El Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) presentó recientemente sus observaciones finales con relación al noveno informe periódico de Venezuela.

En el informe final el Comité  realizó tanto sus observaciones como recomendaciones al Estado venezolano, reflexionando específicamente sobre asuntos como: el acceso a la justicia de las mujeres en Venezuela, la implementación de medidas especiales temporales, los estereotipos y roles de género, las violencias contra las mujeres, la trata, explotación sexual y otras formas de esclavitud moderna, la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública del país, la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y aquellas que hacen vida en el espacio cívico nacional, el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y al sistema de salud; el empoderamiento económico, la situación de las mujeres migrantes y refugiadas, entre otros aspectos que en definitiva dejan en evidencia un alarmante incumplimiento por parte del Estado venezolano sobre las obligaciones contempladas en la Convención.

Las mujeres en Venezuela enfrentan barreras para acceder a la justicia. El Comité mostró su preocupación por las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al sistema judicial, sobre lo cual además alertó acerca de la limitada disponibilidad de asistencia jurídica gratuita por parte del Estado. Especialmente el Comité destacó la situación agravada en el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, las afrodescendientes, aquellas con pocos recursos, las mujeres con alguna discapacidad, las mujeres migrantes y las solicitantes de asilo. En este sentido, el Comité recomendó ampliar y fortalecer los servicios públicos de asistencia judicial en materia penal, civil y administrativa y aquellos procesos relacionados con la violencia de género o cualquier otra forma de discriminación.

No se evidencian medidas especiales temporales para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. El Comité observó con preocupación la falta de información sobre las medidas especiales temporales adoptadas por el Estado venezolano para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas áreas donde las mujeres están subrepresentadas o en desventaja. En particular las mujeres indígenas, mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, mujeres LBTI y mujeres con discapacidad. En este sentido recomendó la aplicación efectiva de estas medidas.

Persisten estereotipos y roles de género en la sociedad venezolana. Frente a los roles y estereotipos de género que afectan especialmente a las mujeres, el Comité instó al Estado a reforzar las medidas adoptadas para eliminar estas prácticas discriminatorias y velar por la eficacia de las mismas.

Se mantiene un alto índice de violencia, sin medidas de protección y sin datos oficiales.  El Comité alertó sobre la persistencia de actos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, especialmente femicidios, desapariciones, abusos psicológicos y sexuales. Frente a esta situación, advirtió la falta de medidas por parte del Estado, entre ellas la inexistencia de reglamentos y protocolos para la implementación de la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el bajo número de albergues para víctimas de violencia y la falta de datos estadísticos oficiales sobre casos de violencia.  Al respecto recomendó al Estado fortalecer las medidas para prevenir, enjuiciar y sancionar a los perpetradores de los actos de violencia, adoptar reglamentos y protocolos para la aplicación de la legislación en materia de género, reforzar los servicios de apoyo y protección de las mujeres víctimas y establecer un sistema de recopilación de datos periódicos sobre violencia contra las mujeres.

Sin medidas para enfrentar las formas contemporáneas de esclavitud. El Comité advirtió sobre la falta de medidas por parte del Estado venezolano para prevenir, juzgar y sancionar los casos de trata de personas, explotación sexual, trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna que afectan de forma diferenciada y desproporcionada a las mujeres y niñas; y a pesar de que estas prácticas se siguen desarrollando en el país, no existe una ley específica que la regule, no existen datos desglosados sobre las víctimas ni tampoco protocolos para informar sobre estos temas a la población ni para identificar de manera temprana a las víctimas y derivarlas a los servicios de atención. En este sentido, el Comité recomendó el desarrollo de protocolos para la atención temprana a las víctimas, la recopilación sistemática de datos desglosados, proporcionar información accesible y oportuna sobre estas prácticas.

