La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática ^[1]. La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información por medios visuales, escritos o verbales.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, a partir del 13 de marzo de 2020, fecha en la que se declara el estado de alarma debido a la propagación del COVID-19, en Venezuela se intensificó de manera acelerada la aplicación de los patrones de persecución y censura, y con ello la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos, incluso de los comunicadores que han, de manera responsable, transmitido y difundido información necesaria en estos tiempos de emergencia. Pero no solo la transmisión de información se encuentra amenazada en Venezuela, el ciudadano que la difunde o que quiere tener acceso a ésta, también se encuentra restringido, toda vez que las fallas eléctricas, de internet, y la censura de los medios, afecta directamente el derecho a estar informados.

Así pues, en tiempos de emergencias sanitarias mundiales, mientras un Estado responsable debiera avocarse al control de la pandemia para salvar vidas, el régimen de facto continúa apostándole a las prácticas sistemáticas de persecución para ejercer el control y mantenerse en el poder.

En este sentido, en el ejercicio de sus derechos humanos, constitucionales, civiles y políticos, los comunicadores, en su rol fundamental en el contexto de la pandemia, tienen el derecho de visibilizar, documentar y exigir condiciones óptimas para enfrentar la emergencia. La salud y la vida son derechos fundamentales, y como tal requieren prioridad, y esto “no sólo depende del fácil acceso a la atención sanitaria. También depende del acceso a información precisa sobre la naturaleza de las amenazas y los medios para protegerse a sí mismo, a su familia y su comunidad” ^[2], por lo que la función del periodismo en este contexto es crucial para mantener a la población informada.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), hemos alertado, en el contexto del estado de alarma, la agudización de los patrones de persecución política en contra de la disidencia venezolana, el caso de la transmisión y el acceso a la información, es parte de estos patrones, a través de la persecución por opiniones emitidas en redes sociales, el cierre de medios de comunicación, el ataque contra las coberturas periodísticas y detenciones arbitrarias.

Así, al menos 18 detenciones de comunicadores sociales se han llevado a cabo en Venezuela desde la declaratoria de alerta nacional ^[3]. Las detenciones se produjeron de forma arbitraria y sin orden judicial, vulnerando no solo el derecho a la libertad de expresión, sino también el del debido proceso y el acceso a la justicia. Entre ellos podemos mencionar: al periodista Darvinson Rojas, quien fue detenido por 12 días; al locutor en 1300 AM, Arnaldo Sumoza, quien fue detenido y luego puesto en libertad con medidas cautelares. También se han presentado casos en donde son detenidos alrededor de una hora, son interrogados y hostigados, como es el caso de la reportera de Caraota Digital, Rosalí Hernández, el periodista del 2001, Kerlin Mosquera, la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez y el periodista de Rumbera 94.7 FM, Alexander Zerlín.  O casos como el periodista Eduardo Galindo Peña que aún se encuentra detenido.

Ahora bien, como parte del patrón de censura y persecución a los comunicadores, no solo se producen detenciones arbitrarias, sino también acciones contrarias a la libertad de prensa e información, como lo son el bloqueo de medios digitales, el impedimento de circulación de periodistas, el decomiso de equipos y el borrado de la información contenida en estos. Se ha registrado también cierre de emisoras y patrones de intimidación, amenazas y hostigamientos en general a los periodistas.

Entre los casos podemos mencionar el de la corresponsal de Factores de Poder, Sofía Torres, quien fue obligada a borrar la información de las entrevistas que realizó a personas que compraba medicamentos en Propatria, Caracas, mismo caso de la fotógrafa Tairy Gamboa y la periodista Ariadna García, ambas de Crónica Uno, quienes fueron hostigadas por funcionarios de PoliCaracas y las obligaron a borrar las grabaciones de su recorrido por los locales de Propatria Caracas. En el caso de la reportera de Vivoplay, Mariana de Barros, le impidieron trasladarse hacia Caracas a pesar de llevar consigo las credenciales de prensa. Mismo caso ocurrió cuando la GNB impidió la circulación del transporte que contenía las impresiones del Diario 2001.

