El pasado 18 de mayo, las expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), hicieron sus observaciones, consultas y cuestionamientos al noveno informe país presentado por Venezuela en el 85° periodo de sesiones.
El Comité Cedaw es un órgano de las Naciones Unidas conformado por expertas independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En esta oportunidad las expertas abordaron diversos temas, e hicieron consultas sobre los avances de Venezuela en la aplicación de la recomendaciones hechas en el último informe periódico del año 2014. Ese año el Comité manifestó su preocupación por la situación de las mujeres en Venezuela, realizando recomendaciones en cuanto a la protección y garantía de sus derechos, incluyendo mecanismos efectivos para garantizar el debido acceso a la justicia, fortalecer programas educativos dirigidos a erradicar estereotipos, tomar medidas de prevención, protección y apoyo a las mujeres frente a todas las formas de violencia basadas en el género, implementar medidas para reducir las brechas salariales y educativas, mejorar las condiciones los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entre otros aspectos.
Leticia Bonifaz Alfonzo
La académica y reconocida experta en derechos humanos e igualdad de género, Leticia Bonifaz Alfonzo, señaló que en Venezuela existe una pobreza generalizada, que el Banco Mundial calcula en un 89% de la población. Agregó que muchas personas agotaron sus medios de vida y sufren deficiencias en los servicios básicos. Venezuela es el segundo país del mundo con más personas desplazadas, solo por detrás de Siria.
Bonifaz manifestó su preocupación porque el país abandonó el Sistema Interamericano, dejando sin protección a muchas personas. Consultó si actualmente se está trabajando para establecer un nuevo tipo penal de feminicidios. Además mostró su interés por conocer cómo están funcionando las casas de abrigo para la atención y protección integral de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia de género en el país.
Las medidas que se están tomando para evitar políticas conciliatorias en caso de violencia y cómo se está capacitando a jueces y a fiscales para que exista perspectiva de género en los juicios de los que son parte las mujeres, el acceso a la justicia para mujeres rurales y cómo se están atendiendo en particular las medidas de protección y reparación en los casos donde las mujeres son parte de algún juicio, fueron sus interrogantes en relación al sistema de justicia venezolano.
Sobre las personas víctimas de trata, Bonifaz preguntó cuántas repatriaciones de víctimas se han producido. Agregó que han ocurrido ataques a mujeres defensoras de derechos humanos que además han encontrado obstáculos en la búsqueda de justicia. Consultó sobre las medidas de protección a las mujeres defensoras para que cese cualquier acto de intimidación en su contra. Así como sobre las vías para realizar la investigación y enjuiciamiento de todos los casos de intimidación y represalias.
Bonifaz agregó que en las cárceles las mujeres están en lugares sin luz solar, sin ventilación sin agua, no hay condiciones de higiene y son víctimas de constantes vejaciones. Requirió información sobre qué atención se les está dando para que reciban un trato digno y mejores condiciones de permanencia.
Marion Bethel
Por su parte, Marion Bethel, abogada experta en derechos humanos y vicepresidenta del Comité Cedaw, señaló que «aunque Venezuela tiene un marco jurídico que prohíbe la discriminación por género, las mujeres venezolanas siguen enfrentando prejuicios sociales e institucionales sustantivos, sobre todo en el ámbito político».
Agregó la experta que las mujeres venezolanas, incluyendo las indígenas, han sufrido el impacto desproporcionado de la crisis humanitaria en curso. A su juicio la situación venezolana es un ejemplo de la marginación de las mujeres, debido a su limitada participación en el proceso de elaboración de soluciones y de una agenda de paz. Bethel consultó si el Estado venezolano contempla, en base a la resolución del Consejo de Seguridad 1325, establecer un plan de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad.
Señaló que al menos 40% de los más de 5 millones de venezolanos que han abandonado el país son mujeres. La crisis humanitaria se ha ahondado y la demografía de las migrantes venezolanas corresponde a mujeres y familia con menor estatus socioeconómico. Añadió que más del 37% de las migrantes venezolanas han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual que temen denunciar esos incidentes, con inclusión de la trata y la explotación laboral, debido a las eventuales repercusiones negativas en su situación migratoria.
