Transparencia Electoral, en alianza con el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Voto Joven realizaron el pasado 1 de septiembre la presentación del informe de seguimiento político electoral de julio Unid@s por la democracia, una publicación mensual que recoge el seguimiento de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre de 2020 en Venezuela.
El evento contó con la participación de Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz; Wanda Cedeño, coordinadora nacional de Voto Joven, y el politólogo Jesús Castellanos.
Nuestro mayor reto es ir mas allá del ejercicio del voto
En su intervención Wanda Cedeño comentó que en Venezuela se vive un contexto electoral complejo para la realización de las elecciones parlamentarias 2020, siendo la disyuntiva ciudadana ir o no a votar.«Nuestro mayor reto es ir mas allá del ejercicio del voto y documentar las irregularidades en el proceso electoral», indicó.
La documentación pasó de ser una elección a una necesidad ciudadana, para registrar las violaciones sistemáticas que suceden para transgredir los derechos y coartar la participación ciudadana. Como jóvenes, no se ve como ruta la inacción.
La participación ciudadana no se limita en el derecho al sufragio, sino que incluye hechos que pueden fortalecer los derechos como el monitoreo, la observación, la documentación, la contraloría y la exigencia, recalcó la representante de Voto Joven.
Para señalar un proceso incorrecto, se debe tener todo documentado y conocer los elementos viciados. La elección personal de ejercer el derecho al sufragio es inherente a cada ciudadano, mientras que la documentación es una responsabilidad colectiva, para visibilizar las irregularidades que afectan los derechos civiles y políticos.
Se apuesta a la documentación porque es la forma más inmediata para ejercer la ciudadanía. Además, la historia ha demostrado que quedarse de brazos cruzados no es una opción. Independientemente de si se toma o no la opción de acudir a votar, se debe ejercer la contraloría y la veeduría ciudadana.
El expediente del registro electoral
Indicó Cedeño que desde el rol de la veeduría ciudadana se lograron recopilar 227 denuncias en el proceso de inscripción y actualización del registro electoral, para conformar el expediente de violaciones de derechos humanos del régimen venezolano.
El registro electoral es la base fundamental de cualquier evento, otorgando el derecho a ser escogido y a escoger, teniendo la misma importancia del derecho al sufragio en el día electoral. Igualmente, se puede realizar una proyección sobre el evento electoral a realizar en diciembre basado en el proceso del registro electoral mediante las incidencias y las irregularidades.
En el año 2019 no se realizó un registro electoral correcto ni se conoció la cantidad de inscritos, de personas que debían actualizar sus datos y de los venezolanos que debían inscribirse. Sin embargo, alrededor de 2 millones de jóvenes no se encontraban inscritos en el registro electoral y de la cifra mencionada, 700.000 se encontraban en el exterior, restando 1.300.00 jóvenes que debieron inscribirse en el proceso de 2020 pero que enfrentaban obstáculos debido a la cuarentena radicalizada.
En el proceso se contó con puntos móviles que eran cambiados sin previa notificación a los ciudadanos. Además, no se desplegó un correcto plan biosanitario para la protección de la ciudadanía, en cambio, se observó la ausencia o mal uso de los tapabocas y la ausencia de caretas en los funcionarios.
Se utilizaron además documentos físicos y bolígrafos, siendo un riesgo para el contagio del virus de Covid-19, sin haberse además cumplido el distanciamiento social entre los funcionarios y los ciudadanos, explicó Cedeño.
También hubo proselitismo político. Nicolás Maduro hizo un llamado a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la inscripción en el proceso electoral. También se documentó una alta presencia de militares y milicia en los centros y la existencia de los llamados puntos rojos cercanos a los centros de inscripción.
Manifestó que, teniendo en cuenta el aislamiento físico y la cuarentena radicalizada, se tuvo poco tiempo para el registro electoral, con una duración de 13 días y una extensión de apenas 72 horas
Irregularidades detectadas
El politólogo Jesús Castellanos expresó que en el informe se ha realizado una documentación exhaustiva de las irregularidades detectadas en el proceso convocado para el próximo 6 de diciembre y que parten desde la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Poder Judicial, contrario a lo tipificado en la Constitución
Aunque desde la Asamblea Electoral se logró constituir el Comité de Postulaciones para la designación de los rectores, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó los rectores principales y los suplentes.
Además, se realizó una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, traspasando competencias del Poder Legislativo y reflejando así la violación de derechos en este proceso electoral.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó los comités ad hoc e intervino los partidos políticos, invalidando la autonomía de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, incluso del partido político Tupamaros y de Patria para Todos, anteriormente cercanos al gobierno de facto.
Igualmente, resulta preocupante la competencia legislativa que se le otorgó al CNE, debido a la modificación en el incremento de los diputados de 177 a 277 escaños, una decisión arbitraria e inconstititucional. Destacó Castellanos la definición, dos días antes del inicio del proceso de postulación, de un reglamento de postulaciones paritarias de género.
Desde el año 2018 no ha habido una debida inscripción y actualización en del registro electoral para los venezolanos. Indicó el experto en procesos electorales que 2 millones de personas no han podido incorporarse en el registro, siendo una acción gravísima porque se vulneran los derechos de los ciudadanos.
