Por Eugenio Martínez

Comunicador social especializado en análisis de temas electorales y políticos. Como periodista dio cobertura a las 23 elecciones en Venezuela celebradas entre 1998 y 2015. Se desempeñó durante 17 años como responsable de la cobertura electoral del diario El Universal. Conferencista y articulistas en varios portales alternativos entre ellos Prodavinci, Noticias Electorales, y Diario Las Americas. Coordinador de la unidad de datos y fact checking de Efecto Cocuyo. Es autor del libro de análisis del proceso comicial del año 2006 en Venezuela “¿Por qué pasó lo que pasó?” y Co-autor del libro “Más allá del movimiento estudiantil”, en donde se analiza a la nueva generación política de Venezuela. Fue parte de la Misión de Estudio conjunta entre la UCAB e IDEA-internacional desplegada en 2015 para las elecciones parlamentarias de ese año. En 2014 fue propuesto como rector del Consejo Nacional Electoral (CNE). En este proceso quedó pre- seleccionado entre las 10 personas de las que finalmente se escogió a las tres que representarían a la sociedad civil como directivos del organismo comicial.

Nicolás Maduro volvió a colocar el debate electoral en la palestra. “Estamos esperando que se creen las mejores condiciones para flexibilizar la cuarentena nacional (…) para proceder a reiniciar el proceso para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y para evaluar la pertinencia o no de la convocatoria para este año de las elecciones para el Parlamento”.

No obstante, las medidas para reducir la propagación del coronavirus agregan una complejidad mayor al debate sobre la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y a las garantías electorales que debe tener un proceso en Venezuela.

Según Ian Bremmer, presidente de Euroasia Group, la “anormalidad” que provoca el coronavirus y las medidas para reducir su propagación se pueden prolongar hasta 2021.

Esta nueva realidad no puede provocar que la democracia se suspenda indefinidamente. Es el momento de comenzar a valorar los cambios institucionales y técnicos que se requieren para evitar que los procesos democráticos queden paralizados y a la vez evitar que, en caso que se convoquen elecciones, los ciudadanos deban escoger entre ejercer el derecho a elegir o evitar un posible contagio de coronavirus.

Desde la perspectiva política, el COVID-19 está dividiendo (en una perspectiva política y electoral) en dos grupos muy marcados a los países: los países autoritarios o con sistemas híbridos que se aprovechan de las medidas de cuarenta para profundizar sus controles y los países democráticos que justificadamente han pospuestos sus procesos, pero con suficientes controles institucionales para evitar que quienes tienen el poder se valgan de él para manipular a su favor la posposición.

Según IDEA Internacional entre el 21 de febrero y 29 de abril, al menos 52 países y territorios pospusieron sus elecciones debido al COVID-19.

No obstante, en ese mismo lapso, una veintena de países siguieron adelante con sus elecciones. Algunos de ellos, como es el caso de Corea del Sur, lo hicieron de forma notable logrando un récord de participación en casi tres décadas (66.2 %) para una elección parlamentaria.

Otros, tuvieron experiencias lamentables. Mali celebró la primera vuelta de elecciones comenzando el brote de COVID-19 y la segunda vuelta en medio de la etapa de contagio y sin muchas medidas de prevención.  En este caso, los ciudadanos optaron por no ejercer su derecho, para evitar contagiarse provocando la disminución significativa de la participación.

El caso de Polonia también es relevante. Las elecciones debían celebrarse el pasado 10 de mayo y fueron suspendidas, en medio de un debate legal sobre la imposición que pretendía realizar el gobernante partido Ley y Justicia (PiS) para que todos los votos se emitireran por correo postal.

El debate de cómo realizar las elecciones en el medio de la pandemia alcanza incluso a Estados Unidos, en donde las primarias demócratas ya sufrieron el impacto del COVID-19.

Desde The Brooking Institute se han realizado tres recomendaciones básicas que deben evaluarse para evitar que el COVID-19 afecte significativamente el desarrollo de la elección presidencial del mes de noviembre.

Los especialistas han sugerido evaluar la posibilidad de aumentar el número de personas que vota por correo, enmendar las leyes para permitir la votación en ausencia, o establecer lugares de votación anticipada en función de los datos de avance del COVID-19 en los estados.

El caso de Estados Unido es muy particular pero puede servir de referencia para la discusión.

Dos tercios de los estadounidenses (67%), incluido el 80% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata y la mitad de los republicanos, creen que es muy probable que el brote de COVID-19 pueda afectar significativamente la capacidad de los electores para votar en las elecciones presidenciales de noviembre, según el más reciente estudio de PewResearch.

Según el estudio, existe un amplio apoyo para que se aumente la posibilidad de votar por correo, aunque aún no existe apoyo mayoritario para que toda la votación se realice por este método.

Los resultados de PewResearch sugieren que “en general, alrededor de seis de cada diez estadounidenses (59%) dicen que tienen al menos algo de confianza en que las elecciones presidenciales de noviembre se llevarán a cabo de manera justa y precisa, mientras que una proporción similar (63%) expresa confianza en que todos los ciudadanos que desean votar en el elección podrán hacerlo”.

No obstante, el estudio refleja “amplias diferencias partidistas en estos puntos de vista, con los republicanos mucho más seguros que los demócratas en la imparcialidad y accesibilidad de las elecciones”.

