Las mujeres están siendo víctimas de esclavitud moderna, prostitución forzada y trabajo en condiciones degradantes de alta inseguridad en el Arco Minero del Orinoco. Un informe elaborado por Mulier, Clima 21 y el Observatorio para la defensa de la vida (Odevida), resume los efectos del deterioro ambiental sobre los derechos humanos de las mujeres venezolanas. Por otra parte, el informe Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva género sensitiva, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), en conjunto con su oficina en la Extensión Guayana, detalla los crímenes de los que son víctimas mujeres y niñas en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes del estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Para visibilizar la situación de violencia contra las mujeres en las zonas mineras, y en el marco de la séptima edición de las 12 Acciones por la Paz, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se realizó el X Space: Violencia contra las mujeres y degradación ambiental en el Arco Minero del Orinoco, que contó con la participación de Eumelis Moya, coordinadora de la Oficina del Centro de DDHH de la UCAB-Guayana, y Estefanía Mendoza, coordinadora general de Mulier.
Afectación diferenciada
Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, y moderadora del espacio, señaló que en el Arco Minero del Orinoco se están realizando operaciones mineras ilegales, con la consecuente contaminación ambiental, la propagación de enfermedades, la presencia de conflictos violentos, y la comisión de graves prácticas de esclavitud, explotación laboral, explotación sexual, trata de personas y otras formadas de violencia, en donde las mujeres son afectadas de manera diferenciada.
Estefanía Mendoza, abogada, activista en derechos humanos, y coordinadora general de Mulier, indicó que las mujeres y niñas indígenas son quienes más se han visto afectadas por esta situación del Arco Minero, que se viene denunciando desde hace años, y que tiene incluso recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que fueron desestimados, y que hablaban de la preocupación por los efectos que podía tener la explotación minera no solo en el medio ambiente, sino en las personas que habitan en este espacio.
Mendoza señaló que esta misma situación se repite en la explotación del carbón en el estado Zulia. Estas actividades tienen una incidencia negativa en la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que viven en sus alrededores. No solo los impactos ambientales múltiples y severos en los territorios ancestrales indígenas, que incluyen la deforestación de bosques nativos, el deterioro masivo de los sistemas fluviales, sino también la contaminación por el uso de sustancias tóxicas relacionadas a la explotación del oro y de otros minerales. Esta situación ha sido visibilizada por lideresas indígenas y organizaciones de la sociedad civil.
Además, la explotación sexual, en especial de mujeres indígenas, fue señalada por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en uno de sus informes, en el cual recogió datos aportados por la sociedad civil sobre las víctimas más vulnerables: las mujeres, niñas y adolescentes, agregó Mendoza.
Esta vulneración de derechos generalizada tiene que ver no solamente con la falta de presencia del Estado y la corrupción imperante en la región, sino con la presencia de grupos irregulares que controlan la zona, «y que se vuelven como un Estado paralelo, que sienta reglas que van generando vulnerabilidad para todas las personas que habitan en este territorio», recalcó Mendoza.
Se extienden la contaminación y las enfermedades
La depredación del ambiente en las zonas mineras afecta las posibilidades que tienen las comunidades, sobre todo las indígenas, de vivir dedicándose a actividades como la pesca y la agricultura, y de proteger sus medios ancestrales de sostenimiento, pues las fuentes de agua y los terrenos que eran aptos para las siembras fueron arrasados por la minería y contaminados por el mercurio. Esto genera una situación de pobreza y de falta de oportunidades para las comunidades, que las lleva a tener que buscar sustento en las actividades mineras ante la falta de otras fuentes para la supervivencia, y no como lo ha querido hacer ver el Estado, cuando señala que las comunidades indígenas avalan la actividad minera porque participan en ella.
Agregó la coordinadora de Mulier que así como por los cuerpos de agua se extiende la malaria, la contaminación por mercurio se está expandiendo por la región. Hay estudios que demuestran no solo la presencia de mercurio en las riberas, sino cómo diferentes pueblos indígenas están afectados, en zonas del estado Amazonas, Canaima y en la cuenca media del Caura. Incluso hay niveles de mercurio tan altos que ya generan daño a la salud de las mujeres no indígenas en el Callao, en Isla Ratón y en otras zonas del curso medio del Orinoco.
A esto se suma que el Estado venezolano no ha ratificado el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, de 2013, que hace un llamado a proteger la salud humana y al ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos de mercurio. Al ser cuestionados sobre esta situación por el Comité Cedaw, los representantes de Venezuela no ofrecieron respuestas precisas explicó la investigadora.
