El informe «Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela», es un esfuerzo de documentación conjunto, realizado por diversas ONG de ese país, que debido a la intensa situación de represión dentro del país, se divulga bajo el nombre genérico “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”.

El reporte incluye patrones de violaciones a derechos humanos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024, con datos de más de 25 iniciativas asociativas del país. El informe concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “Terrorismo de Estado”; y que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.

Finalmente, aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”.

Sobre las situaciones documentadas y reflejadas en el informe se encuentra que antes del 28 de julio, durante los primeros meses del año, 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión. Durante el primer semestre se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56%. Sólo durante el mes de julio habrían ocurrido 1.311 movilizaciones, de las cuales el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos.

Durante los primeros 7 meses del año por lo menos 169 personas harían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo. Como caso emblemático durante este lapso se encuentra la violación del derecho al asilo de las 6 personas refugiadas en la sede de la embajada de Argentina en Caracas.

Durante la jornada electoral del 28 de julio las organizaciones de observación ciudadana registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. No obstante, el 35% de los electores esperó menos de una hora para sufragar, mientras que el 30.4% esperó entre una y dos horas. En el 70% de los centros electorales se encontraban puntos proselitistas, mientras que entre el 33% y el 22% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores.

Hasta las 6:00 PM la actuación de los funcionarios del “Plan República” se puede calificar como institucional. Sin embargo, a partir de esa hora recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana. Entre el 44 y el 24% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio. En el 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos.

Ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, mientras que por lo menos ocurrieron 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de 8 personas heridas de bala y 1 asesinada. Estos ataques no sólo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades. Las irregularidades vinculadas a la difusión de los supuestos resultados fueron recogidas en los reportes preliminares del Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas, los dos más altos entes con capacidad técnica invitadas por las autoridades para realizar observación electoral durante los comicios.

Posterior al 28 de julio, la movilización popular en reacción al desconocimiento de la voluntad popular fue abordado por el gobierno mediante una combinación de métodos “duros” y “blandos”, como había diagnosticado la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas en un informe previo sobre la situación del país. Para neutralizar a corto plazo las protestas las autoridades ordenaron una represión masiva y feroz, en la que entre 24 a 26 personas habrían perdido la vida en el contexto de manifestaciones. Además, se determinó una cuota de personas a detener, de más de dos mil ciudadanos, para generar un efecto inhibitorio, generando condiciones para la extorsión masiva por parte de los funcionarios. Estos mecanismos “duros” fueron, luego del 31 de agosto, complementados con mecanismos “blandos”, que incluyeron la aprobación de una ley contra las ONG, la anulación masiva de pasaportes, despidos por razones políticas, estímulo de la delación comunitaria a través de una aplicación tecnológica, revisión de teléfonos celulares en alcabalas y la divulgación de mensajes atemorizantes por parte de voceros gubernamentales.

Nicolás Maduro ha sido el vocero principal de las estrategias de represión, divulgadas públicamente, incluyendo la fabricación de falsos positivos para deslegitimar las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida en el contexto de las protestas, de manera coordinada a diferentes niveles del poder público, en conjunto con sus aliados. Hasta el 29 de agosto había 1.590 detenidos confirmados por las ONG, 86.1% hombres y 13.9% mujeres. En los patrones vinculados a las detenciones hubo desapariciones forzadas de corta duración, negativa a poder ser representados por sus abogados de confianza, aplicación masiva de la legislación contra el terrorismo, realización de audiencias virtuales en juicios sumarios, privación de libertad a adolescentes y personas con discapacidad. Además, después del 28 de julio se registraron por lo menos 184 actuaciones de civiles armados, conocidos como “colectivos”.

El informe incluye un reporte especial de un estado del interior del país, Yaracuy, para visibilizar la situación de vulneración de derechos fundamentales fuera de la región capital, que usualmente es la que recibe mayor atención.

