En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, el diario Tal Cual organizó un foro denominado Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el Estado. El foro contó con la participación de Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) e integrante del Grupo de Trabajo contra la Esclavitud Moderna; David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos; Ana Arias, miembro del Comité de familiares de desaparecidos en Güiria y Robert Alcalá, diputado y miembro del Comité de investigación de los naufragios en Güiria de la Asamblea Nacional. Fue moderado por la periodista Gabriela Rojas.
Señaló Rojas que la crisis venezolana y el contexto migratorio ha potenciado la trata de personas, un delito de alto alcance y de grandes redes internacionales y la sociedad venezolana está bastante vulnerable ante esta situación.
La trata de personas es el tercer negocio ilícito mas lucrativo del mundo
David Smolansky indicó que desafortunadamente este es un problema grave, que ha crecido aceleradamente en el último año. Al momento de realizar el foro hay 5.2 millones de refugiados venezolanos, la segunda población más desterrada del mundo, solo superada por Siria, un país que tiene cerca de 10 años en guerra. Venezuela es el país con más desterrados sin haber pasado por una guerra convencional, ni una catástrofe natural.
Este no es un problema que se queda solamente en Suramérica. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos, sin precedentes en América Latina, producto de la falta de comida, medicinas, violencia generalizada, colapso de los servicios públicos y violaciones de los derechos humanos, ha llevado a muchos venezolanos a Centroamérica, Norteamérica y El Caribe.
Hay 160 mil refugiados venezolanos en Curazao, Trinidad y Tobago, Aruba y República Dominicana. Superando la población total de islas como Curazao o Aruba. Esta crisis se viene documentando desde 2015 y ahora esta población es más vulnerable por la pandemia de COVID-19.
Desde el año 2018 se estima que 337 personas venezolanas habían sido traficadas en Guyana y el 90% son mujeres de 27 años o menos. Smolansky también mencionó el drama de las redes de trata y tráfico que hay entre el estado Sucre y Trinidad y Tobago. Se calcula que al menos 4.000 venezolanos han sido traficados en los últimos 4 años. «Son personas desesperadas por salir del país» y los grupos criminales se aprovechan de eso para traficarlas, incluso hacia Asia.
Recordó Smolansky que según Naciones Unidas (ONU) la trata de personas es el tercer negocio ilícito mas lucrativo del mundo, que genera aproximadamente 32 mil millones de dólares. Eso refleja cuán vulnerables pueden ser los migrantes y refugiados venezolanos, y sobre todo las mujeres, ante este delito. Especialmente jóvenes, incluso menores de edad.
A su juicio, este es un tema al que hay que elevarle mucho más la visibilidad. Las redes de trata y tráfico de personas, que cada día crecen más, se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas venezolanas ante las críticas condiciones del país. Mencionó el caso de las dos embarcaciones que salieron de Güiria el año pasado, Ana María y Jhonnailys José, y que naufragaron entre Güiria y Trinidad y Tobago.
Países santuarios de la trata
Cree que es necesario que surjan iniciativas nacionales e internacionales para la erradicación de la trata y tráfico de personas venezolanos. Aseveró que algunos países se han convertido en santuarios para esta actividad ilícita. Incluso, cuerpos de seguridad en Venezuela, nacionales y regionales, terminan siendo cómplices y lucrándose de estas redes criminales.
Adicionalmente, el reclutamiento por parte de irregulares a menores de edad, principalmente en estados fronterizos, como Táchira, Zulia, Bolívar, Apure, se une, como una combinación muy perversa, a los grupos que trafican a mujeres venezolanas, aprovechándose de la emergencia humanitaria compleja y la necesidad que tienen los venezolanos de conseguir alimentos y medicinas, para incluirlos en sus filas, con fines de usarlos como instrumentos para diversos delitos, como el narcotráfico.
Smolansky indicó que la oficina de la OEA para abordar la crisis de migrantes y refugiados venezolanos ha publicado varios informes, incluso en el marco de la pandemia, y ha documentado varios casos de migrantes y refugiados víctimas de la trata y tráfico. La intención es poder ahondar en este tema, que desafortunadamente está creciendo de manera acelerada, y es un negocio ilícito en el que se explota al ser humano y afecta de manera particular a mujeres, niñas y niños venezolanos.
Delito pluriofensivo
Por su parte, Beatriz Borges indicó que este tema tiene unas consideraciones especiales en el caso de Venezuela. Esta es una situación que no es nueva en el país y que junto a otras modalidades se conforman como prácticas de esclavitud moderna.