Consultó Bethel si Venezuela está de acuerdo en que la participación de las mujeres y su liderazgo son esenciales para lograr una paz sostenible y evitar conflictos futuros y también si está de acuerdo en que es esencial incorporar una perspectiva de género en las negociaciones nacionales. Otra consulta estuvo relacionada con la posible adopción por parte de Venezuela de un plan de acción nacional que demuestre su compromiso con la agenda de mujeres, paz y seguridad, y que este plan se desarrolle en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido solicitó al Estado venezolano información concreta. En su respuesta, Venezuela señaló que en el país no existe ningún conflicto, ni una crisis humanitaria que implique una reintegración de mujeres, ni una rehabilitación de mujeres, ni una perspectiva de género sobre la base de la existencia de un potencial conflicto.
Genoveva Tisheva
La experta Genoveva Tisheva, abogada con amplia experiencia en derechos humanos y defensa de los derechos de las mujeres y una de las autoras de la ley búlgara sobre la protección contra la violencia doméstica, afirmó que no se conoce cómo funcionan, cómo están coordinados, cuáles son los recursos y los cambios positivos que han aportado para la mujer los diferentes consejos y comités que se han establecido desde el Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
En su opinión, en Venezuela no hay un sistema de datos desglosados que tenga en cuenta los aspectos de la situación de la mujer en su diversidad. Por lo tanto la información disponible no puede ser una base para tomar decisiones fundamentadas, ni para elaborar estrategias y planes en distintos ámbitos de la igualdad de género. Agregó la experta que en el informe del Estado venezolano tampoco se mencionan planes o programas futuros en este sentido. «A falta de un mecanismo con buenos recursos, que funcione y esté bien equipado, es difícil afrontar la protección de mujeres y niñas y respetar sus derechos y empoderamiento», agregó Tisheva.
¿Cómo se garantiza que se cumplan las políticas de género con los mecanismos existentes y todas las problemáticas como problemas humanitarios, feminicidios, violencia contra la mujer, derechos sexuales y reproductivos, migración, empleo de distintos grupos vulnerables?, preguntó la experta a la delegación venezolana. Solicitó a Venezuela dar un plazo específico de puesta en funcionamiento e información concreta sobre cuál es el órgano de coordinación y los mecanismos institucionales, cómo interactúan con otros órganos y cómo funcionan entre sí, pues en 2023 la Comisión Nacional de la Ley Orgánica contra la violencia entrará en vigor para garantizar la coordinación y la supervisión de todas las acciones para las mujeres víctimas de violencia. También consultó si se prevé establecer un observatorio sobre el feminicidio y sobre las desapariciones, incluidas las desapariciones forzadas de las mujeres, y recopilar y analizar los datos existentes periódicamente.
Por otra parte pidió especificar cuál es la relación del Poder Ciudadano en Venezuela con el mecanismo de igualdad de género, cómo se prevé reforzar el mecanismo institucional de igualdad de género alrededor del Ministerio de Igualdad de Género con recursos financieros, técnicos y humanos y cuál es el presupuesto asignado para 2023, así como el que se va a asignar en los próximos dos o tres años. ¿Cuál es el apoyo financiero a nivel local, regional y también rural?, indagó.
Preguntó cuándo está previsto redactar la próxima estrategia de igualdad de género y su plan respectivo. ¿En estos planes van a mencionar explícitamente la integración de cuestiones de género, la presupuestación de género, la recopilación de datos estadísticos desglosados por género? y por último si las ONG están implicadas en este trabajo y cómo se les consulta.
Indicó al Estado venezolano que, mirando sus respuestas en el informe respecto al mecanismo de avance para la mujer, se pregunta si prevén acelerar el proceso de democratización de Venezuela a través de un prisma femenino, así como si se está pensando en reconceptualizar y rediseñar los mecanismos para el avance de la mujer en línea con las observaciones finales y las recomendaciones del Comité Cedaw y la aplicación de los ODS respectivos, si esto se hará en consulta con las ONG de mujeres y si se está pensando en una nueva ley sobre igualdad de género.
