El embajador James Roscoe, representante de la Misión del Reino Unido ante las Naciones Unidas, señaló al ser consultado sobre la Providencia Administrativa 001 2021, que la nueva normativa «obviamente ha sido diseñada únicamente para oprimir y continuar estrangulando a la sociedad civil en el país. Pienso que cuando un estado toma una acción como esta te da la percepción de que sus acciones son aún más amplias, y su comportamiento es más extenso en contra de los ciudadanos».
Las declaraciones del diplomático se produjeron durante el evento «Acción de las Naciones Unidas contra las represalias: hacia un mayor impacto», en el cual se hizo el lanzamiento virtual del nuevo análisis cuantitativo del Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) sobre los casos documentados en los últimos informes anuales del Secretario General de la ONU sobre intimidación y represalias.
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) señaló al representante de la Misión del Reino Unido que «recientemente, las organizaciones de la sociedad civil han declarado su profundo rechazo y demandan anular la nueva medida obligatoria de registro para el terrorismo y otros crímenes en Venezuela. La Providencia viola los derechos humanos de libertad de asociación, modificando su actual marco normativo, el cual no admite ningún control previo. Está obligando a las organizaciones de la sociedad civil a estar sujetas al Estado, al imponerles que puedan ser sometidas a su control y a una posible revocación».
«La ejecución de esta Providencia es inaceptable y traerá lamentablemente grandes consecuencias, incrementando el sufrimiento humano para la población venezolana, que ha sido ya severamente afectada por graves violaciones a los derechos humanos, la pandemia del COVID-19 y la emergencia humanitaria multidimensional que el país ha estado experimentando por muchos años. Los defensores de derechos humanos en Venezuela son atacados frecuentemente y sufren represalias por mantener una comunicación abierta con las Naciones Unidas. ¿Qué está haciendo el Reino Unido? Y, ¿qué más puede hacer la ONU para proteger a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela?», consultó Borges.
Aplastar a la sociedad
Al respecto el embajador James Roscoe respondió «es increíblemente difícil cuando esto pasa en un país como Venezuela, donde se tiene un gobierno que establece presiones sobre las personas y elimina cualquier tipo de compromiso democrático real, y particularmente se propone aplastar a la sociedad. Se pueden ver millones de personas huyendo de Venezuela, desplazados. Es posible darse cuenta, es obvio, cuán afectada está la sociedad, al trabajar en las fronteras de Venezuela, mayormente desde países vecinos. Lo que el Reino Unido trata de hacer en Venezuela es proveer tanto como sea posible apoyo humanitario, tanto para las personas desplazadas como para aquellas dentro de Venezuela. Hacemos esto mediante agencias de las Naciones Unidas directamente. Donde y cuando podemos hablamos a favor y promovemos la democracia en Venezuela, y tratamos de ejercer presión al gobierno venezolano, lo siento, al régimen venezolano, para asegurar que se lleven a cabo elecciones correctamente».
«Estos puntos sobre Venezuela que escuchamos de Beatriz son fundamentales. Que hay personas dentro o fuera de Venezuela que enfrentan retos y tratan de denunciar ante los estados lo que está ocurriendo, señalando estas acciones. Personalmente, no he escuchado de esta Providencia particular que ha aprobado el régimen. Obviamente ha sido diseñada únicamente para oprimir y continuar estrangulando a la sociedad civil en el país. Pienso que cuando un estado toma una acción como esta, te da la percepción de que sus acciones son aún más amplias, y su comportamiento es más extenso en contra de los ciudadanos. Gracias por dejarnos saber al respecto. Continuaremos denunciando al régimen en Venezuela. Seguiremos demandando elecciones correctas, libres y justas. Esta es la única manera de avanzar. Y mientras, hacemos lo que esta a nuestro alcance para ayudar a los que tanto sufren en el país», concluyó el representante de Reino Unido.
Llamar la atención a Venezuela
Madeleine Sinclair, codirectora de la oficina de ISHR en Nueva York, agregó que esperaban «poder contar con un número significativo de países para llamar la atención a Venezuela por las represalias que se llevan a cabo constantemente y predeciblemente en contra de aquellos que regularmente presentan denuncias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».
La Providencia Administrativa 001 2021 crea un Registro Unificado de sujetos obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, en la que deberá registrarse toda persona natural o jurídica cuya actividad no se encuentre regulada por una ley especial o que no estén sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia. Del mismo modo, la ley establece en su ámbito de aplicación el registro de toda persona que realice actividades no financieras, pero que deban ser supervisadas porque, supuestamente, desarrollen actividades que puedan ser utilizadas para cometer delitos de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
