En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han alcanzado importantes logros para garantizar y promover los derechos políticos de las mujeres.

Estos avances han sido impulsados principalmente a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), las Conferencias Mundiales de la Mujer celebradas en Nairobi (1985) y en Beijing (1995), y la adopción de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. De esta manera, se han aportado logros normativos muy significativos para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible hacia el año 2030.

Dentro de la Agenda de Desarrollo 2030, la participación política de la mujer es considerada como un requisito indispensable. El logro de políticas públicas que incorporen la perspectiva de género desde su diseño hasta su implementación y seguimiento, constituyen pilares invaluables para la conformación de un Estado inclusivo que garantice la igualdad sustantiva de derechos entre hombres y mujeres para el buen gobierno y el desarrollo sostenible. [1]

La noción del Estado, con base a la igualdad de género como forma de gobierno, surge en 1998 con la inclusión de un nuevo concepto: “Democracia paritaria”, referido a la equidad entre hombres y mujeres en el acceso a los mandatos y a las funciones. La paridad en la toma de decisiones sobre el presente y futuro de las sociedades es indispensable dentro del sistema democrático.[2]

Este concepto de democracia paritaria es integral y convoca a un nuevo contrato social, basado en el reequilibrio entre los géneros con responsabilidades compartidas entre familia, Estado, sociedad y empresas. Logrando transformaciones profundas desde la gobernanza, la participación política, la economía, la eliminación de la violencia contra las mujeres, la educación y la comunicación en valores de igualdad entre los géneros.

No obstante, de acuerdo a los datos presentados por ONU Mujeres en 2016, se señala que a pesar de que América Latina y el Caribe han visto un avance normativo con la introducción en sus legislaciones de distintos instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia, en la práctica reflejan realidades dispares. La ausencia de mujeres presidentas y los bajos porcentajes de representatividad femenina en los parlamentos, así como en cargos a escala local de toda la región presentan cifras reveladoras, donde sólo el 29,3% de la totalidad de cargos legislativos y en los parlamentos nacionales es de representación femenina; y en el ámbito local apenas se alcanza el 13,4% de mujeres electas como alcaldesas y un 28,8% como concejalas. [3]

Venezuela tampoco escapa a esta realidad. Para las mujeres venezolanas la crisis social, económica y política en la que se encuentra el país se ha traducido en estancamiento y retrocesos en materia de igualdad, equidad y acceso a oportunidades de desarrollo y participación política y social.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) como parte del equipo promotor de la Red Naranja, ha planteado los retos que existen sobre la igualdad de género en la democracia venezolana, impulsando la realización de talleres de formación, conversatorios y acciones de calle para visibilizar estas realidades.

En 2017 Cepaz, junto a otras organizaciones, presentó el Informe Parlamento Género Sensitivo, reflejando la baja representación política y la exclusión en los espacios de poder de las mujeres en los parlamentos, ya sea la Asamblea Nacional, Legislativa o Municipal. La falta de las condiciones, mecanismos legales y de estrategias efectivas que incorporen la discusión de la paridad y alternabilidad en los procesos electorales, ha originado un importante retroceso al registrar que solo el 21% de la población fémina forma parte de la vida política del país.

En tal sentido, hay que señalar que el decremento de la participación de las mujeres en la actividad política tiene sus inicios en el año 2000 cuando el Consejo Nacional Electoral, en sesión extraordinaria, dictó la Resolución No. 000321-544 , aprobando derogar el artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Ley que contemplaba la obligatoriedad de una cuota electoral femenina del treinta por ciento (30%) en la participación política, a los efectos de las elecciones nacionales, estadales, municipales y de los representantes al Parlamento Latinoamericano y Andino.

Aun así, luego de diecisiete años no se han dado las medidas de acción positiva a favor de las mujeres en el ámbito político electoral, lo que constituye el mayor desafío para impulsar cambios y desarrollar acciones de formación para generar la sensibilización sobre el tema.

Cepaz hace un llamado a la sociedad civil a comprender que estos no son temas que solo les corresponden a las mujeres, sino al Estado y la sociedad civil en su conjunto. Pues el aporte de la mujer a la recuperación de los pilares fundamentales de la democracia, en la defensa de los derechos humanos, en la construcción de plataformas alternativas de participación ciudadana y comunitaria es vital.

Es necesario generar una participación efectiva de las mujeres con el fin de superar la discriminación de la que siguen siendo objeto, al no tener presencia en los espacios donde se toman decisiones que afectan su calidad de vida.

Uno de los retos más grandes que enfrentamos y que desde Cepaz planteamos, aún más en medio de la crisis, es fomentar la inclusión y la posibilidad del desarrollo pleno de los derechos políticos de la mujer. Por esta razón, nuestra tarea fundamental como parte de la sociedad civil, es la recuperación de la democracia, porque solo en democracia se pueden superar las brechas que nos separan de la inclusión efectiva.

Es por ello que si bien tenemos, en conjunto con toda la sociedad, la tarea de restituir el hilo democrático, también debemos procurar que el modelo que se les ofrezca como alternativo a las venezolanas garantice instituciones que la defiendan cuando se violan sus derechos y promuevan su participación política para empoderar el desarrollo pleno de sus capacidades.

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[1] Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres, 2017. Democracia paritaria: cómo prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres en la política. Véase en:
http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2018/2/violencia%20poltica%20coleccin%20gua%20democracia%20paritaria.pdf?la=es&vs=2540
[2] Amnistía Internacional, 2017. Democracia paritaria: la mujer como agente de cambio. Véase en:
https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/03/1978/democracia-paritaria
[3] Cumbre de género, 2017. Mujeres líderes en el espacio local iberoamericano llevan a cabo diálogo político en pos de una democracia paritaria, 2015. Véase en:https://cumbregenero.eventosuim.org/noticias/mujeres-lideres-en-el-espacio-local-iberoamericano-llevan-cabo-dialogo-politico-en-pos-de-una-democracia-paritaria/
[4] Zúñiga, Y. 2016. Parity democracy: from theory to practice, 2016. Véase en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-09502005000200006