Entre las recomendaciones del informe, dirigidas a la comunidad internacional, se encuentran mantener los esfuerzos de mediación y presión diplomática sobre las autoridades venezolanas; incrementar las medidas de reconocimiento individual a los responsables de violaciones a los derechos humanos; tomar medidas para reconocer a los venezolanos que saldrán del país como beneficiarios de refugio según la Declaración de Cartagena; que los Estados parte del Estatuto de Roma incidan en la Corte Penal Internacional para que las situaciones denunciadas se incluyan dentro del expediente de la investigación, así como iniciar procesos de justicia universal en sus jurisdicciones; que se mantenga el no reconocimiento de los resultados anunciados por el CNE hasta que no exista una divulgación detallada, verificada por una revisión forense electoral realizada por técnicos electorales independientes; la revisión regional de la Carta Democrática Interamericana y la creación de nuevos y novedosos mecanismos para la incidencia multilateral sobre quiebres institucionales en el continente; la inclusión del tema Venezuela en la Cumbre Celac-Unión Europea a realizarse en Colombia en el año 2025; que las organizaciones sociales y ONG regionales desarrollen iniciativas de “Nombrar y avergonzar” a los violadores de DDHH de Venezuela, así como experiencias de solidaridad con las organizaciones nacionales que trabajan sobre el terreno en condiciones de mayor restricción y, finalmente, que la comunidad internacional reconozca como interlocutor en la crisis venezolana a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela” tiene por subtítulo “El informe negro de la dictadura 2024”, en alusión a un documento similar divulgado en 1952 para denunciar los excesos del régimen militar de Marcos Pérez Jiménez. “Este reporte es una continuación de aquellos anhelos de democracia y dignidad”, afirmaron los autores.

Consulte el informe «Crisis postelectoral y de derechos humanos 2024 en Venezuela»

Human Rights of Venezuela in Movement presents the report “Post-electoral and human rights crisis 2024 in Venezuela: The black report of the dictatorship

“Post-electoral and Human Rights Crisis 2024 in Venezuela” is a joint documentation effort, by different NGOs in that country, which due to the intense situation of repression within the country is disclosed under the generic name of “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”.

The report includes patterns of human rights violations that occurred before, during and after the election day of July 28th, 2024, with data from more than 25 associative initiatives in the country. The report concludes that the actions of the authorities ratify that in Venezuela the crime of persecution for political reasons, a crime against humanity included in the Rome Statute, continues to be committed; That the coordinated actions of the different institutions of public power, aimed at promoting generalized fear as a mechanism of control and coercion, must be qualified as “State Terrorism”; That the serious erosion of democratic institutionality has repealed, by way of facts, 21. 7% of the articles of the Magna Carta, linked to fundamental rights, for which reason a regime of exception has been established in the country by de facto means. Finally, even if the will of the people had been recognized by the current authorities, the continuous barriers erected in the electoral process, in a generalized and systematic manner, hindering the exercise of the rights of freedom of peaceful assembly and association, would also have prevented the electoral process from being qualified as “free” and “fair”.

Regarding the situations documented and reflected in the report, it is found that before July 28th, during the first months of the year, 25 people were arrested for reporting, 58 websites and portals had been blocked for free access and 98 complaints about violations of freedom of expression were processed. During the first half of the year, 2,383 protests were registered, of which demands for Economic, Social and Cultural Rights accounted for 56%. During the month of July alone, there were 1,311 mobilizations, 90% of which were for the demand of civil and political rights. During the first 7 months of the year, at least 169 people were arbitrarily detained for political reasons, one of the cases being that of the human rights defender Rocío San Miguel. 49 people were reportedly detained for supplying goods and services to Edmundo González Urrutia’s campaign, while 24 establishments were sanctioned for this reason. An emblematic case during this period is the violation of the right to asylum of the 6 refugees at the Argentine embassy in Caracas.

