La falta de compromiso y la resistencia al cambio son dos de las principales barreras que en la vida diaria enfrentamos para la resolución de los conflictos. Se suele hablar de “culpables” cuando se presenta algún conflicto, sin revisar si existe algún grado de corresponsabilidad.
Reconocer la responsabilidad de todas las partes en la construcción de estructuras de paz para transformar los conflictos forma parte de las tareas de una ciudadanía participativa y de un Estado que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y que propicie la corresponsabilidad y una convivencia social positiva y constructiva.
Hablamos de corresponsabilidad cuando los ciudadanos participan activamente en el logro de objetivos para el bien común, en un marco de equidad y justicia. Esta corresponsabilidad es fundamental para lograr una verdadera cohesión social.
Para que la cohesión social se de en igualdad y sin discriminación, es indispensable el respeto a los puntos de vista de los otros. Ninguna de las partes debe ejercer una autoridad coercitiva. La meta es una participación efectiva de todos los individuos, fomentando el respeto y la confianza en las capacidades de cada persona para convertirse en agentes transformadores. Esta responsabilidad compartida facilita el fortalecimiento de la cultura para la paz.
En este sentido, el Estado debe garantizar el libre ejercicio del derecho de asociación para que las personas puedan, por las vías democráticas, lograr la representatividad en espacios de interacción social y participen activamente en la toma de decisiones que les afectan, en los procesos de diálogo, negociación y acuerdos, y también puedan exigir de manera pacífica sus derechos.
En las auténticas democracias la ciudadanía puede verificar la transparencia de la gestión gubernamental y el cumplimiento por parte del Estado de la garantía de los derechos humanos, sin ser perseguido o acosado por ello. Solo en democracia el ejercicio activo de la corresponsabilidad ciudadana no es criminalizado, sino que se fomentan espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, en aras de incrementar la eficacia de la gestión para la solución de problemas, permitiendo al ciudadano monitorear la actuación de las diferentes instancias del gobierno, para proponer cursos de acción y mejorar las políticas públicas.
Como señaló Pedro Nikken, los derechos humanos “son inherentes al ser humano y no requieren de ningún título específico para adquirirlos. No resultan de una adjudicación o cesión del Estado, cuya función con respecto a ellos es de reconocimiento, respeto y protección. Basta con ser persona humana para ser titular de los derechos humanos y toda persona humana es titular de esos derechos. Su exigibilidad no depende de su consagración legislativa; por el contrario, históricamente aparecen como atributos que se han hecho valer contra leyes opresivas que los desconocían o menoscababan”. En tal sentido el Estado “tiene deberes de respeto, protección, promoción o garantía. Debe asimismo, organizar su estructura y su orden jurídico-político a fin de asegurar su plena realización”.