Rangita De Silva De Alwis
La académica, abogada y experta en derechos de la mujer, Rangita De Silva De Alwis, consultó si se incluirá el artículo 4 de la Cedaw como una herramienta interpretativa de la Constitución al hacer la denominada «revolución judicial» en Venezuela. Añadió que la CPI está investigando casos de persecución política, detenciones arbitrarias y violencia sexual en Venezuela desde 2014, en tal sentido «ha llegado la hora de abordar la historia de impunidad para los crímenes de género según el derecho penal internacional».
Según De Silva De Alwis para la prevención de estos crímenes lo único que se puede hacer es tener a mujeres representadas en las agencias de aplicación de la ley, en el enjuiciamiento público y en el sector judicial. Consultó si se van a considerar medidas especiales temporales para las mujeres en el ámbito de la justicia. También hizo una serie de preguntas dirigidas a Venezuela, entre ellas ¿cuáles son los pasos que se están dando para que haya justicia de transición?, ¿cómo van a participar las víctimas en los procedimientos judiciales futuros?, ¿cuáles son los pasos para adoptar medidas especiales temporales para mujeres víctimas? y ¿cómo usan las cuotas y la participación de la mujer como forma de control de la crisis?
Señaló que un Estado parte como Venezuela debería volver a dar forma al escenario político y económico para acelerar el crecimiento. La igualdad sustancial de las mujeres es la clave para desencadenar ese crecimiento. Por tal motivo pidió medidas especiales para que haya paridad y liderazgo de la mujer como parte de la legislación de Venezuela. Consultó qué se ha hecho para adoptar medidas especiales temporales para tomar en cuenta en la vida política y económica a los grupos más desfavorecidos, como las mujeres rurales o con discapacidad.
Bandana Rana
La experta Bandana Rana, defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, indicó que el marco reglamentario para la aplicación de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia todavía no se ha promulgado en Venezuela. Preguntó la fecha en la cuál será dado este paso.
“Se menciona que la violencia de género es prevalente en los cuerpos de seguridad y los procedimientos judiciales Esto revictimiza. ¿Qué medidas se adoptan para evitarlo? Los casos de femicidios se han duplicado. Desde 2016 no hay datos oficiales precisos sobre los femicidios. ¿Cómo planean abordar y enfrentar esta cuestión? ¿Cómo planean poner estos datos a disposición del público?”, agregó la experta, quien también consultó por qué el Estado carece de datos de femicidios y cómo el estado venezolano va a organizarse para hacer públicos esos datos.
Sostuvo Rana que en el país hay muchos casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que no se denuncian, porque las víctimas no obtienen protección por parte del Estado. En tal sentido, preguntó cómo planea el Estado venezolano organizarse para que se pueda denunciar de manera más fácil y por lo tanto se incremente el número de denuncias.
A juicio de la experta, el Estado venezolano no ha avanzado en la protección de la población LGBT. Consultó qué se planea hacer para aumentar la protección de la que deben gozar estas personas y cómo planea Venezuela organizarse para que se garantice la protección en espacios públicos.
Sobre las casas de abrigo mencionadas en su informe por el Estado venezolano, indagó si realmente funcionan. “La ley menciona que tiene que haber al menos un centro por municipio. ¿Contempla el Estado venezolano ampliar estos servicios y equiparlos mejor?”.
Acerca de la consulta pública sobre el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, preguntó si la misma ya concluyó y cuál ha sido la participación de la sociedad civil en ese proceso y su aplicación. Consultó si los datos de violencia de género que figuran en el informe presentado ante la Cedaw por parte del Estado venezolano son públicos. Cómo planea el Estado tener un sistema estadístico sobre violencia basada en género que incluya no solo datos, sino también indicadores fue otra de las interrogantes planteadas.
Sobre los contenidos que refuerzan estereotipos de género en los textos escolares, señaló que hay fuentes que aseguran que los mismos no han sido retirados de los planes educativos. ¿Cómo se promueve la integración de la igualdad de género en los planes educativos y para eliminar los estereotipos negativos? preguntó.
Rana también se refirió a la violencia en los medios, la publicidad y las comunicaciones oficiales y preguntó qué se ha hecho para que las mujeres, niñas, adolescentes y mujeres transexuales estén representadas cuando se violan sus derechos en los medios. Agregó que la prevalencia de la violencia de género es alta en Venezuela. Hay femicidios, desapariciones, violencia psicológica y sexual. Consultó cómo se hace seguimiento y se llevan a la práctica las medidas de utilizar un lenguaje con enfoque de género, incluyente y no sexista en las instituciones del Estado. Pidió al Estado respuestas concretas y no repetitivas.
