Vía OIM.-

Esta serie de informes tiene como objetivo proporcionar un resumen de la respuesta de la OIM en la región durante el período especificado, gracias a las contribuciones y el compromiso de los donantes y socios. Este número ofrece un resumen general de los principales logros desde que se lanzó la respuesta en abril de 2018.

Resumen de la situación

Los factores determinantes de la continua salida de mujeres, hombres, niñas y niños venezolanos a otros países de la región han ganado fuerza, complejidad y volatilidad desde que la OIM lanzó oficialmente su respuesta regional en abril de 2018. Esto se refleja no solo en un aumento en el número de venezolanos en el extranjero como nuevos datos oficiales disponibles, pero también en picos abrumadores en el número de entradas y el empeoramiento de las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes y refugiados.

A partir de febrero de 2019, se estima que alrededor de 3,4 millones de refugiados y migrantes de Venezuela viven en el extranjero, 2,7 millones (79%) de ellos en los países de América Latina y el Caribe. Colombia, Perú, Chile y Ecuador reportan el mayor número de venezolanos en sus territorios con 1.1 millones, 710,000, 288,233 y 250,000 personas respectivamente. Complementariamente, la intensidad y la escala de los flujos se ilustran mediante registros de entrada a través de puntos críticos de la frontera: 45,000 titulares de pasaportes venezolanos ingresaron a Colombia a través del Puente Internacional Simón Bolívar en enero de 2019; del 1 de enero al 12 de febrero de 2019, 46.500 venezolanos ingresaron a Ecuador a través del Puente Internacional Rumichaca y 26.600 a Perú a través del Puesto Fronterizo de Huaquillas / Tumbes.

La dinámica de los flujos se ha correlacionado a menudo con las decisiones de política migratoria tomadas a nivel nacional. Los anuncios en Ecuador y Perú en agosto de 2018 para establecer una presentación válida del pasaporte como condición de entrada dieron como resultado un aumento en el número de venezolanos que intentaban llegar a esos países en los días anteriores a la fecha en que las medidas entrarán en vigor. En enero de 2019, después de que las autoridades ecuatorianas introdujeron cambios en el requisito de ingreso para los venezolanos al instituir la provisión de certificados de antecedentes penales, las llegadas diarias de venezolanos disminuyeron de 3.169 a 771 tres días después de la introducción de la medida (una reducción del 75%).

La salida creciente alcanzó un punto crítico de inflexión en el primer trimestre de 2018, cuando varios factores adicionales convergieron: a) gran concentración de venezolanos en puntos fronterizos y otras áreas receptoras con malas condiciones de recepción que generan mayores riesgos para la salud pública; b) las estructuras públicas y los recursos disponibles a nivel local en los países receptores se volvieron claramente insuficientes para hacer frente a las necesidades inmediatas de protección, vivienda, alimentos y artículos no alimentarios (NFI); c) las capacidades de las autoridades de migración y asilo para manejar la alta demanda de documentación y estatus legal fueron sobrecargadas; d) los individuos y las familias estaban llegando en condiciones extremadamente vulnerables y con una capacidad de recuperación y autosuficiencia significativamente reducida como resultado de un acceso limitado y prolongado a los bienes y servicios básicos; d) el uso intensificado de rutas terrestres inseguras para llegar a su país de destino temporal o final, lo que plantea amenazas crecientes para la vida y la dignidad de los venezolanos en movimiento.

A principios de 2019, las condiciones previamente identificadas siguen estando presentes, y se han puesto de manifiesto consecuencias humanitarias adicionales y complejas. Los datos oficiales más recientes, los informes de la Matriz de Seguimiento de Desplazamientos (DTM, por sus siglas en inglés) y las actividades y servicios de monitoreo en el campo para satisfacer las necesidades básicas al mismo tiempo que enfrentan el desarrollo o el empeoramiento de las condiciones de salud. Las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos y los niños no acompañados y separados forman parte de este grupo de venezolanos que a menudo deben usar rutas inseguras donde están expuestos a la violencia, traficantes y contrabandistas, abuso y explotación, y GVB. En el caso de los niños, también existe un riesgo de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales organizadas.