El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) viene haciendo alertas sobre la explotación sexual de niños, el matrimonio forzado, las formas serviles de matrimonio, el matrimonio de niños, la prostitución forzada, entre otras, que están relacionadas con la trata y están prohibidas en el derecho internacional de los derechos humanos.
Es importante entender que además de ser un delito internacional, la trata es una violación de derechos humanos, recalcó la directora ejecutiva de Cepaz. Hay una responsabilidad del Estado en prevenir, investigar, sancionar y proteger a las víctimas de esta práctica.
Vulneraciones de derechos
Las formas análogas de esclavitud moderna afectan en el mundo a más de 40 millones de personas. Un informe reciente del Departamento de Estado explica que la modalidad de la trata, específicamente, afecta a 25 millones. Esta tiene su fundamento en un elemento lucrativo y criminal de explotación de unas personas por otras, donde todas las vejaciones son posibles. Hay que entender que son vulneraciones de los derechos de las víctimas, que socavan fundamentalmente la libertad y la dignidad.
Para Borges, es imprescindible entender el carácter pluriofensivo de la trata y otras formas análogas de esclavitud moderna, porque no solamente se afecta un derecho, como la libertad, sino múltiples derechos, como la integridad, la salud, el derecho a la no violencia. Las políticas no solamente deber ir dirigidas a prevenir el delito, sino a entenderlo en todas sus dimensiones.
El Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna, del cual forma parte Cepaz junto a otras organizaciones de la sociedad civil venezolana, viene denunciando que este tipo de prácticas en el país se han incrementado. Para el 2008 en Venezuela ya se planteaba la existencia de 170 mil casos, siendo el país con mayor prevalencia, seguido por Haití y República Dominicana.
Es necesario entender que las prácticas de esclavitud moderna, específicamente la trata, se exacerban y tienen su origen en la movilidad humana. Hay otro factor que son las dimensiones de género. El 72% de las víctimas son mujeres y niñas, por lo que es importante identificar las poblaciones en riesgo y vulnerabilidad.
Estas dinámicas de movilidad son producidas por una situación interna, que es la emergencia humanitaria compleja, que se une a la demanda mundial de prácticas análogas de esclavitud moderna. Este es un coctel que incrementa el número de víctimas.
Es necesario que Venezuela, como país de origen, y los países de tránsito y receptores, pongan la mirada en el monitoreo de estos crímenes cometidos contra personas venezolanas, específicamente contra las poblaciones de mayor riesgo como lo son las mujeres, niñas y niños, dijo Borges.
Ausencia de datos
La falta de datos es uno de los graves problemas para prevenir la trata. Un informe de la organización Mulier da cuenta del rescate en el 2018 de 372 mujeres venezolanas y en el 2019 de 480 víctimas, que estaban confinadas y esclavizadas en países de tránsito y de destino.
La sociedad patriarcal hace que la explotación sexual sea normalizada y no se entiende cómo es que las víctimas acceden a estas prácticas, tanto de tráfico como de trata, aparentemente de forma voluntaria. Pero no es así, son coaccionadas, más cuando se parte de un entorno de supresión de todos los derechos y de necesidad de supervivencia. En América Latina, por ejemplo, el 25% de las niñas se casan antes de los 18 años, y esta sexualización está normalizada. Es importante no culpabilizar a las víctimas, sino protegerlas, destacó la directora de Cepaz.
Entender la afectación diferenciada de este contexto sobre las niñas, adolescentes y mujeres, que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, es importante para que las políticas vayan dirigidas a protegerlas y garantizarles sus derechos. Se ha determinado que los niños y las niñas son el grupo con mayor cantidad de víctimas a lo interno del país y las mujeres y los hombres a nivel internacional. Se requiere una coordinación entre países y organismos en términos de protección, capacitación y prevención y darle a las víctimas una respuesta adecuada.
Esclavitud moderna en pandemia
La falta de movilización producto de la pandemia, contrario a lo que que se creería, no ha disminuido los índices de este delito. Según Borges, tenemos un sistema de justicia completamente paralizado, que no brinda protección, y las personas están saliendo de los países por vías más peligrosas que las colocan en situaciones de mayor riesgo. La impunidad, la falta de institucionalidad y de políticas integradoras y coordinadas contra estos delitos por parte de los países está haciendo que la situación se agrave, y que la trata, que es un crimen invisible, siga sin tener una respuesta adecuada por parte de las autoridades llamadas a prevenirla, sancionarla y erradicarla.
