Este martes 23 de mayo, representantes de las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Fundamama, Senos Ayuda, Acción Solidaria, Transparencia Venezuela y Provea, acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), específicamente ante la Sala Constitucional, a solicitar respuesta de una demanda de protección de derechos, introducida el 23 de mayo de 2016, y de la cual no han obtenido respuesta, a pesar de que la sala dio cuenta de haberla recibido.
La demanda solicitaba protección a los derechos a la salud y a la vida de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Ha transcurrido un año desde el vencimiento establecido en al artículo 151 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone que el tribunal se pronunciará sobre su admisión en el lapso de cinco días de despacho siguientes a la introducción, y se designará ponente, quien conocerá la totalidad del juicio. En efecto fue designado como ponente el magistrado Calixto Ortega, pero hasta los momentos no se ha generado la admisión del caso.
En el escrito, las organizaciones reiteraron la emergencia que vive Venezuela en materia de salud y cómo los más vulnerables se ven afectados. Hay más de 11.400 niños menores de un año que padecen la carencia de servicios de salud adecuados, la escasez de medicamentos, insumos médicos y reactivos.
La situación sanitaria en el país es tan delicada que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, reconoció su gravedad y exhortó al Gobierno venezolano a aceptar la ayuda humanitaria en materia de medicamentos.
Las organizaciones solicitantes esperan que el TSJ otorgue protección al derecho a la salud de todos los venezolanos, y a través de esta demanda de respuesta a los afectados.
En virtud de la imposibilidad de agotar los mecanismos nacionales de protección de derechos fundamentales, los representantes legales de las organizaciones demandantes plantearon la posibilidad de ejercer acciones ante los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en especial del derecho a la salud.