• Durante los picos en el número de llegadas a los principales puntos de entrada regulares, los tiempos de espera aumentan considerablemente a medida que se excede la capacidad de procesamiento. En ese punto de su ruta migratoria, las personas y familias que llegan a los puntos fronterizos con mayor frecuencia ya han agotado sus recursos limitados y no tienen medios de subsistencia, incluido el acceso a alimentos, refugio, NFI básico y WASH seguro y atención médica de emergencia. para ellos y sus familias. Este escenario aumenta aún más su vulnerabilidad a la explotación por parte de traficantes y contrabandistas.
• Una vez en el país de destino, los venezolanos enfrentan importantes desafíos para acceder a los servicios sociales y de protección básicos, y los que se encuentran en una situación irregular o que pertenecen a comunidades indígenas se encuentran entre los más vulnerables. Las personas con enfermedades crónicas de alto costo, las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños acompañados o los niños separados a menudo tienen necesidades de atención acumulada y muestran condiciones de salud deterioradas. Las necesidades no satisfechas también son evidentes en las áreas de alojamiento, nutrición, WASH y educación infantil. A medida que las necesidades no satisfechas se acumulan, también lo hace el riesgo de explotación, abuso y participación en la supervivencia sexual y otras actividades de alto riesgo.

Los datos del DTM también han demostrado que más allá de las necesidades humanitarias y de protección inmediatas, los migrantes y refugiados venezolanos dan prioridad a la búsqueda de oportunidades de generación de ingresos sostenibles y al acceso a los sistemas de atención médica y educación. En contraste, las percepciones negativas sobre la migración y las venezolanas entre las comunidades de acogida en algunos países receptores se ven frecuentemente impulsadas por la información sobre los esfuerzos presupuestarios realizados por los gobiernos para cumplir con los derechos de salud y educación de la población entrante, mientras que las comunidades receptoras a menudo se encuentran aún enfrentando dificultades de pleno derecho. acceso. Los riesgos de actitudes y acciones discriminatorias y xenófobas se han visto acentuados por el efecto en la opinión pública de casos aislados de violencia o crímenes que involucran a ciudadanos venezolanos como presuntos autores.

Los países receptores de la región han mantenido, hasta el momento, una encomiable política de puertas abiertas y han demostrado una considerable solidaridad con los venezolanos. La mayoría de los gobiernos de los países afectados han estado desarrollando y adaptando sus arreglos institucionales y mecanismos de respuesta programática para brindar asistencia y protección de emergencia y allanar el camino hacia la integración socioeconómica en condiciones locales altamente complejas y con capacidad institucional sobrecargada. Junto con el registro (por ejemplo, el Registro Administrativo de Migrante Venezolanos-RAMV, en Colombia), la prestación de asistencia humanitaria y el acceso a servicios sociales, a veces en el marco de las declaraciones de emergencia (por ejemplo, Brasil y Ecuador), los gobiernos también han establecido acciones ordinarias y extraordinarias. Mecanismos como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú, la Residência Temporária en Brasil, el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en Colombia y la Visa de Responsabilidad Democrática en Chile. En diciembre de 2018, 13 estados de la región habían otorgado 1.3 millones de permisos de residencia y otras formas de estatus migratorio regular, con Colombia, Chile, Perú y Argentina a la cabeza de la lista.

Los gobiernos de los principales países receptores también han abordado la necesidad de coordinación interestatal y armonización de políticas. Si bien las discusiones sobre la situación en Venezuela se han celebrado en la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional promovido por la Unión Europea, la mayoría de los países signatarios de la Declaración de Quito han respaldado un Plan de Acción integral presentado en noviembre de 2018 durante el II Encuentro Internacional de Quito; se ha programado una tercera reunión para principios de abril de 2019.

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