La perspectiva de género debe ser un elemento esencial en todos los procesos para la construcción y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Reconocer el derecho de las mujeres a la participación en igualdad de condiciones en la promoción y la construcción de la paz, es la única manera de lograr y consolidar una paz verdadera, duradera y sostenible. No es solamente una cuestión de derechos, sino de alcanzar resultados a largo plazo.
En octubre del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1325, sentando las bases para la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Esta Agenda reconoce el impacto que los conflictos tienen sobre las mujeres y las niñas en todo el mundo y la importancia de su participación y liderazgo en condición de igualdad en todos los aspectos de la paz y la seguridad. En tal sentido, la ONU señala en el marco normativo de la Resolución que “la 1325 representa un cambio significativo en la manera en la que la comunidad internacional enfoca la prevención y la resolución de los conflictos, y convierte la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en una preocupación internacional de paz y seguridad”.
Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha adoptado nueve resoluciones sobre las mujeres, la paz y la seguridad para aumentar la participación de la mujer en la toma de decisiones, la prevención y resolución de conflictos.
Los pilares de la Resolución 1325
La participación activa de la sociedad civil es indispensable para la aplicación de la Resolución 1325. Activistas, defensoras de derechos humanos, lideresas y ciudadanas comprometidas, han contribuido significativamente a impulsar la Resolución 1325 y sus pilares principales: la participación de las mujeres en los procesos de paz y en todos los procesos de toma de decisiones públicas relacionadas con establecer y consolidar la paz; la prevención de los conflictos a través de la incorporación de las perspectivas de las mujeres, tanto en sistemas de alerta temprana, como en la educación y el acceso a la justicia en los casos de violaciones de los derechos de las mujeres; la protección de las mujeres durante y después de los conflictos; y la cobertura de las necesidades de las mujeres durante las actividades de socorro y recuperación tras los conflictos, incluyendo el resarcimiento y la reparación por las injusticias sufridas.
El preámbulo de la Resolución 1325 reconoce la importancia de que las mujeres “participen en pie de igualdad e intervengan plenamente” en el logro de la paz y la seguridad internacionales, y la necesidad de aumentar dicha participación “en los procesos de adopción de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos”. E insta a los Estados miembros a “velar por que aumente la representación de la mujer en todos los niveles de adopción de decisiones” relacionados con la gestión de los procesos de transformación y resolución de los conflictos.
La agenda MPS en Venezuela
Venezuela vive una de las crisis más complejas de su historia, provocada por un prolongado período de deterioro institucional que ha afectado a todos los pilares de la sociedad. Si bien el país cuenta con un marco legal que prohíbe la discriminación por razón de género, las mujeres venezolanas continúan enfrentando importantes prejuicios institucionales y sociales, especialmente en el ámbito político. En este sentido, un comunicado firmado por más de 200 organizaciones e individualidades, alerta sobre el ejercicio en Venezuela de prácticas sistemáticas que constituyen patrones de persecución y violencia política contra las mujeres señala que “las mujeres en Venezuela han sido históricamente víctimas de la discriminación y desigualdad para el ejercicio de sus derechos políticos, especialmente el que se refiere a la posibilidad de ser elegidas y participar en la dirección de los asuntos públicos y políticos del país”.
Además, las mujeres venezolanas han sufrido un impacto desproporcionado por la crisis humanitaria. El caso venezolano constituye un ejemplo actual de victimización de las mujeres como consecuencia de la compleja crisis humanitaria y, al mismo tiempo, la limitada participación de las mujeres en los procesos para el desarrollo de soluciones. En su último informe, la alianza Con Ellas, evidenció la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana.
Reafirmamos que es imperativo incluir a las mujeres en la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana. La participación y liderazgo de las mujeres son fundamentales para lograr una paz sostenible, evitar futuros conflictos, prevenir la comisión de crímenes atroces y detener el flujo incesante de movilidad humana de personas venezolanas que escapan de la crisis. Es indispensable incorporar una perspectiva de género tanto en los procesos de diálogo y negociaciones, como en el cumplimiento y mejoramiento de los acuerdos de paz alcanzados.
