La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en un comunicado las detenciones arbitrarias y la persecución sistemática de periodistas, medios y voces disidentes en Venezuela después de las elecciones del pasado 28 de julio.
La RELE hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar la censura y las prácticas represivas ejercidas «como parte del patrón que busca generar terror en la población venezolana; asimismo, le llama a exigir la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente».
Tras el proceso electoral, la RELE «ha documentado numerosas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que ejercen legítimamente su derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica contra los resultados electorales presentados por el Consejo Nacional Electoral. Desde las elecciones del 28 de julio hasta el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1,505 detenciones, incluyendo a activistas, defensores de derechos humanos, líderes opositores, testigos electorales y periodistas. Entre las personas detenidas, la RELE ha registrado al menos 2 líderes y activistas LGBTI+ y 10 periodistas, de los cuales 4 enfrentan acusaciones infundadas de terrorismo por cubrir manifestaciones. Estas detenciones suelen estar precedidas por allanamientos y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad».
Agrega el comunicado que «según la información de sociedad civil, las detenciones y procesos penales contra periodistas y activistas se llevan a cabo bajo la ‘Ley Contra el Odio’, sin garantías judiciales y con severas restricciones al derecho de defensa. Los cargos comunes incluyen terrorismo, incitación al odio, instigación pública, asociación ilícita, alteración del orden público y obstrucción de la vía pública. También se reportan alegaciones de manipulación o fabricación de pruebas por parte de las autoridades. Además, la RELE ha recibido informes sobre las dificultades que enfrentan los familiares de personas detenidas, como la dificultad para localizarlos, requisitos excesivos para visitas y extorsión por parte de funcionarios. Las familias de periodistas acusados de terrorismo enfrentan obstáculos adicionales, incluyendo dificultades para trasladarse al área metropolitana de Caracas, donde se encuentran los tribunales especializados».
Las agresiones contra la libertad de expresión incluyen «allanamientos, cierre de medios, confiscación de equipos, deportación de prensa internacional, anulación de pasaportes, amenazas, despidos injustificados, censura, perfilamiento en grupos de chat y extorsión». Se ha generado un clima de miedo que ha obligado a los periodistas a tomar medidas de seguridad para su autoprotección, limitar la actividad en redes sociales «y evitar cubrir temas de alto interés público». La RELE conoció que al menos 6 periodistas y trabajadores de la prensa han decidido exiliarse.
También se han bloqueado selectivamente al menos 107 sitios web, incluidos 63 medios y 9 plataformas de derechos humanos, que «ha impuesto un cerco informativo que limita el acceso a contenido crítico».
Recomendaciones
La Relatoría Especial insta a la comunidad internacional, y en particular a los Estados de la región, a que exhorten al Estado venezolano a:
- Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica;
- Garantizar que los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos tengan acceso inmediato y sin restricciones para visitar a las personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares;
- Poner fin a la censura y a la represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución dirigida contra sectores específicos, incluyendo a periodistas y medios de comunicación;
- Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de las corresponsalías internacionales;
- Poner fin al bloqueo de sitios web, al uso indebido de tecnologías de vigilancia y a la represión digital, y proteger y garantizar el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.
Foto: VOA
