En un comunicado hecho público el 3 de julio de 2023, la Unión Europea (UE) expresó su “profunda preocupación por las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales”. Agregó el comunicado que “estas decisiones socavan la democracia y el estado de derecho y solo profundizarán la crisis política y social de larga data en Venezuela”.
La UE recordó que la Misión de Observación Electoral de la UE emitió 23 recomendaciones en 2021, que incluyen “suprimir la prerrogativa del Contralor General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que negativamente impactos en el derecho a la defensa”. Sugiere el comunicado “hacer pleno uso de estas recomendaciones para mejorar las condiciones electorales en Venezuela”.
Enfatizó la UE que “ha trabajado con socios venezolanos e internacionales para una solución pacífica y democrática liderada por Venezuela para poner fin a la prolongada crisis política y social. Las elecciones presidenciales creíbles, transparentes e inclusivas en 2024 son una parte clave de esa solución”.
“La Unión Europea seguirá trabajando con socios internacionales y se basará en los esfuerzos internacionales y regionales, como la Conferencia de Bogotá sobre Venezuela celebrada en abril pasado, para buscar el fin de la crisis política, socioeconómica y humanitaria y contribuir al esfuerzo liderado por Venezuela para restaurar democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela”, concluyó el escrito.
Las 23 recomendaciones
El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sugiere 23 importantes recomendaciones que apuntan a mejoras de los procesos electorales y al fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela, las cuales se deben traducir en una ruta de trabajo para el Estado venezolano y en una agenda de exigencia de derechos por parte de la ciudadanía. Estas son:
1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral.
2. Definir claramente las responsabilidades de las juntas electorales regionales y municipales y reforzar su autonomía.
3. Publicar toda la información electoral relevante de manera clara y oportuna para cumplir con la disposición legal de transparencia del CNE.
4. Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.
5. Facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar.
6. Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral.
7. Modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado.
8. Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
9.Notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia.
10. Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.
11. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.
12. Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
13. Dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información.
14. Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas, para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.
15. Aumentar las capacidades y los recursos humanos necesarios para que el CNE realice un monitoreo sistemático de las redes sociales, con el fin de sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña y permitir una respuesta judicial adecuada y oportuna.
16. Garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a cargos políticos.
17. Llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas, con base en un registro de votantes indígenas, con una campaña integral de educación cívica y electoral, y realizadas el mismo día que las de la población general.
18. Llevar a cabo un programa exhaustivo para mejorar las medidas de inclusión de personas con discapacidad, que incluya el refuerzo de la educación e información al votante y soluciones técnicas para evitar el voto asistido.
19. Modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.
20. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.
21. Definir el papel de los coordinadores de los centros de votación y asegurarse de que están formados para no exceder sus competencias.
22. Proporcionar instrucciones claras y formación a las fuerzas del Plan República para enfatizar el carácter civil de las elecciones y asegurar que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin exceder sus competencias.
23. Establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones, dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan República, con el fin de garantizar que testigos de partidos, observadores y representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los centros de votación.