Según el estudio de PewResearch “si bien las tres cuartas partes de los republicanos dicen que están, al menos, algo seguros de que las próximas elecciones se llevarán a cabo de manera justa y precisa, solo el 46% de los demócratas opinan igual”.

Este estudio de PewResearch se realizó entre el 7 y 12 de abril. Se entrevistaron a 4.917 adultos estadounidenses.

¿Qué hacer en Venezuela?

Resulta evidente que antes de adecuar el proceso electoral en Venezuela es necesario lograr un arbitraje electoral institucional e imparcial, que se aboque a la reconstrucción del sistema automatizado de votación.

Lamentablemente en Venezuela pocos están pensando en el reto adicional que supone realizar elecciones en medio de la crisis del COVID-19.

A este nueva institucionalidad le corresponderá evitar que los electores tengan ahora un nuevo dilema: contagiarse o votar.

No debe olvidarse que el proceso electoral puede tener hasta 40 etapas que pueden convertirse en fuentes potenciales de contagios comunitarios.

En Venezuela resultan inviables opciones de voto remoto que se valoran en otros países, como emitir el sufragio por correo o utilizar voto vía internet. No obstante, esta última opción no debería descartarse para los electores que se encuentran fuera del país.

Para los países como Venezuela, que no pueden aplicar opciones masivas de voto remoto, es esencial enfocarse en disminuir la posibilidad de contagio, pensando en ocho acciones básicas:

• Registro de electores y verificación de votantes sin contacto.
• Selección y entrenamiento de personal electoral, miembros de mesas, etc. de forma remota
• Evaluar la distribución de electores y de centros de votación según las variables de grupos de riesgos y clústeres geográficos de contagio.
• Implementar en toda la cadena electoral procedimientos y protocolos para mitigar contagio.
• Incluir protocolos de desinfección segura de la boleta electoral y el resto del material electoral utilizado el día de la elección.
• Aumentar los procesos digitales el organismo electoral puede realizar.

Durante el seminario de “Votación en Tiempos de Coronavirus” organizado por Transparencia Electoral, Eduardo Correia, vicepresidente de la unidad electoral de Smartmatic, explicó que las autoridades electorales de la región deben comenzar a preparar estrategias de adaptación y preparación para la realización de procesos electorales bajo el contexto actual.

Entre las recomendaciones de Correia destaca la necesidad de “levantar la información de los centros de votación tradicionales, para evaluar cuáles espacios cumplen con los criterios necesarios para la adopción de las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En este levantamiento de información se debe “incluir el análisis de las dimensiones de cada local de votación, para modelar el flujo de los electores por mesa de manera segura, garantizando que se puedan mitigar puntos de contacto y mantener las distancias mínimas en los centros de votación”.

Adicionalmente propone recurrir “de manera mucho más activa a herramientas que permitan el entrenamiento virtual, e inclusive la evaluación remota para temas de búsqueda y selección de personal”, incorporar a los procesos electorales protocolos de mejores prácticas basadas en estudios científicos, entre estos planes se pueden incluir campañas de concientización, equipos de protección personal (PPE), unidades de desinfección automatizadas, y monitoreo en vivo para validar el cumplimiento de los protocolos.

Por otra parte, insiste en la necesidad de trabajar con protocolos de desinfección de los espacios donde hay una exposición importante al contagio: desde almacenes de impresión de boletas, de distribución y recibimiento de kits electorales, hasta los centros de votación y centros de procesamiento de boletas y resultados. La tecnología permite desinfectar incluso las boletas y los materiales de votación con los que interactúan votantes, trabajadores y funcionarios electorales.

Según Correia las tecnologías bien diseñadas juegan un papel crucial para ayudar a los gobiernos a continuar con sus procesos electorales”.

La experiencias que puedan tomarse

El debate sobre elecciones en medio de una pandemia ya se ha dado en Bolivia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Paraguya o Uruguay.

De los casos de República Dominicana, Paraguay y Uruguay debe tomarse el ejemplo de que las decisiones de posponer eventos electorales fueron ampliamente consultadas entre los partidos y la sociedad social. Las autoridades electorales no impusieron sus criterios.

El debate en Bolivia tambiñen puede servir para evaluar algunos temas en Venezuela.

Salvador Romero recordaba recientemente que esta no es solo una crisis sanitaria, sino es una crisis económica y en este contexto adecuar los procesos electorales a las nuevas normas requiere un incremento significativo del presupuesto, además que plantea nuevas interrogantes: ¿Cómo garantizar la observación internacional y nacional en medio de las medidas para evitar el COVID-19?

El debate en Ecuador también puede guiar algunos elementos en Venezuela. Para las elecciones generales de febrero el CNE se plantea escalar la jornada electoral en varios días, para poder segmentar por clústeres a zonas o población de riesgo. Esta medida pudiese aplicarse en Venezuela.

No obstante, el paso previo es definir la designación de un nuevo organismo electoral, y a partir de ahí decidir como recuperar el sistema (98% del hardware se perdió en el incendio de marzo) y como adaptar el sistema a la realidad que impone el COVID-19.

Este artículo forma parte de la serie La democracia no se suspende presentada desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD), el Movimiento Ciudadano Dale Letra y Sinergia (Red Venezolana de OSC).

Lea también:

Venezuela, el COVID 19 y elecciones íntegras