La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa en un alarmante declive, según el informe presentado el pasado 27 de junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos. El informe, que abarca desde el 1 de mayo de 2024, documenta una serie de graves violaciones, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, exacerbadas tras los recientes procesos electorales.

Según el informe, cerca de 70 personas, incluyendo líderes de oposición, defensores de derechos humanos y 17 ciudadanos extranjeros, fueron detenidos acusados de pertenecer a un grupo terrorista antes de las elecciones parlamentarias. El gobierno afirmó que las detenciones se produjeron tras haber desmantelado una presunta red terrorista. Türk reiteró que la legislación antiterrorista venezolana y su aplicación «contradicen las normas y el derecho internacionales», señalando que la mayoría de los detenidos son sometidos a procedimientos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales.

Desapariciones forzadas

El reporte también denuncia al menos 28 casos de desaparición forzada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, incluyendo a doce extranjeros sin acceso a asistencia consular, así como 32 casos de tortura y malos tratos en prisión, 15 de los cuales involucran a adolescentes. Los detenidos enfrentan condiciones inhumanas, acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y aislamiento.

Además, destaca que la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, aprobada en noviembre de 2024, dificulta el registro legal de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos confusos y difíciles de cumplir, lo que ha obligado a muchas a cesar operaciones en el país.

El Alto Comisionado también señaló la falta de participación de mujeres y otros grupos marginados en la vida pública, la criminalización del aborto incluso en casos extremos, y la discriminación persistente hacia personas LGBTIQ+, quienes son víctimas de delitos de odio y violencia en centros de detención, sin acceso efectivo a la justicia.

Crisis agravada

La crisis económica se ha agravado en el país. El salario mínimo, de menos de un dólar, no alcanza ni para cubrir el costo de una caja de huevos. Los servicios públicos están en crisis. El 50% de los estudiantes asistieron a clases de forma irregular en 2024, y el 91% de los hospitales siguen exigiendo a los pacientes llevar sus propios insumos médicos.

Türk también expresó preocupación por los venezolanos deportados de Estados Unidos, que enfrentan riesgos graves al regresar, e instó al gobierno estadounidense a detener esas deportaciones, garantizando el debido proceso y salvaguardando los derechos de los niños.

El Alto Comisionado hizo un llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluyendo a personas defensoras de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres. También pidió el fin de las desapariciones forzadas, la asistencia consular para extranjeros detenidos, y la derogación de leyes que restringen el espacio cívico y democrático.