Daphna Hacker
A la experta Daphna Hacker, profesora titular de la Facultad de Derecho y del Programa de Estudios de la Mujer y el Género de la Universidad de Tel Aviv, le preocupa la falta de atención que se confiere a la prostitución y su explotación. «Me rompe el corazón escuchar informe alarmantes de mujeres venezolanas que son explotadas con fines de prostitución y que han sido víctimas de trata».
Agregó que las mujeres que han salido de Venezuela en condiciones «complicadísimas» están expuestas a grave riesgo. Sobre estos temas el desfase entre las estadísticas oficiales y las de las ONG es preocupante. «Tampoco hay estimaciones de la cantidad de mujeres que se prostituyen y las situaciones de explotación en el marco migratorio».
Consultó sobre la situación de la prostitución en Venezuela y que planea hacer el Estado para obtener mejores datos sobre trata de personas. También indagó si el Plan Nacional contra la trata ha sido publicado y señaló que la acción no se centra en sancionar a los autores de ese delito, ni aborda la protección de las víctimas. A juicio de Hacker la cantidad de casos de trata en Venezuela no incluye situaciones como las que ocurren en el Arco Minero. Preguntó ¿cómo se adecuará ese plan a las normas internacionales?, ¿planea el estado venezolano crear abrigo para víctimas de trata?, ¿planea Venezuela abordar la trata de menores y reforzar la legislación anti trata en las minas para proteger a mujeres y niñas indígenas?
Preguntó la experta qué hace el estado venezolano para combatir a los grupos delictivos que atentan contra mujeres del país y para protegerlas. Así como qué hace Venezuela para bloquear las ofertas de empleo virtuales, tras las cuales las mujeres acaban prostituyéndose. ¿Qué hace Venezuela para que sus ciudadanos no sean víctimas de trata, sobre todo cuando migran?, ¿qué hace el Estado para que las personas puedan identificarse como víctimas?
También preguntó si Venezuela ayuda a las personas que desean emigrar, dotándolas de los documentos que necesitan y los diplomas educativos de manera que puedan encontrar un empleo que no sea el trabajo sexual y qué asistencia ofrece el Estado venezolano a los ciudadanos cuando son víctimas de explotación o trata en otros países.
Marianne Mikko
Por su parte la experta Marianne Mikko, periodista y analista de políticas de igualdad de género, consultó qué ha ocurrido desde la última evaluación de Venezuela en el 2014 en relación al tema de promover la paridad de género en las elecciones. Señaló que en las últimas elecciones parlamentarias se eligieron 92 mujeres sobre un universo de 277 diputados, lo cual significa que representan solo un 33%.
Sus consultas estuvieron referidas a cómo comparten el poder las mujeres en el Parlamento, pues lógicamente debería haber distintas comisiones encabezadas por mujeres. Sin embargo, al revisar las estructuras básicas de los partidos políticos se constató que había más de 100 organizaciones políticas y que solo seis estaban encabezadas por mujeres. También se verificó que solo hay solo 76 mujeres alcaldes. Indicó que 96% de los cargos políticos están representados por hombres y por lo tanto existe una considerable brecha.
Agregó que la participación política de las mujeres conlleva riesgos, lo cual las desalienta, puesto que se atenta contra su persona, miembros de su familia, y su integridad. Indicó que 70% de las mujeres que participan en política enfrenta amenazas, detención arbitraria, descalificación política y actos de violencia. De tal manera que las mujeres ven obstaculizado el disfrute de su derecho a la participación política.
Recalcó que es necesario garantizar la proporcionalidad de las candidaturas, pues solo se aplica la paridad verticalmente, es decir que se nombra a los hombres como titulares y a las mujeres como suplentes. Consultó qué impide al Estado venezolano optar por un sistema de paridad de género en su legislación nacional para que las mujeres estén representadas en la vida política y pública adecuadamente.
