. Como campañas educativas y preventivas.

¿Qué se necesitaría para poder afirmar que el Estado emprende un verdadero plan nacional de prevención de la violencia contra la mujer y en especial contra el femicidio? Como mínimo 3 estrategias de arrancada, destacó González.

Primero, elaboración de una política nacional consultada y diseñada conjuntamente por un amplio margen de actores. Para establecer lineamientos de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios. Segundo, agrupar el registro y gestión de la información y tercero armonizar herramientas de gestión, protocolo y guías de acción profesional. Son muy pocas las acciones que podemos identificar que van en este sentido, aseveró la abogada.

La prevención es la clave

La prevención es la única manera de detener la violencia, incluso antes de que ocurra. Requiere un compromiso político, aplicar leyes que fomenten la igualdad de género, invertir en organizaciones de mujeres y abordar las múltiples formas de discriminación que enfrentan a diario.

Desde 2016 no hay datos oficiales sobre número y tipos de denuncias de violencia contra las mujeres. Tampoco del número de mujeres que acuden a servicios de atención psicológica, médica o social. Ni ningún otro dato que pueda precisar la magnitud de la problemática.

No es fácil establecer con certeza que el número de casos de femicidios está asociado exclusivamente al confinamiento por la pandemia. Ya que en Venezuela venimos atravesando un aumento de la violencia contra las mujeres como consecuencia de la convergencia de factores, como la casi ausencia de respuesta de las instituciones del Estado ante la violencia contra las mujeres, las fallas estructurales del sistema de justicia y el aumento de las brechas de género, entre otras.

Lo que si se puede establecer es que la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres durante la pandemia es peor, casi nula, lo que genera su incremento, agregó González. Es imperativo entender que cualquiera que sea la iniciativa que llegare a avanzarse desde el Estado, tiene que adoptar las medidas necesarias para fortalecer las instituciones protectoras y de acogida de las mujeres.

El confinamiento agrava la violencia

A juicio de González, desde que se declaró la pandemia en América Latina y el Caribe se ha intensificado la violencia por razones de género contra mujeres y niñas. Agravada por las medidas de confinamiento y distanciamiento físico que aumentaron el aislamiento de las mujeres de sus redes de apoyo.

Es natural que toda víctima de violencia sienta miedo. Nadie en específico debe intervenir en el proceso personal de decisión de una víctima de hacer o no la denuncia, porque puede constituir un factor de riesgo, recomendó González.

Explicó que hay organizaciones que se han unido en alianza para brindar servicios de atención. Allí las mujeres víctimas pueden acudir y recibir la contención psicosocial, para luego ir a una asesoría legal. También hay organizaciones que tienen iniciativas para brindar refugio. Pero es el Estado quien tiene que asumir el abrigo de las mujeres víctimas. La sociedad civil es un factor sumamente importante para poder ejercer presión al Estado. De tal forma que sea capaz de recabar la información, analizarla y producir políticas públicas adecuadas a la realidad venezolana, que se transformen en líneas de acción.

Incorporar la perspectiva de género

La mirada no debe estar puesta en el último eslabón de la cadena de la violencia. Antes de que ocurra el femicidio hay todo un ciclo y distintas etapas de violencia sobre las cuales hay que actuar de manera transversal.

Es por ello que la perspectiva de género debe incorporarse desde todas las competencias del Estado, para poder abordar la situación que gira alrededor de los femicidios. Desde Cepaz estamos haciendo una invitación formal para que tanto las académicas como las activistas, sean capaces de unir voces y hacer visible lo que ocurre con los fenómenos asociados a los femicidios.