Retornados son perseguidos y estigmatizados en tiempos de pandemia

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Publicado el: 22 de mayo de 2020

Etiquetas: migrantes, refugiados, retornados

Venezuela se encuentra en una crisis multidimensional y una crisis humanitaria compleja desde hace varios años, que ha dejado la vida, la seguridad y la libertad de los venezolanos amenazadas. En consecuencia, al menos 5 millones de personas se han visto en la necesidad de trasladarse a otros países para satisfacer sus necesidades más básicas, convirtiéndose en el éxodo mas grande que ha ocurrido en la región en la historia contemporánea.

Ahora bien, muchos de los venezolanos que se marchan del país lo hacen a los países fronterizos, en condiciones inhumanas, incluso utilizando vías irregulares, con recursos escasos y con la necesidad inmediata de obtener trabajo, alimentos, medicamentos y hospedaje.

Este grupo de migrantes y refugiados particularmente vulnerables, han sido impactados de forma diferenciada ante la COVID-19. Las medidas de aislamiento social de cada uno de los países receptores, los ha dejado en condiciones que hace imposible su permanencia en dicho país, han perdido sus medios de vida, y en consecuencia, se han visto en la necesidad de retornar a Venezuela.

De acuerdo con cifras del régimen de facto, hasta el 1 de mayo habrían retornado 22.654 venezolanos ^[1].

Por otra parte, muchos de los países, incluyendo Venezuela, extremaron las medidas para prevenir la COVID-19, cerraron sus fronteras y restringieron las operaciones aéreas, por lo que los venezolanos que se encuentran en el exterior dependen, para tu retorno, de los vuelos de repatriación que ofrezca el régimen de facto.

No obstante está situación, el régimen nuevamente hace uso del estado de alarma y excepción producto de la pandemia para vulnerar los derechos humanos de los retornados, en este caso particular, bajo las estigmatizaciones, amenazas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas retornadas.

En este sentido, debemos referirnos al derecho humano a la circulación y residencia, establecido en el artículo 22.5 de la Convención Americana, lo cual implica que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.

Asimismo, los principios interamericanos sobre derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, se refieren al derecho a salir libremente de un país, el derecho a permanecer en su país de origen o residencia y las garantías para un retorno seguro.

Lo anterior implica que, si bien el derecho a la libre circulación puede estar restringido en resguardo de la salud pública, en los procesos de retornos al país de origen el Estado tiene la obligación de ofrecer todas las facilidades para que esto ocurra en condiciones de seguridad y dignidad, sin discriminación alguna, garantizando la vida, la libertad e integridad durante todo el proceso de retorno y después del mismo.

Ahora bien, a pesar de los derechos de todos lo venezolanos a un retorno seguro, el régimen de facto ha optado por la violencia generalizada y la persecución en contra de los retornados venezolanos.

Es el caso de las medidas de aislamiento que el régimen impuso a los refugiados venezolanos, quienes al regresar al país son recluidos en condiciones inhumanas. Duermen sobre el pavimento sin colchones, tienen poco acceso a servicios como el agua y alimentos, y son golpeados y humillados si reclaman ^[2].

En este sentido, las medidas tomadas por el gobierno de facto lejos de atender a la población y prevenir la propagación del virus, terminan siendo poco efectivas para la protección, tanto de los retornados como de la población, ya que el aislamiento en condiciones de hacinamiento y la necesidad de los retornados de salir para satisfacer sus necesidades básicas, termina siendo contraproducente.

Por su parte, a pesar de la necesidad de aislamiento social en resguardo de la salud pública, ésta de ningún modo puede ser utilizada para intensificar la persecución en contra de los venezolanos, y por el contrario, debe garantizar que el aislamiento de los retornados se lleve a cabo en centros de refugios preparados para tal fin, en condiciones humanas y no discriminatorias.

