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Comunicado sobre la suspensión del TPS para venezolanos en EE. UU. / Statement on the Suspension of TPS for Venezuelans in the U.S.

Las organizaciones Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) y el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) expresamos nuestra profunda preocupación ante la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos. Esta medida amenaza la estabilidad y seguridad de aproximadamente 300,000 personas que podrían enfrentar deportaciones masivas a un país donde sus vidas y derechos fundamentales están en peligro. Además, otros 250,000 beneficiarios del TPS, cuya designación se mantiene vigente, temen que esta decisión marque el inicio de una política más restrictiva que los deje igualmente desprotegidos.

Aún más preocupante es la narrativa que ha acompañado esta decisión en la que se ha promovido una caracterización injusta y estigmatizante de los migrantes venezolanos, vinculándolos con organizaciones criminales de manera generalizada y sin fundamento. Esto no solo es una distorsión de la realidad, sino que expone a la comunidad venezolana en Estados Unidos a discriminación, criminalización y xenofobia. Según datos del propio DHS, menos del 1% de los beneficiarios del TPS tendría algún vínculo con actividades delictivas, lo cual demuestra que estos señalamientos carecen de respaldo y fomentan percepciones erróneas que ponen en riesgo la integridad de miles de personas que han contribuido positivamente a la sociedad y la economía estadounidense.

Además, la justificación de la suspensión del TPS bajo el argumento de que la situación en Venezuela ha mejorado es completamente errónea. La crisis humanitaria sigue siendo grave: el 70.6% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, el acceso a la salud es extremadamente precario y la persecución política se ha intensificado. Lejos de mejorar, el panorama en Venezuela se ha deteriorado con un mayor cierre del espacio cívico y un aumento de la represión estatal.

Tras la crisis poselectoral de 2024, el riesgo de violencia y persecución contra la oposición y la sociedad civil ya se ha materializado a través de cientos de casos suficientemente documentados por organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del país. Deportar a venezolanos en estas condiciones es una violación del principio del derecho consuetudinario internacional de no devolución, un pilar fundamental aceptado por cientos de países que ampara a millones de refugiados en todo el mundo.

Las consecuencias de esta decisión no solo afectan a quienes residen en Estados Unidos, sino que envían un mensaje preocupante a la comunidad internacional. La deportación de venezolanos los expone a represalias, encarcelamiento arbitrario y persecución, además de ser utilizados con fines de manipulación política. Casos recientes, como el de los solicitantes de asilo deportados por Islandia, han evidenciado que quienes regresan son tratados como traidores y enfrentan graves abusos por parte del régimen venezolano.

Instamos a la administración de los Estados Unidos a reconsiderar esta medida y a alinear su política migratoria con su compromiso histórico con la protección internacional y los derechos humanos. Exhortamos a que se rectifique la narrativa que criminaliza a la población venezolana y se garantice la continuidad del TPS para quienes dependen de este estatus para vivir con dignidad y seguridad. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, organismos multilaterales y sociedad civil a exigir el respeto y la garantía de los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos.

La crisis en Venezuela no ha terminado, y las vidas de millones de personas siguen en riesgo. Estados Unidos, como nación que históricamente ha defendido la democracia y los derechos humanos, tiene la responsabilidad de adoptar una postura coherente con estos principios y brindar protección a quienes han sido forzados a huir de la persecución, la pobreza extrema y la violencia, condiciones estas debidamente descritas en las dos designaciones de TPS para Venezuela que hoy corren el riesgo de ser eliminadas definitivamente.

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