El pasado 21 de enero, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés), publicó un contundente informe que pone de manifiesto un patrón alarmante de violaciones a los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. Este documento, hecho público tras transcurrir 60 días desde que fue enviado de manera formal a quienes hoy detentan el poder, expone graves denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que demandan respuestas claras y urgentes.

Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso son parte del patrón de represión del Estado

Entre las principales conclusiones del informe presentado, se destaca un patrón de desapariciones forzadas «de corta duración» ocurrido en el contexto electoral. El Grupo de Trabajo ha documentado al menos 27 casos desde el día 28 de julio de 2024. Estas desapariciones han afectado a personas que ejercían su derecho a la libertad de manifestación pacífica y expresión, defensoras de derechos humanos, opositoras y periodistas, entre otros.

Según el informe, en los primeros siete meses de 2024, al menos 169 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, y se documentaron 592 ataques contra defensores de derechos humanos y organizaciones. La situación se agravó en el contexto postelectoral, con 1.916 personas detenidas arbitrariamente hasta octubre de 2024. Sin embargo, el Estadoadmitió más de 2.400 personas encarceladas, entre ellas 150 adolescentes, durante las protestas de los días posteriores a las elecciones.

El Grupo de Trabajo mostró su preocupación por la sistematicidad de estas acciones, que se encuentran diseñadas para amedrentar a quienes disienten con las políticas gubernamentales o ejercen su libertad de expresión en un entorno marcado por la represión postelectoral.

¿Cómo se llevan a cabo las desapariciones forzadas?

El patrón descrito por el Grupo de Trabajo es alarmante.  De acuerdo con el informe, las autoridades detienen a las personas, las trasladan a centros de detención y las mantienen incomunicadas durante días, sin acceso a familiares ni abogados, una grave violación de la Declaración de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, a la que Venezuela está obligada como Estado parte.

Además, el informe describe un patrón de violaciones del debido proceso al momento de la detención, entre las que se incluyen: 1)  la omisión de órdenes judiciales que avalen las detenciones 2) la imposición de defensores públicos, negando a las personas la posibilidad de designar abogados de su elección, 3) la imputación de delitos graves como traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio, basados en términos de amplia discrecionalidad 4) la coacción a la autoincriminación, dilaciones indebidas en las investigaciones y audiencias virtuales donde se vulnera el principio de individualización de la pena. 5) Uso de jurisdicciones especiales contra el terrorismo y 6) la negación de asistencia consular a personas con doble nacionalidad.

Aún más, el Grupo de trabajo aseveró que en los centros de detención las condiciones son deplorables debido a la falta de alimentos, agua potable y servicios sanitarios, obligando a los familiares a suministrarlo. Además, se reportan hacinamiento extremo, y en algunos casos la falta de electricidad los mantiene en un ambiente con temperaturas muy elevadas, lo que expone a las personas detenidas a una situación que se podría considerar como  tratos crueles, inhumanos o degradantes.

No existen mecanismos de prevención, sanción y reparación para las víctimas

El Grupo de Trabajo señaló que estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente por la Fiscalía venezolana, lo que refuerza un entorno de impunidad y perpetua la falta de garantías de no repetición. Así,  el informe detalla la ausencia de mecanismos eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas.

El Estado venezolano debe cumplir con sus obligaciones internacionales y ofrecer respuestas claras a las denuncias presentadas

Quienes hoy detentan el poder deben cumplir con las obligaciones internacionales, colaborar plenamente con los mecanismos internacionales, ofrecer respuestas claras a las denuncias presentadas y garantizar que estas graves violaciones a los derechos humanos no se repitan. La falta de acción no solo perpetúa la impunidad, sino que profundiza el sufrimiento de las víctimas y sus familias, quienes enfrentan terror, incertidumbre y un sistema judicial que funciona como herramienta de represión.