Monitoreo de femicidios en Venezuela: 1 de enero al 13 de abril de 2020



En Venezuela nos encontramos en un contexto de violencia generalizada, enmarcada en una emergencia humanitaria compleja, la cual ha demostrado tener un impacto desproporcionado y diferenciado sobre la vida de las mujeres, donde el Estado venezolano ha optado por ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Vale acotar que las muertes violentas de mujeres ocurren por la influencia de una cultura discriminatoria, basada en una idea de inferioridad femenina, con un fuerte arraigo en estereotipos y roles de género que naturaliza y justifica constantemente los tipos y modalidades de violencia. Existe, en consecuencia, una alta tasa de asesinatos entre los que se encuentran los femicidios cuyas cifras son invisibles para el Estado venezolano ya que no se presentan estadística alguna con estos casos que afectan a una gran cantidad de mujeres.

La impunidad por inoperancia y efectividad del sistema de protección, carcome de modo constante cualquier empuje meramente legal que pretenda disminuir los índices de violencia de género. La violencia generalizada se perpetúa principalmente por la impunidad.

Hay un abordaje vago, infértil y confuso sobre la violencia de género en nuestro país y en especial, el femicidio, donde observamos situaciones estructurales como la falta de estadísticas género-sensitivas, cuando, precisamente, es imprescindible que los Estados dispongan de sistemas nacionales de información, que permitirá elaborar leyes, políticas, planes y programas estatales en la erradicación de la forma más grave de violencia contra las mujeres.

La única forma de impulsar este marco de actuación, es visibilizando la necesidad estratégica, desde el enfoque de derechos humanos, para evidenciar que el Estado está incumpliendo con su responsabilidad de “proteger”. Un feminicidio se comete en un contexto determinado, por ello, se habla de violencia feminicida cuando se apareja con una serie elementos tales como la invisibilización, la justificación, la complicidad y hasta la impunidad.

La conformación de un registro de feminicidios es una necesidad para la toma de decisiones en materia de política preventiva. De acuerdo con ZARENBERG (2008) [1], existen cuatro motivos que hacen necesario un registro de este tipo. Primero: La obtención y recolección de estadísticas es indispensable para conocer la magnitud, forma y comportamiento del feminicidio. Segundo: La estadística criminal es un instrumento básico de lucha contra la violencia hacia la mujer, particularmente importante en el combate del feminicidio. Tercero: La creación de políticas públicas de calidad requiere información confiable que permita elaborar diagnósticos acertados de los problemas que buscan resolver. Cuarto: La existencia de información precisa, oportuna y documentada es un derecho ciudadano que debe atenderse.

Los observatorios y registros sobre el feminicidio son muy recientes y han sido impulsados por movimientos de mujeres que luchan por la visibilización de esta problemática y también contra las inequidades de género que las afectan y colocan en desventaja frente al hombre.

Nuestros objetivos

• Consolidar una herramienta para medir con perspectiva de género los homicidios dolosos de víctimas femeninas.
• Expandir la perspectiva de género en la producción y análisis de la información sobre fenómenos asociados a la violencia contra las mujeres.
• Difundir variables de medición cuyos resultados de aplicación sirvan a la prevención, aporten mejoras en la investigación y la persecución de la violencia letal contra las mujeres.
• Proponer el desarrollo de registros con el objetivo de evaluar las respuestas del sistema de justicia sobre casos de femicidios.
• Contribuir a la visibilización de la violencia extrema contra las mujeres a través de información pública con perspectiva de género.

Leer el informe completo aquí


[1] Zaremberg Gisela. Políticas sociales y género: Los problemas sociales y metodológicos, Volumen 2 de Políticas sociales y género, Serie dilemas de las políticas públicas en Latinoamérica. FLACSO México, 2008.


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