El cuerpo de la mujer como medio de transacción
Destacó Borges que la trata puede ser de carácter nacional o transnacional. Lo importante son los elementos que confluyen en la captación. Muchas veces es usado el engaño como medio para captar a la víctima, así como las amenazas y la extorsión, que anulan la capacidad de consentimiento, con el fin último de la explotación de la persona. A veces el fin no es solamente económico, sino el provecho sexual del tratante.
Agregó que se hace uso del cuerpo de la mujer como medio de transacción, reflejando temas estructurales de discriminación, violencia y desigualdad. Por eso las dimensiones de género son fundamentales. Más cuando se mezcla con la movilidad humana. De allí la importancia de la protección internacional en el caso de las personas venezolanas, porque no es cualquier migración, es una salida forzada y desesperada debido a la crisis en Venezuela, que las convierte en presas fáciles para ser captadas e incluidas en estas prácticas de explotación de seres humanos.
La transnacionalidad es un elemento a considerar, incluso la concomitancia de personas nacionales y extranjeras. En el rescate de personas venezolanas se han encontrado muchos nacionales que ayudaron a la captación. Incluso, muchas de las víctimas no saben que están siendo captadas para la trata o formas análogas de esclavitud.
Se aplican diversas formas para mantenerlas controladas, como restringir su circulación o quitarles sus pertenencias personales, como los pasaportes, acompañadas de amenazas y violencia. Muchas veces las personas se sienten culpables, porque en algún momento del proceso pudieron acceder, pero no se ven como víctimas que fueron coaccionadas. Es importante identificarse como víctima y buscar ayuda.
La periodista Gabriela Rojas señaló que se debe entender que más allá de las cifras, las víctimas son personas. Son historias de la desaparición de hijos, hermanos, padres y familiares. Indicó que es un tema que debe formar parte del debate público. Destacó que aunque ha pasado más de un año, el expediente de los desaparecidos en Güiria jamás ha avanzado.
Desaparecidos en Güiria
El 23 de abril del año 2019, la embarcación Jhonnailys José desapareció en la costa de Güiria, con 38 personas a bordo. Viajaban en su mayoría mujeres adolescentes y jóvenes. Se rescataron 9 sobrevivientes y recuperaron el cadáver de una adolescente de 16 años. Están desaparecidas 28 personas.
La embarcación Ana María partió desde Güiria hacia Trinidad y Tobago el 16 de mayo de 2019, pero no llegó a su destino. Hasta la fecha se conoce de un solo sobreviviente, Alberto Abreu, capitán de la embarcación, quien tiene antecedentes por trata de personas. No hay avance de las investigaciones, ni se ha emitido la alerta amarilla por parte de la Interpol. Abreu actualmente está prófugo.
Familiares sin respuesta
Ana Arias, del Comité de familiares desaparecidos en Güiria, señaló que hasta la fecha no han recibido respuestas, a pesar de que han hecho múltiples denuncias ante diversos organismos.
Ella es la madre de Luisanny Betancourt, una de las jóvenes desaparecidas que embarcó en el bote Jhonnailys José. Ni los funcionarios de seguridad, ni la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) tomaron en serio sus denuncias. Ni siquiera cuando entregó el número telefónico por el que su hija le dijo que la tenían secuestrada le creyeron, o activaron alguna investigación. Desconoce el estatus actual del expediente.
No es un delito nuevo
Para el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Robert Alcalá este delito no es nuevo. Es un flagelo que ocurría en años anteriores, pero no era visibilizado y denunciado. La desaparición de las personas que viajaban en esos botes destapó el tema y lo hizo público.
Las víctimas de estas bandas dedicadas a la trata van a sectores vulnerables y engañan a personas de bajos recursos, mujeres muy jóvenes por lo general, con la oferta de mejorar su calidad de vida. Así se convierten en víctimas de estos grupos.
Las pocas personas que han sido detenidas no han sido juzgadas y no se ha hecho justicia. Además, los intentos de coordinación con el gobierno de Trinidad y Tobago no han dado frutos. Las autoridades trinitarias no han colaborado con los familiares de los desaparecidos, y menos con las investigaciones. Tampoco el Estado venezolano ha hecho algo por aclarar lo que ocurrió con los desaparecidos.