Aseveró que una de cada dos mujeres políticas han sido víctimas de violencia. «El acceso a cargos públicos se ha limitado a mujeres embarazadas o con hijos y las propuestas hechas por mujeres se descartan, ridiculizan o critican». Preguntó si existe una ley vinculante con relación a la paridad de género en Venezuela, o si el Estado venezolano se va a seguir ciñendo a acciones afirmativas e instrucciones eventuales para eventos electorales determinados.
Brenda Akia
Manifestó Brenda Akia, experta en derecho penal internacional y justicia transicional y consultora internacional sobre mujeres, paz y seguridad, que en Venezuela muchas mujeres y niñas en las escuelas siguen siendo objeto de acoso, abuso sexual y pornografía. Además muchas niñas abandonan la escuela y las mujeres y niñas con discapacidad siguen estando discriminadas. Agregó que en algunas escuelas no se educa en temas sexuales a las niñas.
En tal sentido, consultó qué pasos está dando el Estado para enfrentar los retos que existen en el sistema educativo para eliminar la discriminación de las niñas y niñas con discapacidad en todas las instituciones educativas. Así como qué está haciendo el Estado para combatir, castigar y ofrecer una solución a la explotación, acoso y abuso sexual que enfrentan las mujeres y niñas en las instituciones educativas y que están haciendo para incrementar el acceso a productos de higiene menstrual. También indagó acerca de los planes del estado venezolano para ofrecer educación de calidad en igualdad de condiciones para las mujeres y las niñas.
Akia consultó qué medidas está adoptando el Estado para poner en práctica medidas de modo que se impartan cursos de educación sexual y de igualdad de género, y que esas medidas sean efectivas. Sus últimas preguntas estuvieron referidas a qué están haciendo las instituciones educativas para combatir el embarazo y que haya una repercusión positiva en la salud de las niñas y las mujeres en general y si ese programa educativo tiene un enfoque intersexual.
Jie Xia
La exdiputada Jie Xia, experta en cuestiones de género y gobernanza internacional, consultó si el Estado parte ha evaluado su planificación nacional para el desarrollo económico y la transformación estructural con una perspectiva de género. Indagó si Venezuela planea ofrecer más oportunidades a las mujeres para favorecer su empoderamiento económico y la igualdad de género mediante la reestructuración económica. Preguntó sobre los planes que ha adoptado Venezuela para incrementar las oportunidades de empleo en favor de las mujeres y cómo garantiza el Estado que se respete el derecho al trabajo de las mujeres en el sector informal y que dispongan de seguridad social.
La experta consultó sobre las medidas que se han tomado en Venezuela para reducir la carga doméstica de la mujer de modo que puedan incorporarse al mercado laboral, y si existen medidas para alentar a los hombres para que compartan el trabajo doméstico y la responsabilidades de cuidado.
Además quiso saber cómo se maneja en la práctica la prohibición del acoso sexual en los sitios de trabajo y las sanciones a los autores. Consultó si el Estado parte hace algo para que las mujeres rurales puedan ingresar al mercado laboral y aumenten sus ingresos.
Rhoda Reddock
La profesora emérita de género, cambio social y desarrollo en la Universidad de las Indias Occidentales, Rhoda Reddock, señaló que ya en el 2014 la Cedaw expresó preocupación por los altos índices de mortalidad materna y embarazos adolescentes en Venezuela. Así como sobre los servicios de salud sexual y reproductiva inadecuados y la discriminación contra las mujeres con VIH. Para la experta estos desafíos siguen presentes en Venezuela pero de manera más extrema.
Actualmente las mujeres embarazadas en Venezuela no reciben vacunas ni medicamentos y no cuentan con servicios médicos ni vacunas para sus recién nacidos. Tampoco tienen acceso a métodos de planificación familiar. Ni pueden acceder a métodos seguros para la interrupción del embarazo. Consultó cómo garantiza el Estado el acceso universal a contracepción segura y efectiva en zonas urbanas y rurales e indígenas.
Reddock preguntó cuál es la situación del plan nacional de salud sexual y reproductiva y los derechos asociados a este tema para 2014 – 2019. Consultó si habrá un nuevo plan con el apoyo de la sociedad civil. También preguntó si hay algún plan para sensibilizar a los hombres con relación a su responsabilidad en la salud sexual y reproductiva
La experta dijo que en Venezuela las esterilizaciones se producen a veces en condiciones inhumanas y sin el consentimiento previo e informado y los abortos no seguros se han convertido en métodos de contracepción. Consultó si se ha tratado de solucionar la escasez de medicamentos vitales para las mujeres y niñas, así como para mujeres embarazadas y mujeres privadas de libertad y para protegerlas de enfermedades infecciosas y crónicas.
