Durante el mes de septiembre, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se documentaron al menos 36 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Estos actos afectaron a trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, la población y personas defensoras de derechos humanos.
En el monitoreo y análisis de estos 36 casos de persecución y criminalización hemos identificado las siguientes acciones: 22 actos de hostigamiento y amenazas, el cierre de una emisora de radio, el cierre de un programa de radio, una detención arbitraria, cinco procesos judiciales irregulares, el allanamiento de una vivienda, dos impedimentos de registrar hechos noticiosos y el bloqueo de una página web.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización, identificamos: 11 contra personas vinculadas con la política, 11 actos contra trabajadores de la comunicación, dos contra la población y dos contra personas defensoras de derechos humanos.
Sigue el cierre de emisoras de radio
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ordenó el cierre de dos emisoras de radio durante el mes de septiembre: Continental 103.5 FM ubicada en San Cristóbal, estado Táchira, y Modulación 100.3 FM, de Puerto Cabello, estado Carabobo. El cierre de ambas emisoras se encuentra enmarcado en acciones arbitrarias bajo las cuales se han cerrado decenas de emisoras en los últimos años.
Dos programas de radio también fueron censurados. En el primero de los casos, Conatel decidió suspender la transmisión del programa «Controversia», que se transmitía por la emisora Continental 103.5 FM. El segundo programa censurado fue “Al Día con Nosotros“, transmitido a través de la emisora Altos FM 107.1 y conducido por el comunicador y caricaturista Fernando Pinilla. Este caso se trata de una autocensura, toda vez que la directiva de la estación tomó la decisión de sacar el programa del aire luego de haber recibido una llamada de la Alcaldía de Guaicaipuro en donde rechazaba la presencia de su conductor.
Persecución y criminalización a través del canal del Estado
El canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), sigue funcionando sistemáticamente como un espacio para perseguir y criminalizar públicamente a los distintos actores del espacio cívico. A través del programa Con Maduro +, Nicolás Maduro arremetió contra al menos tres diarios informativos y contra dos periodistas: a la Voz de América lo acusó de “sacar noticias todas las semanas para malponer a Venezuela”. Además, aseguró que es financiado y responde al Departamento de Estado de Estados Unidos. En ese mismo programa arremetió contra el periodista Gustavo Ocando, afirmando que el periodista es uno “de los que odian a Venezuela”.
En el mismo programa también se atacó a los medios informativos EVTV e Infobae a través del uso de insultos reiterativos como “imbéciles” y “estúpidos”. El mandatario aseguró, entre otras cosas, que “Infobae depende de los recursos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todo lo que sale en Infobae tiene un objetivo, la guerra psicológica y política, sobre todo contra Venezuela”. Por su parte, respecto al medio informativo EVTV, aseguró “Mientras nosotros trabajamos y nos dedicamos a trabajar y a traer resultados para Venezuela, desde Miami, con el billete que se robaron Leopoldo López y Juan Guaidó financian a esta televisora EVTV”. También arremetió contra el vicepresidente editorial, Leopoldo Castillo y otras figuras de EVTV”.
Violencia contra periodistas
Otros actos de hostigamiento contra periodistas se desarrollaron por parte de funcionarios públicos. Un funcionario del Instituto Nacional de Sanidad Agrícola (INSAÍ) amenazó con meter preso al periodista José Luis Guerra, luego de que éste publicara un trabajo sobre una plaga de murciélagos que afecta al ganado en San Juan de Cotúa, estado Sucre. Además, el director del Hospital Binacional de Paraguaipoa, José Domingo González, amenazó al periodista indígena wayuu Algimiro Montiel, tras denunciar por la red social X, que en el centro asistencial no había personal médico ni tensiómetro. Por su parte, el diputado oficialista Jesús Faría, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, descalificó el trabajo del periodista Alberto Torres, del medio digital Crónica Uno, durante una rueda de prensa realizada en la Asamblea Nacional.
Varios periodistas también fueron víctimas de violencia mientras cubrían un evento convocado por el partido político Acción Democrática, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, y dirigido por Bernabé Gutiérrez. De acuerdo con la denuncia, los reporteros Mishelle Agreda, de Globovisión; Manuel Da Silva, de Televen; José Manuel Mireles, reportero de El Martillo Venezuela y Andrés Díaz, de Venevisión, recibieron empujones y golpes.