Agregó que Nicolás Maduro ya inició la campaña electoral, a pesar que no hay un mandato sobre el comienzo de la misma. Dijo que incluso en los canales de televisión oficialistas se han definido estrategias para la campaña de las elecciones parlamentarias 2020, interfiriendo en la imparcialidad de los funcionarios públicos y la corrupción de los usos de los recursos públicos para el proceso electoral.
Restitución de derechos
Por su parte Beatriz Borges indicó que es importante defender los derechos a presentarse como candidato, al sufragio universal, al sufragio igualitario, al voto secreto, a la libre expresión de la voluntad del electorado, pero también es importante en los procesos electorales abarcar las libertades fundamentales como la libertad de expresión, de reunión, de asociación y el derecho a un recurso eficaz.
Las elecciones no deben verse como un hecho meramente de carácter político, sino como una vía para el ejercicio de la libertad de expresión de la población. Se requiere documentar la violación de los derechos que han sido socavado, porque la crisis política de Venezuela y la migración forzada, se originan precisamente en el ámbito político.
Se deben buscar vías pacíficas y electorales para resolver la crisis y entender que se requiere la restitución de los derechos ciudadanos para la transformación de la sociedad.
Cepaz ha dado seguimiento a las prácticas de persecución política, que no solo se refiere a la encarcelación por razones políticas. La aplicación de patrones de persecución política va más allá de las detenciones, llegándose a identificar más de 14 patrones, señaló Borges.
En las elecciones parlamentarias del 2015 la oposición logró obtener 112 diputados, es decir, 2/3 de la Asamblea Nacional, un logro efectivo de las fuerzas opositoras para llegar al poder. Pero desde ese momento se agudizaron los procesos de persecución, que marcaron un hito antidemocrático, siendo una constante declarar la inhabilitación de las personas opositoras que ocupaban cargos públicos, que fueron elegidas por la voluntad popular, e impedir la participación de los disidentes en los procesos electorales. A pesar del patrón del ventajismo, la falta de transparencia y la ausencia de garantías electorales, se logró obtener la preferencia electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, se despojó del cargo a tres de los candidatos indígenas electos mediante una medida provisional dictada por la Sala Electoral del TSJ. Con este tipo de medida el Poder Judicial se ha convertido en el brazo ejecutor de las violaciones de derechos humanos.
En las elecciones de gobernadores de 2017, cuando fueron juramentados cuatro gobernadores del partido político Acción Democrática, el régimen de Nicolás Maduro designó las figuras de los protectores, sin estar tipificada en la legislación venezolana, ni respetando la voluntad ciudadana. Usurpando así las debidas funciones de los gobernadores.
Entre 2016 y 2017 se realizó un proceso dirigido por el CNE para la renovación de las nóminas de adherentes, incluyendo el cambio de criterio de la Sala Constitucional, en cuanto a la recolección de la cantidad de firmas.
Luego, la Asamblea Nacional Constituyente ordenó al CNE organizar una nueva jornada de validación en el 2018, con una duración de 4 días, teniendo solamente la oportunidad de validar el partido político Acción Democrática.
El Observatorio Global de Comunicaciones y Democracia (OGCD) realizó un informe que se refiere a la evolución y la pérdida de partidos políticos, logrando observar la reducción del ecosistema plural de los partidos políticos en Venezuela.
Todo lo mencionado evidencia la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y los tratados internacionales. En 2020 hubo la suspensión de directivos de partidos políticos, que ha sido repetida como uno de los patrones aplicados en los eventos electorales para la invalidación de estas organizaciones.
Las sentencias 0071, 0072, 0077 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictan la suspensión de las juntas directivas de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) y se realizó la designación de la directiva mediante la comisión ad hoc para permitir el uso de la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, los emblemas, los colores y todo lo relacionado con los partidos políticos, y en el inicio del desarrollo del cronograma electoral se continuó el patrón de vulneración del derecho a la asociación de las organizaciones con fines políticos mediante sentencias emanadas del TSJ.
Asistencia electoral internacional
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene un mandato para el monitoreo de los derechos humanos, especialmente las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. También, se ha estudiado el posible mecanismo de asistencia electoral de la ONU como una forma para avanzar en las elecciones auténticas.
Monitoreo ciudadano
No solo el día del evento electoral los ciudadanos pueden documentar las vulneraciones a sus derechos, sino que se lo pueden hacer durante todo el proceso, para que queden las evidencias necesarias del fraude electoral.
Es por eso que se recomienda usar la etiqueta en Twitter #YoDocumento6D al publicar cualquier irregularidad. De esta manera se pueden detectar las irregularidades y compilarlas.
Beatriz Borges también recomendó ingresar a la página de Venezuela Documenta. Desde la plataforma, se visualizan en un mapa de Venezuela las situaciones específicas que se están reportando.
Como venezolanos tenemos la responsabilidad de la recuperación de la democracia en el país, ejercitando el músculo ciudadano con el monitoreo, la documentación y la denuncia.
La Covid-19 no puede suspender la lucha por la democracia de forma indefinida. La principal estrategia para recuperarla deriva de la concientización de la ciudadanía para generar los cambios esperados, basados en las vías pacíficas y electorales.