En la región hay una situación de necesidades y carencias económicas que hace que incluso personas que reconocen que la actividad minera es dañina para el territorio, están obligadas a ejercerla como la única forma de sustento. «Es necesario tener un enfoque integral de lo que está pasando en el Arco Minero del Orinoco para destacar que no es solo la atención a la actividad minera lo que el Estado debe procurar, sino también la atención a las condiciones generales de la zona para que existan oportunidades de desarrollo de otras actividades y la garantía de los derechos de las personas y las comunidades. Es necesario exigirle al Estado políticas públicas integrales, acciones lógicas y razonables para atender esta situación y abandonar este modelo de explotación y saqueo de nuestros recursos», concluyó Mendoza.
Ausencia de enfoque género sensitivo
Por su parte, Eumelis Moya, abogada, investigadora y coordinadora de la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana, señaló que al estudiar lo que significa el posicionamiento de la minería como principal actividad económica en el estado Bolívar hay que tomar en cuenta una serie de dinámicas sociales y la ausencia generalizada de un enfoque género sensitivo sobre lo que allí ocurre.
Explicó Moya que las mujeres en el estado Bolívar, y en las zonas mineras en general, son utilizadas y obligadas a realizar labores que las afectan de diversas maneras. Por ejemplo, las mujeres que llevan a cabo tareas domésticas deber ir a tomar agua del río contaminado, o buscar agua en pozos de alquiler, que no está tratada y es almacenada en condiciones no idóneas. Esto afecta desde la preparación de los alimentos hasta la higiene personal.
Incluso cocinar los alimentos es un foco de enfermedades pulmonares y respiratorias, pues las mujeres están constantemente expuestas al humo. El trabajo doméstico se realiza pues en condiciones precarias. Adicionalmente, las mujeres que ejercen el trabajo sexual, sin importar que sea por cuenta propia o bajo presión y circunstancias engañosas, enfrentan condiciones de privacidad e higiene poco apropiadas o nulas. También hay una alta incidencia de matrimonios forzados a temprana edad.
Otro de los graves problemas es el aumento de las infecciones y enfermedades sexuales. «Cuando iniciamos el estudio el porcentaje de adolescentes afectadas por este tema era del 25%. La situación del Arco Minero es un un secreto a voces, todo el mundo se pronuncia, todo el mundo cree saber sobre el tema, pero son pocas las organizaciones que se abocan de manera respetuosa a estudiarlo, a validar datos y cifras, sin caer en la estigmatización de las mujeres que habitan esta parte del estado Bolívar», agregó Moya.
Falta de reconocimiento de los problemas existentes en el Arco Minero
«Parte de los de los problemas principales que hemos afrontado es la falta de reconocimiento de la problemática. Se desestima, se invisibiliza, se banaliza». Señaló Moya que al momento de iniciar la investigación en 2018, las edades promedio de las mujeres que realizaban trabajo sexual estaban entre 12 y 35 años. «Ahora esas edades han disminuido considerablemente. Nosotros logramos documentar en algunos sitios niñas de siete y ocho años que realizan trabajo sexual en plazas».
«El 25% de los partos que se reportan en el estado Bolívar involucran a adolescentes». Incluso hay niñas de 10 años que han sido detectadas en estado de gravidez, lo que indica abuso sexual. «Por cada mujer que está obligada a trabajar en las minas para sobrevivir y que no puede estar con su hija, hay una niña dejada atrás, al cuidado de terceros». Otro aspecto a resaltar es la grave situación del sistema de salud. Hay hospitales colapsados y un servicio de salud pública muy precario, que no cuenta ni con las vacunas necesarias para trabajar en las minas, destacó la investigadora.
No estigmatizar, ni naturalizar lo que ocurre
Para Moya, a la hora de realizar investigaciones o coberturas de prensa es importante tomar en cuenta la realidad de la zona y no estigmatizar a las mujeres. También es indispensable respetar la interseccionalidad, pues en muchos casos son mujeres indígenas que tienen una cosmovisión distinta a lo que significa la visión de la mujer criolla. Esto se manifiesta incluso en la manera de percibir y vivir un abuso sexual.
A juicio de Moya, es necesario articularse con otras organizaciones que contribuyan con la correcta visibilización de lo que ocurre en la zona. Siempre desde una óptica respetuosa, que no privilegie la difusión de cifras, sino que tenga un enfoque que comprenda las condiciones y diferencias propias de las habitantes de la región. Además, que privilegie la inclusión, respete la interseccionalidad y genere una narrativa de no naturalizar la situación, sino que haga un llamado de atención a quienes están obligados, por ley, a atenderla.
