La celebración de las elecciones parlamentarias 2020 representó una oportunidad para avanzar hacia la reconstrucción del camino para la solución de la crisis política que atraviesa Venezuela. Empezando por lo que pudo haber sido un intento de inicio de la reinstitucionalización del Poder Legislativo encabezado por la Asamblea Nacional.

Esta oportunidad electoral del año 2020, a pesar de haber contado con avances para consolidar acuerdos políticos, se vio cercenada por el régimen, quien haciendo uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) invalidó a la Asamblea Nacional del año 2015, nombró a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), e intervino a varias organizaciones con fines políticos.[1]

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), durante años hemos alertado y documentado este patrón de irregularidades y violaciones a los derechos políticos de los venezolanos en el marco de los procesos electorales, los cuales van desde las acciones que vulneran la institucionalidad democrática haciendo uso del aparato estatal para propiciar eventos electorales a la medida del régimen, y luego el desarrollo de procesos electorales en los que se destacan graves irregularidades y violaciones a los derechos ciudadanos.

Frente a un contexto adverso como el ocurrido en el año 2020, las venezolanas y los venezolanos no han encontrado en los últimos procesos electorales la posibilidad de ejercer libremente el derecho a la participación a través del voto. Sin embargo, estas adversidades no han declinado la conformación de capacidades e iniciativas por parte de la sociedad civil para continuar trabajando en beneficio de la reconstrucción de la democracia.

¿Qué hemos logrado hasta ahora?

Así pues, en este contexto, el año 2021 abre las puertas nuevamente a una contienda electoral, en esta ocasión y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, para elegir a los gobernadores regionales.

Desde Cepaz reconocemos el profundo daño que han sufrido los mecanismos de participación ciudadana en Venezuela, sin embargo, también hemos sido consecuentes en la necesidad de la reconstrucción de la vía electoral para una salida sostenible a la crisis que atraviesa el país, para lo cual los acuerdos políticos con participación de los principales actores políticos y de la sociedad civil son esenciales.

En este sentido, frente a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional oficialista de la conformación del Comité de Postulaciones Electorales para la selección de las rectoras y los rectores del CNE, la sociedad civil venezolana ha decidido continuar actuando, desde la documentación y denuncia de los hechos irregulares que se presenten en el marco de la selección del árbitro electoral y de todo el proceso electoral frente a futuros comicios,  pero además desde la exigencia y desde el ejercicio de nuestros derechos de participación.

Así pues, las organizaciones de la sociedad civil venezolana se han propuesto trabajar en la conformación de espacios de entendimiento de donde surjan acuerdos creíbles que además tengan como norte la creación de condiciones y garantías favorables para la restitución de los derechos políticos de la población, a través de la celebración de elecciones auténticas y transparentes.

Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos:

• Participado en la conformación del Comité de Postulaciones Electorales. Con la presencia de 2 miembros independientes se abre un espacio de participación que nos permite continuar uniendo capacidades para documentar irregularidades, incidir y exigir derechos y condiciones electorales transparentes y legítimas.
• Postulado candidatos para rectores del Consejo Nacional Electoral. Se han postulado 15 profesionales independientes con un amplio historial de trabajo y seguimiento en el área electoral.
• Ejercido diversas acciones de incidencia como veedores de los distintos procesos que se están llevando a cabo. Destacamos la impugnación a los candidatos que no han cumplido con las condiciones legales para ser postulados, particularmente por la violación del principio de independencia del órgano electoral, al postular candidatos que militan abiertamente con el partido del gobierno. Asimismo, hemos solicitado la realización del sorteo de los integrantes de los miembros de juntas y mesas electorales, que debe efectuarse en el primer trimestre de cada año y sobre lo cual no hay información oficial y pública.

Hay que seguir exigiendo

Ahora bien, a pesar de los avances en la participación de la sociedad civil en este primer proceso de elección de los árbitros electorales, reconocemos que no es suficiente y quedan aún muchas garantías electorales y condiciones legales favorables que exigir y restablecer para los próximos comicios.

Entre las condiciones que deben continuar exigiendo están:

• Un proceso electoral apegado a lo establecido en los estándares internacionales, a la Constitución Nacional y a las leyes especiales.
• Nombrar a un CNE equilibrado e independiente, provisto de autoridades imparciales y ajenas a la intervención de los demás poderes públicos.
• El cumplimiento de todos los lapsos legales establecidos en la ley.
• Un registro electoral debidamente actualizado.
• Un proceso de postulación de candidatos que garantice el derecho a la participación y el derecho de asociación con fines políticos.
• Garantizar la observación nacional e internacional a través de la activación de misiones técnicas, como lo es la asistencia electoral de las Naciones Unidas.
• Garantizar el día electoral el voto libre y secreto, lo cual implica que los roles de los actores que se encuentran en los centros de votación, inclusive el Plan República, se circunscriba exclusivamente al cumplimiento de las funciones que le otorga el ordenamiento jurídico. Asimismo, que el elector no se encuentre sometido a ninguna amenaza o coacción que vulnere su libertad en la toma de decisiones.
• Información clara, precisa, inequívoca y de fácil acceso a toda la población sobre el proceso, todos los elementos que lo componen y las formas de participación en el mismo, desde el inicio del cronograma electoral hasta el día de la celebración de las elecciones y posterior a éste.

Reflexión final

La oportunidad que se presenta en esta primera etapa de selección de nuevos rectores del CNE no puede dejarse pasar. Reconocemos que las postulaciones y acciones ciudadanas que hemos realizado, y que continuaremos realizando desde la sociedad civil, las hacemos en un entorno de adversidades, en medio de una crisis de institucionalidad e incluso con riesgos, pero también debemos partir que las acciones de la sociedad civil no son más que el ejercicio de nuestros propios derechos en el marco de la normativa electoral, por lo que lejos de renunciarlos debemos exigirlos y ejercerlos.

En cada espacio de participación se abre una posibilidad para alcanzar acuerdos, con exigencias que garanticen a los ciudadanos la existencia de un árbitro electoral imparcial y asimismo iniciar la construcción de un proceso de entendimiento para la reinstitucionalización del país, y la celebración de unas elecciones que permitan la salida a la crisis política.

Finalmente, insistimos en la necesidad de no perder los espacios. Si bien son múltiples las garantías y condiciones que hay que continuar exigiendo para la celebración de unas elecciones auténticas en medio de contextos adversos y poco favorables, es fundamental asumir un rol activo, desde la documentación, la denuncia y las exigencias de derechos, pero también siendo partícipes del proceso como agentes de cambio.

[1] Ver más en: Cepaz. TSJ repite su estrategia para controlar los poderes públicos e impedir unas elecciones auténticas. https://cepaz.org/articulos/tsj-repite-su-estrategia-para-controlar-los-poderes-publicos-e-impedir-unas-elecciones-autenticas/