During the July 28th election day, citizen observation organizations registered between 53.8% and 65.9% of incidents in polling centers that delayed the voting process. However, 35% of voters waited less than one hour to vote, while 30.4% waited between one and two hours.In 70% of the polling centers there were proselytizing points, while between 33% and 22% of the centers the use of public resources for the mobilization of voters was observed.Up to 6 pm, the actions of the “Plan República” officials can be described as institutional. However, after that time they received orders from their superiors to prevent the presence of witnesses and citizen verification. Between 44 and 24% of the centers allowed the presence of witnesses in the scrutiny acts. In 30.5% of the centers the delivery of copies of the tally sheets to witnesses was denied. On that day, 20 situations occurred that were detrimental to the right to freedom of expression and information, while at least 86 actions were carried out by groups of armed persons affected to the pro-government party, in 17 different states, with a balance of 8 injured persons of bullet wounds and 1 killed. These attacks suggest not only national coordination, but tolerance on the part of the authorities. The irregularities linked to the dissemination of the supposed results were included in the preliminary reports of the Carter Center and the Panel of Electoral Experts of the United Nations, the two highest entities with technical capacity invited by the authorities to carry out electoral observation during the elections.

After July 28th, the popular mobilization in reaction to the disregard of the popular will was dealt with by the government through a combination of “hard” and “soft” methods, as the United Nations Independent Fact-Finding Mission had diagnosed in a previous report on the situation in the country. In order to neutralize the protests in the short term, the authorities ordered a massive and fierce repression, in which 24 to 26 people were reportedly killed in the context of demonstrations. In addition, a quota of more than two thousand citizens to be detained was set to generate an inhibiting effect, creating conditions for massive extortion by officials. These “hard” mechanisms were, after August 31, complemented with “soft” mechanisms, which included the approval of a law against NGOs, the massive cancellation of passports, dismissals for political reasons, the encouragement of community denunciation through a technological application, the checking of cell phones in police stations and the dissemination of frightening messages by government spokespersons.

Nicolás Maduro has been the main spokesman of the repression strategies, which have been publicly disclosed, including the fabrication of false positives to delegitimize reports of violations to the right to life in the context of the protests, in a coordinated manner at different levels of public power, in conjunction with his allies. As of August 29th there were 1590 detainees confirmed by NGOs, 86.1% men and 13.9% women. In the patterns linked to the detentions there were forced disappearances of short duration, refusal to be represented by their trusted lawyers, massive application of anti-terrorism legislation, virtual hearings in summary trials, deprivation of liberty of adolescents and people with disabilities. In addition, after July 28th, at least 184 actions by armed civilians, known as “Colectivos”, were registered.

The report includes a special report on a state in the interior of the country, Yaracuy, to make visible the situation of fundamental rights violations outside the capital region, which usually receives the most attention.

Among the recommendations of the report, addressed to the international community, are to maintain mediation efforts and diplomatic pressure on Venezuelan authorities; to increase measures of individual recognition of those responsible for human rights violations; to take measures to recognize Venezuelans who will leave the country as beneficiaries of refuge according to the Cartagena Declaration; That the States parties of the Rome Statute influence the International Criminal Court so that the situations denounced are included within the investigation file, as well as initiate universal justice processes in their jurisdictions; That the non-recognition of the results announced by the CNE be maintained until there is a detailed disclosure, verified by an electoral forensic review carried out by independent electoral technicians; The regional review of the Inter-American Democratic Charter and the creation of new and novel mechanisms for multilateral advocacy on institutional breakdowns in the continent; The inclusion of the issue of Venezuela in the Celac-European Union Summit to be held in Colombia in 2025; That social organizations and regional NGOs develop initiatives to “Name and Shame” the violators of human rights in Venezuela, as well as experiences of solidarity with national organizations working on the ground under conditions of greater restriction and, finally, that the international community recognizes the victims of human rights violations as interlocutors in the Venezuelan crisis.

“Post-electoral and Human Rights Crisis 2024 in Venezuela” is subtitled ‘The Black Report of the Dictatorship 2024’, in allusion to a similar document released in 1952 to denounce the excesses of the military regime of Marcos Pérez Jiménez. “This report is a continuation of those yearnings for democracy and dignity,” the authors stated.

See the report «Post-electoral and human rights crisis 2024 in Venezuela»