La directora ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges, señaló durante el panel Mujeres y niñas en conflictos olvidados, organizado en el marco del 67 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), que Venezuela no es oficialmente una guerra, pero desde 2015 atraviesa una emergencia humanitaria compleja que tiene graves consecuencias para toda la población y afecta de manera diferenciada a las mujeres, adolescentes y niñas.

Una emergencia humanitaria compleja es una crisis humanitaria donde hay una perturbación dramática en los órdenes político, económico y social, que resulta de conflictos internos, externos, o desastres naturales. Esta situación socava gravemente la capacidad de la sociedad para sobrevivir y de las autoridades nacionales para responder, y requiere una respuesta multisectorial internacional coordinada, pues tiene los efectos de un conflicto armado.

En Venezuela, la emergencia humanitaria compleja tiene su base en una disrupción política, pues aunque el país no está oficialmente en guerra, la situación tiene graves secuelas, ya que debilita la posibilidad de sobrevivencia y causa sufrimiento en la población. Toda esta afectación a la población venezolana no es neutral en cuanto al género y las mujeres se ven profundamente impactadas.

Afectación diferenciada 

Borges mencionó algunas cifras que reflejan la magnitud de las consecuencias de la grave crisis que atraviesa Venezuela. Estos datos forman parte del informe Ser Mujer en Venezuela: Diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria. presentado por la alianza Con Ellas. Este estudio no solamente recoge información sobre el impacto diferenciado que la emergencia humanitaria tiene sobre las mujeres, adolescentes y niñas, sino que también presenta algunas propuestas para mitigar estas repercusiones.

Indicó la directora de Cepaz que debido a los altos costos y a los bajos ingresos que perciben, una de cada cuatro mujeres no tiene acceso a productos de higiene menstrual desechables. La pobreza menstrual es una realidad para miles de adolescentes y mujeres en Venezuela.

Adicionalmente, su salud se ve afectada debido al grave deterioro que presentan los servicios de salud (17%) y por la falta de recursos (60%), que impiden el acceso a las mujeres a atención y tratamiento adecuados para enfermedades crónicas. El 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia padece una condición crónica de salud, como hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal. Un 32% respondió que no había recibido los medicamentos necesarios para su tratamiento, principalmente por el costo de los mismos (68%).

Priorizar la alimentación por encima de la salud

Esta situación se agrava debido a que las mujeres tienden a priorizar los gastos de alimentación por encima de los de salud. A pesar de ello, 8 de cada 10 mujeres cree que la cantidad de alimentos que logran comprar para sus hogares es insuficiente (47,79%), aunque 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en comida. El 76% de las mujeres encuestadas aseveró que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.

Para paliar esta situación, las mujeres recurren a diversas estrategias: comprar a crédito (36%), gastar ahorros (55%), pedir comida prestada o ayuda a otros (40%), pedir dinero prestado (43%), reducir el tamaño de las porciones (65%), reducir la cantidad de comidas al día (44%) o reducir los gastos de salud, educación, u otros (40%).

Sobre la salida forzada del país, las mujeres mencionaron que el proceso de movilidad humana lo inician principalmente para conseguir o cambiar de trabajo y mejorar sus ingresos (32%), lograr la reunificación familiar o tener acceso a medicinas y servicios de salud (16%). Quienes aún no han emprendido el camino migratorio, pero tienen la intención de mudarse (1 de cada 10 mujeres entrevistadas), 64% señalaron que se irían a otro país para mejorar los ingresos (25%), tener acceso a medicinas o servicios de salud y/o acceso a servicios públicos (24%), conseguir o cambiar de trabajo (16%) y reunificarse con sus familiares (11%).

Violencia de género en aumento

Borges agregó que la violencia contra las mujeres sigue incrementándose en Venezuela. En 2021 el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar. Los tipos de violencia más comunes fueron: psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%). Estas violencias fueron cometidas, en el 64% de los casos, por las parejas o ex parejas. Solo el 31% de las mujeres que refirieron ser víctimas de violencia denunciaron el caso. El 60% lo hizo ante una institución u oficina pública. Un 30% lo contó a amigos o vecinos y el 10% acudió ante organizaciones sociales. Las principales razones para no denunciar fueron que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para hacer la denuncia son inaccesibles para las víctimas (9%).

Comunidad LGBTI

Sobre las personas que se identificaron como integrantes de la comunidad LGBTI, el 31% señaló que presentan alguna condición crónica de salud. De ese grupo, el 39% dijo que no cuenta con atención médica y 25% señaló que no tiene acceso a los medicamentos necesarios para el tratamiento.

Casi la mitad (48%) de las personas LGBT encuestadas aseguraron haber sufrido algún episodio de abuso o violencia por parte de terceros. El 48% de las mujeres lesbianas encuestadas informaron haber sufrido algún tipo de abuso o violencia por parte de un funcionario policial. Un 19% de personas binarias ha sido objeto de abuso o violencia por parte de compañeros de trabajo. Dentro del grupo familiar la violencia psicológica (38%), la simbólica (27%) y la física (22%) son las más comunes. El 73% admitió que no realizaron alguna denuncia por falta de acceso a las instancias correspondientes (19%); miedo a represalias (17%); desconfianza (15%) o porque no se consideró grave el abuso o la violencia (44%)

Propuestas

La defensora de derechos humanos concluyó presentando algunas propuestas hechas por la alianza Con Ellas, como la publicación periódica de cifras oficiales sobre la crisis desagregadas por sexo; la priorización en la localización y asignación de fondos a proyectos con enfoque de género y a organizaciones que trabajen en terreno. Otra de las recomendaciones es favorecer la atención integral en salud de las mujeres con condiciones transmisibles o no, así como crónicas y de alto costo.

