El conflicto político en curso y las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Venezuela dejan a las poblaciones en riesgo de posibles crímenes de lesa humanidad.
ANTECEDENTES:
Desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo en 2013, el descontento popular con las políticas del gobierno ha generado protestas generalizadas en Venezuela. El gobierno ha respondido rutinariamente con una fuerza desproporcionada y mortal. El 29 de mayo de 2018, un panel de expertos independientes encomendados por la OEA acusó al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad, incluidos 8.292 asesinatos extrajudiciales y la detención arbitraria de más de 12.000 personas desde 2014.
La mala gestión del gobierno y una catástrofe de la crisis económica han provocado una hiperinflación, una escasez de alimentos y el colapso de los servicios esenciales. En respuesta a las manifestaciones masivas que comenzaron en abril de 2017, una represión violenta provocó la muerte de más de 100 personas durante un período de tres meses. Según la OEA, las fuerzas de seguridad se involucraron en «ataques sistemáticos y generalizados contra los opositores al régimen o presuntos ‘enemigos del estado'».
Durante 2017, el presidente Maduro estableció una Asamblea Constituyente para reemplazar a la Asamblea Nacional controlada por la oposición y reescribir la constitución de Venezuela. La creación de la Asamblea Constituyente fue vista por muchos como un intento manifiesto de socavar la democracia y avanzar hacia la dictadura. El presidente Maduro fue reelegido por un segundo mandato de seis años en mayo de 2018, cuando los principales partidos de oposición boicotearon la elección.
Según la ONU, más de 3 millones de venezolanos han huido del país en los últimos tres años debido a la grave escasez de alimentos y medicamentos, así como a la persecución en curso. En respuesta a la crisis migratoria, la OEA ha pedido un mayor reparto de la carga entre los gobiernos regionales, mientras que las organizaciones internacionales no gubernamentales han pedido la aplicación de la Declaración de Cartagena de 1984, que permite a los gobiernos otorgar el estatus de refugiado a quienes huyen «de la violación masiva de derechos humanos «en su país de origen.
ANÁLISIS:
En medio de una crisis económica catastrófica y la represión política en curso, los venezolanos enfrentan un riesgo constante de posibles crímenes de atrocidad en masa. Los opositores políticos del gobierno continúan enfrentando persecución sistemática y generalizada, detención arbitraria y tortura.
La creación de la Asamblea Constituyente y la represión política han consolidado el liderazgo cada vez más autoritario del Presidente Maduro. El gobierno ha tomado medidas para aislarse del escrutinio internacional, incluso al anunciar su retiro de la OEA.
El gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a todos los venezolanos, independientemente de sus creencias o afiliaciones políticas.
RESPUESTA INTERNACIONAL:
Varios gobiernos y el Secretario General de la OEA han criticado las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela.
Tras las denuncias de elecciones fraudulentas, en noviembre de 2017, la Unión Europea (UE) impuso un embargo de armas y otras sanciones a Venezuela. Desde principios de 2018, la UE también ha impuesto prohibiciones de viaje y congelaciones de activos a 18 altos funcionarios del gobierno. Los Estados Unidos también han impuesto sanciones bilaterales extensivas al Presidente Maduro y su familia.
El 26 de septiembre de 2018, seis estados regionales remitieron la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional (CPI). En una carta solicitando al Fiscal Jefe que abra una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se convirtieron en los primeros países en remitir una situación a la CPI por delitos que tuvieron lugar en el territorio de otro estado. partido.
ACCIÓN NECESARIA:
El gobierno debe poner fin de inmediato a las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos, incluidos los asesinatos extrajudiciales, la tortura y la detención arbitraria de sus oponentes políticos. El gobierno debe desmovilizar a las milicias auxiliares, incluidos los «colectivos» civiles, y tomar medidas significativas para poner fin a la cultura de violencia política en Venezuela.
Los estados miembros de la ONU deben implementar sanciones específicas para los funcionarios gubernamentales responsables de violaciones sistemáticas y abusos de los derechos humanos en Venezuela.
Última actualización: 15 de enero de 2019
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