Los femicidios en muchas ocasiones se concretan con las mismas armas que otorga el Estado a los funcionarios policiales o militares para velar por la seguridad de la sociedad, sin embargo, lejos de cumplir con su obligación de protección, los uniformados femicidas terminan siendo los protagonistas del acto más atroz de violencia basada en género.

Estas conductas violentas por parte de funcionarios de seguridad contra las mujeres víctimas guardan relación con intereses particulares, o de su ámbito privado, que deciden impulsivamente resolver haciendo mal uso de las habilidades y herramientas otorgadas para ser utilizadas en el ejercicio de sus funciones.

Múltiples son las formas de violencia que puede adoptar un funcionario de seguridad contra las mujeres víctimas, sin embargo, el uso inadecuado del arma de fuego representa, por el impacto mortal que ocasiona una bala, la principal causa del femicidio en manos de funcionarios policiales o militares.

Las armas reglamentarias son otorgadas por el Estado al agente de seguridad para que sea utilizada en su esfera laboral, pero en la mayoría de las ocasiones se traslada su uso a otros espacios en los que además arrastran problemas estructurales de las fuerzas de seguridad, los cuales se relacionan con el uso irracional y abusivo de la fuerza y el uso irregular de las armas de fuego.

Estas prácticas abusivas por parte de los funcionarios de seguridad reproducen episodios de violencia contra las mujeres, en muchas ocasiones en el ámbito del mismo hogar.

Muestra de lo anterior es que de acuerdo con nuestro monitoreo de femicidios, en el primer cuatrimestre del año de los 85 casos analizados, en al menos 4 se identificó que el agresor era un funcionario policial o militar, aún más, de esos 4 casos, 2 ocurrieron delante de testigos familiares o amigos. Por su parte, en el segundo cuatrimestre de los 24 casos analizados, en 2 de ellos se logró determinar que el agresor era un funcionario policial o militar, ambos casos de femicidio se llevaron a cabo mediante el uso de armas de fuego de reglamento.

Los persistentes actos de violencia contra las mujeres ocasionados por policías y militares nos invitan a reflexionar sobre los femicidios con una perspectiva particular asociada a este fenómeno, e implementar políticas específicas que reviertan el problema.

Las políticas públicas deben ser desarrolladas desde el impacto que ocasiona el uso de la fuerza policial en los hechos de violencia de género que en muchas ocasiones termina con el femicidio. La respuesta que se requiere va más allá de la política de porte de armas fuera del horario de trabajo, que sin dudas es una de las principales causas del femicidio, pero también hay que analizar el modo en el que los efectivos policiales y militares resuelven las situaciones a las que se enfrentan en su ámbito privado.

Frente a ésta gravísima situación nos preguntamos qué políticas ha tomado el Estado venezolano para evitar que se continúen reproduciendo prácticas policiales violentas, el uso indiscriminado del arma reglamentaria, los diversos problemas estructurales que atraviesan las fuerzas de seguridad y su vínculo con la violencia de género.

Observamos con preocupación el escaso abordaje que esta situación tiene en Venezuela. La violencia contra las mujeres por los integrantes de las fuerzas de seguridad es un asunto que se requiere atender con inmediatez, por lo que insistimos en la necesidad de hacer este análisis particular del femicidio y su vínculo directo con el agresor como funcionario policial o militar, desde los motivos privados que llevan a los policías y militares a cometer el femicidio, pero también desde las instituciones y de las instancias políticas del Estado que permite que estas conductas se continúen reproduciendo sin tomar las medidas necesarias para prevenirlas.