Por otra parte, estigmatizan y discriminan a la población migrante retornada, aprovechando las extremas condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran, para hacer propaganda política^[3]. El régimen de facto ha manejado en ocasiones un lenguaje inclusivo, de protección por parte del Estado y de posibilidades económicas y sociales a los retornados venezolanos. Sin embargo, este discurso no coincide con posteriores alocuciones y con las condiciones reales que denuncian las personas que retornan al país.

Asimismo, las cifras de contagios que emite el gobierno de facto, se han visto aumentadas bajo la justificación del incremento de retornados venezolanos que importan el virus. Sin embargo, hay muestra de inconsistencias en el manejo de la información de contagiados diarios desde el inicio de la pandemia, que nos permiten subrayar, en primer lugar, la manera ineficiente en la que se ha protegido a la población retornada, ya que las condiciones en las que se encuentran no atienden a las obligaciones sanitarias necesarias para prevenir el virus. En segundo lugar, el uso discriminatorio de las cifras de contagiados para estigmatizar a los retornados venezolanos y utilizarlo para continuar fortaleciendo el patrón de control basado en violaciones de derechos.

En este orden, el régimen de facto ha utilizado el estado de alarma como excusa para vulnerar derechos y garantías, con el fin último de perpetuarse en el poder y ejercer el control social. Así pues, continúa implementando la tesis del enemigo interno, mediante el cual comete sistemáticas violaciones a los derechos humanos, ante cualquier persona que considere un potencial enemigo, incluso a los retornados venezolanos que, siendo en su mayoría desplazados por la crisis multidimensional y la crisis humanitaria compleja, son considerados disidentes, y por tanto, también enemigos.

Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en la forma en la que Tarek William Saab, fiscal general del régimen, atribuyó como un “karma” el regreso de venezolanos refugiados, asegurando que habían renegado su país, fueron ultrajados en el exterior y ahora retornan a través del plan vuelta a la patria ^[4]. Es importante destacar que las estigmatizaciones en contra de los refugiados venezolanos son un patrón sistemático por parte del régimen, quien durante años los ha tildado, entre otros, de esclavos y mendigos o fascistas y golpistas camuflados. Ahora, este patrón se intensifica en tiempos de pandemia.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha rechazado categóricamente las declaraciones estigmatizantes y discriminatorios de altos funcionarios del régimen, quienes han señalado a los retornados como “oportunistas”, “apátridas”, “traidores”, entre otros ^[5]. Asimismo recalcó que este tipo de discursos agravan la situación de las personas que retornan, la cual de por sí es delicada; además de crear un clima adverso para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela ^[6].

En este orden de ideas, debemos partir de la dignidad como principio fundamental de los derechos humanos, lo cual implica que toda persona por el solo hecho de ser persona debe ser valorado y respetado. Así lo expresa el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Los tratos inhumanos, humillantes y discriminatorios se oponen completamente a este pilar fundamental. El régimen de facto, nuevamente con el uso de la persecución como medio para perpetuarse en el poder y ejercer el control total, vulnera sistemáticamente los derechos humanos de los venezolanos y atenta contra su dignidad y libertad.

Desde el Centro de Justicia y Paz, rechazamos la violación de los derechos humanos de los venezolanos que retornan a su país. Exigimos el cese de la persecución y la garantía del retorno voluntario de los venezolanos en condiciones de seguridad, dignidad y sin discriminación alguna.

Asimismo, reconocemos el trabajo de la comunidad internacional en denunciar en reiteradas oportunidades la crítica situación en la que se encuentran los migrantes y refugiados venezolanos. La conferencia de donantes en solidaridad con refugiados y migrantes venezolanos en países de la región, es una oportunidad para que más de 40 países, junto con las agencias de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y los representantes de la sociedad civil nacional e internacional, aborden la crisis migratoria venezolana en el contexto de la COVID-19.

Finalmente, insistimos en la necesidad de que las organizaciones internacionales constaten las violaciones de los derechos humanos a los venezolanos retornados, y se efectúen las denuncias, el seguimiento y acompañamiento adecuado para garantizar la protección de los derechos de esta población.

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