En el informe «Deslave institucional: un año de Asamblea Nacional Constituyente», el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizó una exhaustiva revisión de las acciones adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) desde su instalación el pasado 4 de agosto de 2017, hasta el 15 de julio de 2018.
Este análisis estuvo centrado en tres ejes: derechos políticos, derechos económicos y derechos de las mujeres. Se examinaron los antecedentes inmediatos, las decisiones y los instrumentos jurídicos emanados de la ANC en este año de ejercicio.
El año 2016, con ocasión de la instalación de la ANC, Cepaz publicó el informe “Estocada a la democracia”, en el que se reseñaron las decisiones tomadas por diversas instancias del gobierno venezolano, que arremetieron contra los pilares de las libertades democráticas en Venezuela. Teniendo como estocada final la propuesta de la realización e instalación de la Constituyente, su naturaleza y sus primeras actuaciones.
En aquella oportunidad, advertimos sobre la amenaza que representaba este órgano. No sólo por los vicios constitucionales derivados de su convocatoria, sino, además, debido al carácter supraconstitucional que se atribuye.
El control político y económico ejercido desde la ANC
La ANC se ha convertido en la vía de control político y el andamiaje de permanencia del gobierno y del presidente Nicolás Maduro al frente del Estado.
Ha sido una constante que esta instancia se arrogue funciones del CNE, desde la reprogramación de la elección de gobernadores, hasta la fijación de la elección de alcaldes, de concejales, diputados a los consejos legislativos y la del mismo presidente de la República
Sobre las decisiones de la ANC y los derechos económicos, se constató la profundización del modelo económico de centralización y control de la economía.
En relación a los derechos de las mujeres, se revisaron las decisiones y propuestas hechas por la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo las que involucran los derechos sexuales y reproductivos.
¿Constituyente para la paz?
La propuesta sobre la que giró la oferta electoral impulsora de la Asamblea Nacional Constituyente fue una constituyente para la paz. Además, que atendería a la economía haciendo frente a la crisis marcada por la estanflación e hiperinflación; así como el desempleo por cierre de empresas, la crisis de servicios públicos, la escasez de alimentos y los graves problemas de salud que cobran miles de vidas.
Se prometió además una constituyente democrática que garantizaría la participación de diversos sectores del país. Para un sector de los venezolanos y para algunos países, la ANC no es más que el producto de un cálculo político para desmontar la estructura de poder que garantiza un mínimo de juego democrático.
Sobre la duración de las funciones de este órgano, existe una gran opacidad. Como todo lo que ha precedido su mandato, aunque algunos han afirmado que tiene un lapso de dos años, el presidente de la Constituyente Diosdado Cabello, ha señalado que debido a que es “soberanísima” puede extender ese lapso a “cuatro, cinco o seis años”.
En Cepaz consideramos que es necesario iniciar un proceso de reinstitucionalización del país, en el que se respeten las disposiciones constitucionales. Sin atajos ni veredas que impliquen mayores violaciones a los derechos humanos, ni comprometan el desarrollo de Venezuela y nos permita generar la senda de paz y recuperación de la democracia.
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