El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está compuesto por 47 Estados, distribuidos en cinco bloques regionales y elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Los miembros del Consejo ejercen su mandato por tres años, pudiendo ser reelectos hasta por dos periodos consecutivos. El Consejo tiene como finalidad fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ello.

Cada año, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, se renueva parcialmente el Consejo de Derechos Humanos, eligiendo a los nuevos miembros del bloque regional cuyo cargo haya vencido.

Este año 2022 vencen los mandatos de Brasil y Venezuela, por lo que el próximo 11 de octubre en la Asamblea General de las Naciones Unidas se llevarán a cabo las elecciones para designar a los dos Estados del bloque regional de América Latina y del Caribe que los sustituirán. Los candidatos a estos dos escaños son Costa Rica, Chile y Venezuela. En el caso de Venezuela, por no tener dos periodos consecutivos en sus funciones, puede postularse para la reelección del mandato para el periodo 2023-2025, tal y como fue anunciado por sus representantes hace algunos meses.

Venezuela en el Consejo no ha cumplido con su rol de garantía de los derechos humanos

Un organismo cuya naturaleza es de prevención, monitoreo y protección de los derechos humanos a nivel universal, debe ser ocupado por Estados con sólidos antecedentes en materia de derechos humanos, cuyas acciones se encuentren comprometidas con los derechos humanos, cumpliendo los estándares y criterios de protección y cooperación.

A pesar de ello, desde el año 2006, fecha en la cual se creó el Consejo, Venezuela ha asumido tres mandatos, 2013-2015, 2016-2018,2020-2022. Esto a pesar de que desde hace ya varios años Venezuela atraviesa una crisis multidimensional que ha causado profundos daños en la población, en la cual se han cometido violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, y que además desde el año 2015 en el país existe una emergencia humanitaria compleja que afecta la vida de millones de venezolanos y venezolanas.

Así pues, llama la atención que durante cada uno de los periodos en los que el Estado venezolano se ha postulado y ha quedado electo como miembro del Consejo, la crisis en derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja fue agudizándose progresivamente, y que incluso al momento de ser electo para el último periodo ejercido (2020-2022) ya existía el mecanismo de seguimiento, aún vigente, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones. Aún más, al momento de la elección también se encontraba aprobada una resolución mediante la cual se creó la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles o degradantes que tuvieron lugar en Venezuela desde el año 2014.

Entre tanto, Venezuela ocupando una silla en el Consejo, lejos de evidenciar intenciones reales de comprometerse con los derechos humanos, ha utilizado su cargo para intentar entorpecer la continuidad de los mandatos de seguimiento que cursan sobre Venezuela y sobre otros países en donde se han documentado violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Además, durante el periodo que ha ocupado la silla, las violaciones de los derechos humanos continúan y se agudizan. La Oficina de la Alta Comisionada mantuvo el seguimiento sobre la situación de Venezuela durante este último periodo, y denunció, a través de informes escritos y actualizaciones orales, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurren en el país, instando al Estado venezolano a tomar medidas urgentes para la reinstitucionalización y el ejercicio seguro de los derechos humanos de la población. A pesar de ello, el Estado venezolano no ha implementado las recomendaciones emanadas de esta Oficina. Aún más, el equipo de expertos que integra la Misión de Determinación de los Hechos ha reconocido las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población venezolana, e incluso ha identificado los actos atroces ocurridos desde el año 2014 como crímenes de lesa humanidad.

Escenarios y expectativas frente a la elección de los nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

No es la primera vez que un país que no cumple con los criterios y estándares internacionales de derechos humanos aspira a tener una silla de las 47 que conforman la membresía del Consejo de Derechos Humanos. Hay que considerar que quienes eligen a los miembros del Consejo son los Estados a través de la Asamblea General de Naciones Unidas y las dinámicas políticas y diplomáticas propias de estos espacios permiten que países que no se encuentran comprometidos con los derechos humanos, como es el caso de Venezuela, logren obtener suficientes votos para mantenerse como miembros en el Consejo.

Así pues, lo coherente sería que las votaciones del mes de octubre para elegir a los próximos miembros del Consejo se realicen conforme a determinados estándares y principios, y que considerando la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, no sea reelecta como miembro del Consejo. Esta decisión se convertiría en un mensaje claro, no solo sobre quiénes deben ser los llamados a sentarse en el espacio multilateral más importante para atender a los derechos humanos, sino también para dar una respuesta de condena sobre las violaciones sistemáticas de los derechos que ocurren en el país y el rol que ha asumido Venezuela como miembro del Consejo.

Ahora bien, si por el contrario, en la votación Venezuela resultara reelecta para ocupar una silla en el Consejo, es importante resaltar que lejos de una victoria que pueda quererle imprimirle el Estado a esta situación, esto se puede convertir en una oportunidad para que Venezuela continúe bajo la mirada del Consejo, y que ocupando un puesto en este organismo pueda darse un escrutinio mucho más cercano sobre la situación de derechos humanos en el país, aunado a la acción en conjunto del seguimiento del Alto Comisionado y una posible renovación de la Misión de Determinación de los Hechos.

Finalmente,  en cualquiera de los casos, Venezuela sea reelecta o no para ocupar una silla en el Consejo, estas elecciones deben servir para que los Estados miembros de las Naciones Unidas reconozcan la falta de compromiso del Estado venezolano con los derechos humanos, e incentive, promueva e inste al Estado a cumplir con su rol y obligaciones en materia de derechos humanos, así como con las recomendaciones que han sido emanadas de los órganos de las Naciones Unidas,  ya sea como miembro del Consejo, en caso de una reelección, o como Estado miembro de las Naciones Unidas.