Las mujeres se encuentran subrepresentadas en la esfera política y pública del país. El Comité mostró su preocupación por la subrepresentación de las mujeres en los distintos espacios de la esfera política y pública, destacando el parlamento, gobernaciones, alcaldías y ministerios.  Frente a esta situación, alertó sobre la falta de medidas especiales temporales y efectivas para lograr la igualdad de participación entre hombres y mujeres, por lo que recomendó diseñar y aplicar estas medidas, incluyendo cuotas de paridad de género, reformas legislativas, combatir la violencia política contra las mujeres, entre otras medidas.

Las mujeres que hacen vida en el espacio cívico son estigmatizadas y criminalizadas. El Comité advirtió sobre la estigmatización y criminalización contra las mujeres que representan a la sociedad civil, incluidas las defensoras de derechos humanos, las periodistas y otras trabajadoras de los medios de comunicación. Además, aseguró que estos actos ocurren bajo total impunidad, así pues, no existen medidas de prevención, protección, enjuiciamiento ni reparación para las víctimas. En este sentido, el Comité recomendó al Estado asegurar un entorno propicio para la participación de las mujeres en el espacio cívico nacional.

Permanecen los desafíos en cuanto a la educación, empleo y salud de las mujeres en Venezuela. El Comité aseguró recibir información sobre prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas en las instituciones educativas, sobre las tasas de abandono de las escuelas por embarazo precoz y sobre la falta de incorporación en el programa educativo de igualdad de género y educación sexual; por ello recomendó al Estado investigar los casos de violencia ocurridos en las instituciones educativas y brindar atención a las víctimas, garantizar la reinserción escolar de las jóvenes embarazadas o madres e intensificar los esfuerzos para implementar planes de estudios que incluyan educación en materia de igualdad de género y educación sexual. Por su parte, el Comité advirtió sobre las altas tasas de desempleo entre las mujeres acompañada de una alta inserción en la economía informal, lo que además genera que dependan económicamente de parejas abusivas y aumenta la posibilidad de ser víctimas de violencias basadas en el género; por lo que instó al Estado a promover el acceso a las mujeres al empleo formal, incluyendo a las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes, retornadas, LBTI y mujeres rurales.

Entre tanto, el Comité no dejó de mencionar el limitado acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Venezuela, sobre todo por la falta de acceso a servicios médicos, anticonceptivos, medicamentos y tratamientos, por lo que recomendó al Estado velar por el acceso asequible a los servicios de salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Las mujeres migrantes y refugiadas se enfrentan a riesgos de ser víctimas de discriminación de manera diferenciada y desproporcionada. El Comité alertó sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo de ser víctimas de formas de discriminación y niveles desproporcionados de violencia de género, incluyendo la explotación sexual, el trabajo forzoso y la trata de personas, particularmente en zonas fronterizas, turísticas y mineras. Por ello, instó al Estado venezolano a abordar las formas de discriminación que enfrentan las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, además de garantizar el acceso a la documentación de regularización, educación, salud, vivienda y empleo.

El Estado venezolano no cumple con las obligaciones internacionales en materia de erradicación de la discriminación basada en el género

Las observaciones y recomendaciones del Comité Cedaw dan cuenta de que el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de la discriminación y otras formas de violencias contra las mujeres, manteniéndose e incluso agudizándose la situación observada por el Comité en el año 2014, fecha de la última evaluación de Venezuela. Por tanto, dichas recomendaciones permanecen vigentes.

Así pues, estas observaciones reconocen que las mujeres en Venezuela no cuentan con una política de prevención y protección ante las distintas formas de discriminación y que enfrentan múltiples obstáculos para acceder a un sistema de justicia que hoy perpetúa el patrón de impunidad ante los casos de violencia basada en el género. Pero además las mujeres en Venezuela sufren el impacto desproporcionado de la crisis multidimensional y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, lo cual afecta directamente en asuntos como la salud, el empleo, la educación, el acceso a espacios de participación y toma de decisiones, entre otros aspectos. Finalmente, la omisión del Estado de tomar medidas efectivas para garantizar el ejercicio igualitario de derechos entre hombres y mujeres perpetúan los actos de discriminación y las formas de violencias que se mantienen aún vigentes en el país.