Hace 70 años, en la Novena Conferencia Internacional Americana, 21 Estados reunidos en Bogotá, Colombia, acordaron adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), bajo el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, “Pacto de Bogotá”, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su compromiso de defender y fortalecer los valores democráticos en la región.
La Carta de Organización de Estados Americanos (OEA), el Pacto de Bogotá, obliga a las Altas Partes Contratantes a resolver las controversias entre los Estados americanos por medios pacíficos y enumera una lista de procedimientos a seguir que van desde los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación y arbitraje, planteando la figura de la Corte Internacional de Justicia en caso no llegar a una solución mediante el procedimiento de conciliación establecido.
Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada meses antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, subrayó el compromiso de la región con la protección internacional de los derechos humanos y sentó las bases para la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobada en 1969 y entró en vigencia en 1978.
Por lo tanto, los objetivos de la OEA se han ido forjando a lo largo de su historia con base a su búsqueda máxima de alcanzar la paz y la seguridad nacional, a través de la consolidación de los regímenes democráticos, la defensa y promoción de los derechos humanos, el apoyo al crecimiento de la economía, la defensa de la seguridad y de la paz y la construcción de vínculos amistosos entre todos los países de América.
De esta manera ha permitido que la Organización de Estados Americanos tome un papel muy activo en la región. Ejemplo de ello ha sido su accionar en el caso venezolano, en el cual la organización regional no ha cerrado sus ojos ni le ha dado la espalda a la verdad, denunciando la existencia de una grave alteración del orden democrático en Venezuela, ante la preocupación regional por la restricción gubernamental extrema que ha adoptado el régimen de Nicolás Maduro, situación que se contrasta con los pronunciamientos de los otros países centro y sudamericanos, y que ha suscitado una especie de reticencia al interior de la organización.
En este sentido, siendo como es la OEA una entidad democrática y respetuosa de los derechos de sus miembros, esta fortaleza regional amenaza con tambalearse, cuando la disensión de criterios con la política del régimen venezolano y su estilo intolerante, constituye un gran reto para la filosofía de la unión y la supervivencia de la OEA.
Asimismo se ubica retos como que van desde el carácter ambiguo, las renuncias y los silencios cómplices que aún se evidencia en su seno ya que la toda la región requiere de un organismo que sea representativo y capaz de alzar su voz en defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades civiles y políticas, particularmente cuando ellos son asediados y cercenados.
Otro de los desafíos para esta instancia interamericana se enfoca en repotenciar el papel de sus principales órganos e instancias de intervención, lo cual hace necesario aceptar el grado de polarización política de la última década y media, y cómo llegó mermar a los niveles de acatamiento a instrumentos como los de las comisiones de derechos humanos y libertad de expresión, e incluso hasta a la propia aplicación de sanciones a los países, en donde si bien no hubo un rompimiento abrupto del orden institucional, sí progresaron medidas restrictivas de las libertades y derechos individuales y colectivos que protege y ampara la Carta Democrática de la OEA.
Sin embargo, actuaciones como las que han ejecutado órganos principales de la organización, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región, han permitido la supervisión y futura recomendación a los Estados sobre grupos en situación de vulnerabilidad, violaciones sistemáticas de derechos humanos y fallas de los propios gobiernos, logrando colocar al escrutinio internacional los desafíos en materia de derechos humanos de cada país, comprometiendo así la credibilidad de los jefes de Estado y de sus políticas públicas en la materia.
En suma, la CIDH ha fungido como contrapeso ante las violaciones a derechos humanos por parte de las instituciones de los Estados. Y, al tiempo, se ha erigido en una institución de vital importancia para la garantía de los derechos humanos en la región.
Es un organismo que, más allá de tener una finalidad de unión colectiva entre los pueblos, asegura la defensa de cuatro pilares: democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo; sustentados entre sí y se entrelazan transversalmente mediante una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la cooperación e instrumentos jurídicos y de seguimiento, y que proporciona a la OEA las herramientas necesarias para llevar a cabo y maximizar su labor en el hemisferio.