Afirmó Reddock que hay un incremento de la mortalidad materna de 98,7 muertes por mil nacimientos vivos en el país. El 55% de las mujeres son forzadas a tener partos naturales, sin anestesia ni medicamentos. Preguntó si ha habido alguna evaluación del Plan Nacional de parto humanizado, si se han incorporado las recomendaciones del Comité de 2014 y si hay planes de desarrollar un nuevo plan.
Otras consultas hechas por la experta fueron: ¿cuáles son los planes para la creación de un comité de respuesta para la prevención y control de la morbilidad y mortalidad graves?, ¿cuáles son los esfuerzos para luchar contra la contaminación en las zonas indígenas y cuál es la vigilancia que se está haciendo en relación a la salud de las mujeres indígenas?
Esther Eghobamien
A la experta Esther Eghobamien, analista de políticas públicas, le preocupa la falta de reglamentos y protocolos para aplicar la legislación, los desafíos que persisten en materia de derechos humanos y la falta de acceso a bienes y servicios esenciales. En tal sentido, consultó cuál es el estatus de la reforma de la seguridad social de 2012.
Solicitó información sobre las prestaciones sociales, la cantidad de beneficiarios y los beneficios disponibles para las mujeres en el sector informal. También consultó cuál es el porcentaje de la población y de hogares que viven en pobreza crónica y cuáles son las medidas que se han adoptado para revertir la situación de pobreza entre distintas categorías de mujeres, incluidas las mujeres rurales, indígenas y vulnerables. Preguntó al Estado venezolano cuáles son las medidas para garantizar la igualdad y el derecho a la alimentación para mujeres y niñas en zonas rurales y urbanas y cuáles son los planes que existen para fortalecer las políticas de igualdad de género y el emprendimiento.
Agregó la experta que el proyecto de explotación de carbón acelerado ha causado significativos daños a los ecosistemas forestales. En tal sentido, preguntó cuáles son las medidas para que las empresas del sector protejan a la población y rindan cuentas, además de cuáles son las medidas para prohibir y sancionar el uso del mercurio y para compensar a las poblaciones indígenas en estos sectores. ¿Qué va a hacer el Estado venezolano para alinearse mejor y garantizar la protección de la salud humana y el medio ambiente de las afectaciones del mercurio?, indagó la experta.
Yamila González
La abogada y profesora titular de la Universidad de la Habana, Yamila González, consultó sobre los avances y acciones concretas que ha hecho el Estado hacia una prohibición total del matrimonio de menores y responder de esta forma las recomendaciones que le han formulado los comités de la Cedaw y de los derechos del niño.
Consultó si se han tomado las medidas legislativas necesarias para reconocer que los bienes intangibles en el matrimonio se han de dividir en caso de divorcio. También si está previsto garantizar el derecho al matrimonio a las parejas de personas del mismo género y si se han hecho avances para el registro de hijos de parejas del mismo sexo, o para registrar el cambio de nombre de personas no binarias.
Sobre las medidas coercitivas unilaterales, indicó la experta que el Estado ha expresado que estas medidas tienen lugar a partir del 2014, pero otras informaciones refieren que es a partir de 2017. Solicitó precisión sobre cuándo empezaron a tener un impacto en la población y las mujeres. También consultó cuál es la proyección en materia de sistema de cuidados que trae la nueva ley aprobada en 2021 y qué políticas públicas se prevén para que su implementación.
Sobre el sistema judicial, González consultó qué alcance tienen en la práctica los tribunales especializados en violencia basada en género, y si son suficientes, accesibles y eficientes para cubrir las necesidades de tramitación y solución de los casos de violencia familiar desde una mirada interseccional.
Informe de observaciones finales sobre el noveno informe periódico de Venezuela
En este informe el Comité expresa su preocupación porque el Estado venezolano «sigue enfrentándose a dificultades en la aplicación» de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y realiza tanto observaciones como recomendaciones al Estado.
Consulte el informe en español aquí
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