Asimismo, la censura llega a un nivel alarmante con el bloqueo de los medios digitales y el cierre de emisoras, que debemos advertir es una práctica sistemática por parte del gobierno de facto, y que en tiempos de pandemia, cuando más información se necesita, continúan aplicando de forma arbitraria. Es el caso del bloqueo del portal informativo https://coronavirusvenezuela.info/ de la Asamblea Nacional legítima y la página del Centro de Comunicación Nacional de la Presidencia https://presidenciave.com/. Así también el cierre de las emisoras Radio Chévere 95.5 Fm, Oceánica 98.5 FM y Río 90.5 FM de Tucupita, y la emisora Kariñosa 106.1 FM, ubicada en el estado Anzoátegui

Por otra parte, la agudización de la crisis humanitaria, la escasez y el precario funcionamiento de los servicios públicos, forman parte de la censura generalizada que hoy se evidencia en Venezuela. Sobre este particular señalamos algunos casos, como el de la Prensa de Lara que dejó de circular desde el 23 de marzo por falta de combustible para distribuir el diario, y la emisora universitaria Luz Radio 102.9 FM, la cual salió del aire el 18 de marzo por falta de combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica. A la escasez de combustible debemos añadirle las fallas eléctricas. Se estima que un 89,4% de la población tiene fallas en el servicio eléctrico ^[4], y la precaria conectividad de la principal empresa de internet, Cantv. Se estima que el 51% de la población registra fallas en la conexión a internet. ^[5] Estas críticas cifras limitan profundamente, tanto el trabajo de los comunicadores como el acceso a la información por parte de la población. Así la censura en Venezuela se intensifica en tiempos de pandemia.

Adicionalmente, las redes sociales y medios de comunicación controlados por el régimen están siendo utilizados para amenazar e intimidar a los comunicadores. El 1 abril, la periodista Charito Rojas fue mencionada en el programa “Con El Mazo Dando” de Diosdado Cabello y seguidamente fue amenazada en sus redes sociales por seguidores del régimen. Mismo caso el de periodista Alberto Rodríguez, quien fue amenazado el 3 de abril por el conductor de «Zurda Konducta», Pedro Cavajalino

Las prácticas opresivas del régimen han alcanzado incluso la vulneración al derecho de propiedad. La intimidación también involucra el allanamiento de propiedad, el decomiso y afectación de bienes de periodistas y familiares que incluso se encuentran en el exilio y por tanto no tienen residencia en dichas viviendas. Es el caso de la periodista Carla Angola. El 31 de marzo funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron la casa de sus padres en Caracas y ocasionaron daños al conjunto residencial. Mismo caso el del periodista Sergio Novelli, quien denunció que el 16 de abril funcionarios del Dgcim allanaron su casa en Caracas, a pesar de que no vive ahí y que la tiene alquilada.

Finalmente, desde el Cepaz advertimos:

• Que los casos mencionados no representan la totalidad de víctimas de la violación al derecho humano de pensamiento y expresión durante la pandemia.
• Que el estado de alarma no puede utilizarse para menoscabar las libertades y derechos humanos de los venezolanos.
• Que las detenciones arbitrarias, cierre de medios de comunicación, la prohibición de circulación arbitraria e ilegal, las amenazas, la intimidación, la carencia de condiciones de servicio de luz e internet óptimas para la obtención y difusión de información, forman parte de los patrones de persecución que ha aplicado el régimen desde el pasado como medio de control y perpetuación en el poder, y que hoy mantiene a Venezuela censurada frente al COVID-19.

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[1] OEA. Antecedentes e Interpretación de la Declaración de Principios. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=132&lID=2

[2]OEA. COVID-19: Los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia – Expertos internacionales. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2

[3] ESPACIO PÚBLICO. Marzo: cuarentena informativa en Venezuela. Disponible en: http://espaciopublico.ong/marzo-cuarentena-informativa-en-venezuela/

[4] VENEZUELA UNIDA. Encuesta sobre el impacto de Covid-19 en Venezuela, servicios se encuentran en situación de colapso. Disponible en: https://venezuelaunida.com/encuesta-sobre-el-impacto-de-covid-19-en-venezuela-servicios-se-encuentran-en-situacion-de-colapso/

[5] OBSERVATORIO VENEZOLANO DE SERVICIOS PÚBLICOS. Disponible en: OVSP: 51% de los ciudadanos reporta fallas del servicio de internet en el hogar todos los días