También mencionó el desarrollo de políticas de emergencia para la atención a mujeres en situación de movilidad con un enfoque de protección y derechos; combatir la discriminación, violencia y estereotipos de género; promover el fortalecimiento de las capacidades para la independencia económica de las mujeres; y el desarrollo de políticas alimentarias inclusivas con atención especial a mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

Beatriz Borges, Cepaz’s executive director pointed out during the panel about “Women and girls in forgotten conflicts”, organized in the framework of the 67th session of the Commission on the Status of Women (CSW), that Venezuela is not officially at war, but since 2015 it has been going through a complex humanitarian emergency that has serious consequences for the entire population and affects women, and girls in a differentiated manner.

A complex humanitarian emergency is a humanitarian crisis where there is a dramatic disruption in the political, economic and social orders, resulting from internal, external conflicts, or natural disasters. This situation severely undermines the capacity of society to survive and of national authorities to respond, and requires a coordinated international multisectoral response, as it has the effects of an armed conflict.

In Venezuela, the complex humanitarian emergency is based on a political disruption, because, although the country is not officially at war, the situation has serious consequences, as it weakens the possibility of survival and causes suffering among the population. All issues affecting the Venezuelan population are not gender neutral and women are deeply impacted.

Differentiated Impact

Borges mentioned some figures that reflect the magnitude of the consequences of the serious crisis that Venezuela is going through. These data are part of the report “Being a Woman in Venezuela: Community Diagnosis and Proposals for Humanitarian Action”, presented by the NGO Alianza Con Ellas. This study not only gathers information on the differentiated impact that the humanitarian emergency has on women, adolescents and girls, but also presents some proposals to mitigate these repercussions.

The director of Cepaz indicated that due to high costs and low income, one in four women do not have access to disposable menstrual hygiene products. Menstrual poverty is a reality for thousands of adolescents and women in Venezuela.

In addition, their health is affected by the serious deterioration of health services (17%) and by the lack of resources (60%), which prevent women from accessing adequate care and treatment for chronic diseases. Thirty-two percent of the women surveyed indicated that they or a member of their family suffers from a chronic health condition, such as hypertension, diabetes, hypo/hyperthyroidism, and renal insufficiency. Thirty-two percent responded that they had not received the necessary medications for their treatment, mainly because of the cost of the medications (68%).

Prioritizing Food over Health

This situation is aggravated by the fact that women tend to prioritize food expenses over health expenses. In spite of this, 8 out of 10 women believe that the amount of food they manage to buy for their households is insufficient (47.79%), although 6 out of 10 responded that almost the entire family budget is spent on food. Seventy-six percent of the women surveyed said that at least one person in their household is malnourished.

To alleviate this situation, women resort to various strategies: buying on credit (36%), spending savings (55%), borrowing food or help from others (40%), borrowing money (43%), reducing portion sizes (65%), reducing the number of meals per day (44%), or reducing health, education, or other expenses (40%).

Regarding forced departure from the country, women mentioned that they initiate the process of human mobility mainly to get or change jobs and improve their income (32%), achieve family reunification or have access to medicines and health services (16%). Those who have not yet embarked on the migration path, but intend to move (1 in 10 women interviewed), 64% indicated that they would go to another country to improve their income (25%), have access to medicines or health services and/or access to public services (24%), get or change jobs (16%) and reunite with family members (11%).

Gender Violence on the Rise

Borges added that violence against women continues to increase in Venezuela. In 2021, 7% of the women interviewed reported having been victims of family violence. The most common types of violence were: psychological (87%), physical (59%), symbolic (25%), economic (24%) and sexual (10%). In 64% of the cases, this violence was committed by partners or ex-partners. Only 31% of the women who reported being victims of violence reported the case. Sixty percent reported it to a public institution or office. Thirty percent told friends or neighbors and 10% went to social organizations. The main reasons for not reporting were that the acts were not considered serious (37%), fear of reprisals (36%), distrust of institutions (14%) and because the services for reporting are inaccessible to victims (9%).

LGBTI Community

Of the people who identified themselves as members of the LGBTI community, 31% indicated that they have some chronic health condition. Of this group, 39% said that they do not have medical attention and 25% said that they do not have access to the necessary medications for treatment.

Almost half (48%) of the LGBTI people surveyed reported having suffered some episode of abuse or violence by third parties. 48% of lesbian women surveyed reported having experienced some type of abuse or violence by a police officer. Nineteen percent of binary people have been subjected to abuse or violence by co-workers. Within the family group, psychological (38%), symbolic (27%) and physical (22%) violence are the most common. Seventy-three percent admitted that they did not file a complaint due to lack of access to the corresponding authorities (19%); fear of reprisals (17%); distrust (15%) or because the abuse or violence was not considered serious (44%).

Proposals

The human rights defender concluded by presenting some proposals made by Alianza Con Ellas, such as the periodic publication of official figures on the crisis disaggregated by sex; the prioritization in the location and allocation of funds to projects with a gender focus and to organizations that work in the field. Another recommendation is to favor comprehensive health care for women with communicable and non-communicable conditions, as well as chronic and high-cost conditions.

It also mentioned the development of emergency policies for the care of women in situations of mobility with a focus on protection and rights; combating discrimination, violence and gender stereotypes; promoting capacity building for women’s economic independence; and the development of inclusive food policies with special attention to pregnant women, children and adolescents.