Expertos de las Naciones Unidas denunciaron las graves condiciones de detención en Venezuela, que incluyen una sistemática falta de acceso a alimentación, agua y saneamiento, atención y tratamiento médico, tanto en los centros de detención, penitenciarios y preventivos.

La comunicación fue suscrita por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias,

Según los expertos, estas condiciones afectarían de manera particular a las mujeres, las personas adultas mayores y a personas con discapacidad, entre otras. «De manera particular y ejemplar, reportamos información sobre las condiciones de detención de las siguientes personas privadas de libertad: Anthony Michell Molina Ron, Emirlendris Carolina Benítez Rosales, María Auxiliadora Delgado Tabosky y Juan Carlos Marrufo Capozzi, Josnars Baduel, Oreste Alfredo Schiavo Lavieri, José Javier Tarazona Sánchez, Ramón Centeno Navas, Juan Nahir Zambrano Arias, Olvany Marian Gaspari Bracho, Uaiparú Güerrere López, José Ignacio Moreno Suárez, Luis Enrique Camacaro Meza, Dignora Hernández Castro, Williams
Daniel Dávila Barrios, Perkins Asdrúbal Rocha Contreras, Yenny Lucia Barrios Torbello y Biagio Pilieri Gianninoto.

Según el comunicado emitido por los expertos, varias de estas personas habrían sido víctimas de desaparición forzada. En misivas anteriores habían señalado las condiciones inadecuadas de detención, incluyendo la falta de acceso a tratamiento médico, a alimentación, la falta de garantías al debido proceso y las limitaciones al trabajo de los representantes legales de las personas detenidas después de las elecciones del 28 de agosto de 2024.

Enfatizaron que en los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, las condiciones de detención inadecuadas se presentan de manera sistemática y estarían agravadas por el hacinamiento y el uso excesivo de la prisión preventiva. La falta de datos oficiales actualizados y desagregados impidió a los expertos verificar estas alegaciones.

Los expertos habrían recibido información en el año 2023 de la existencia de 52 centros penitenciarios, «de los cuales únicamente 35 habrían estado operativos, con una capacidad de poco más de 17.000 personas. En 2023, las personas privadas de libertad en Venezuela habrían sido más de 29.500, por lo tanto, con una tasa de hacinamiento promedia nacional de 173 por ciento, un 10 por ciento más respecto al año anterior. El mismo año, alrededor de 28.000 personas habrían estado detenidas en centros de detención preventiva».

En estos centros, las personas detenidas carecerían de acceso adecuado a alimentos, agua, medicamentos y atención médica. «Las personas privadas de libertad en estos centros suelearían depender de sus familiares para poder acceder a medicamentos en casos de enfermedad, incluso en caso de condiciones crónicas y degenerativas, y para la provisión de alimentos. Los y las familiares de las personas detenidas se verían por lo tanto obligados a incurrir en gastos adicionales para la provisión de alimentos y el traslado a los centros de detención, que muchas veces se encontrarían en otros estados. Esto colocaría a los y las familiares en una situación de vulnerabilidad agravada, en términos económicos y en términos de seguridad».

También se ha informado sobre el retraso injustificado de los traslados médicos a centros de salud y hospitales para la realización de exámenes y para la atención médica especializados. Adicionalmente, muchos de estos centros «de detención preventiva «no contarían con ventilación adecuada, luz natural, ni con agua potable para el consumo, ni acceso suficiente al agua para el aseo personal, y el espacio físico sería extremadamente limitado».

Impacto en las mujeres

El impacto de estas condiciones de detención es más grave en el caso de personas privadas de libertad que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, como mujeres, personas mayores, personas con enfermedades previas, personas con discapacidad, entre otras, «quienes enfrentan riesgos y consecuencias diferenciadas».

Según los expertos «varias mujeres habrían sido acosadas, humilladas, forzadas a desnudarse, sometidas a requisas invasivas por personal de los centros de detención, en el intento de hacer llegar bienes de primera necesidad a sus familiares detenidos. Personas privadas de libertad y sus familiares que las visitan en centros de detención, sobre todo en el caso de mujeres y niñas, habrían sido víctimas de actos de violencia sexual y de género, durante las detenciones, en el marco de los interrogatorios y en lugares de detención. Se habría también documentado la negación de servicios de salud sexual y reproductiva, y violaciones a los derechos de madres lactantes y mujeres detenidas con infantes fuera de la prisión».

Las condiciones de detención luego del 28 de julio de 2024 se habrían agravado, debido al significativo aumento de personas detenida. Además en algunos casos se reportaron las desapariciones forzadas llamadas de “corta duración” en el marco de las cuales las personas son detenidas, llevadas a centros de detención reconocidos y posteriormente se les negarían sus derechos fundamentales. A los familiares que buscan a estas personas se les niega sistemáticamente información sobre estado y paradero.

Llamado final

Para finalizar los expertos hicieron un llamado a garantizar que se cumplan las Reglas Mandela en los centros de detención. “El Estado venezolano debe garantizar la integridad física y psicológica de las personas detenidas, proporcionar acceso adecuado a alimentos, agua potable y atención médica especializada, y prevenir actos de tortura y tratos crueles”.

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