Por último, personas adeptas al gobierno que no han podido ser identificadas arremetieron contra la periodista Ronna Rísquez a través de la red social X, luego de publicar un video donde analiza parte de lo ocurrido en la denominada “Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro”, en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua. Por su parte, la periodista Luzfrandy Contreras fue atacada con planfletos con frases amenazantes que decían: “Luzfrandy politiza la labor periodística. Terminarás como Seir Contreras. Escondiéndote y sin empleo”.
Detención e impedimentos de registrar un hecho noticioso
También durante el mes de septiembre fue detenido el periodista Luis Alejandro Acosta, quien mantenía un seguimiento sobre las operaciones militares del gobierno contra la minería ilegal en el estado Amazonas. El comunicador fue imputado por los delitos de ejercicio de la minería ilegal en modalidad de promoción e incitación, ocupación de zonas protegidas, e incitación a delinquir.
En otro caso de persecución y criminalización, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron que las periodistas Marinelid Marcano y Gianna Rodríguez cubrieran una protesta indígena, en la carretera El Tigre – Cantaura, en el estado Anzoátegui, a pesar de que los mismos manifestantes convocaron a las reporteras.
La censura que provoca el impedimento contra los trabajadores de la comunicación de registrar y publicar hechos noticiosos, no solo atenta contra la labor legítima de las y los periodistas, sino también contra la posibilidad de la población de expresarse y utilizar los medios de comunicación como ventana de denuncia ante las distintas problemáticas que atraviesa su comunidad.
Ataques contra ciudadanos
Durante el mes septiembre un grupo de profesores y agremiados fueron agredidos por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, mientras se desarrollaba una actividad gremial en las adyacencias de la Escuela Experimental Venezuela en Plaza Morelos. Los actos de violencia se produjeron bajo la mirada la Policía Nacional Bolivariana, que no actuó en resguardo de la seguridad de las personas manifestantes.
Este mes fue allanada por funcionarios de la Dgcim la vivienda de Bladimir Josué Tremaria, dirigente sindical del estado Bolívar detenido desde el 8 de julio, e investigado por los delitos de presunta conspiración, asociación para delinquir, encubrimiento y tráfico de material estratégico.
Criminalización de las elecciones primarias
Los actos de hostigamiento y amenazas ocurridos durante el mes de septiembre se relacionan con la criminalización de las elecciones primarias organizadas por la oposición para el mes de octubre. El candidato por la Causa R, Andrés Velásquez, denunció que durante sus actos de campaña en los estados Portuguesa, Lara y Zulia ha sido perseguido y hostigado por funcionarios de seguridad del Estado. Delsa Solórzano, candidata por Encuentro Ciudadano, denunció haber sido víctima de persecución, acoso y amenazas por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, cuando realizaba un recorrido por el estado Monagas. María Corina Machado, candidata por Vente Venezuela, denunció que fue objeto de ataques durante su gira política por el estado Monagas.
Además, la institución organizadora de las elecciones primarias y el origen de los fondos para la celebración de estos comicios, fueron criminalizados a través del programa Con el Mazo Dando, en donde su conductor, Diosdado Cabello, aseguró: “de dónde sacan la plata para hacer las primarias, aquí nosotros no vamos a aceptar dinero del narcotráfico, de lavado de dinero, de lavado de activos”.
Cabello también aseguró que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) oficialista inició una investigación sobre el origen de los recursos empleados para la realización de la elección primaria de la oposición. En el mismo programa arremetió contra la organización Súmate, sobre la cual afirmó que es una asociación civil “acostumbrada a robar», y atacó al liderazgo opositor, con calificaciones como “malandros, delincuentes, mentirosos, que no tienen coraje para asumir lo que han hecho”.
Durante el mes de septiembre de manera reiterada el sitio web verificador de votantes para las elecciones primarias, la plataforma Buscador primarias, habilitada por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) sufrió un bloqueo de tipo DNS, que no permitía el ingreso al sitio desde proveedores de servicios de telecomunicaciones, como la estatal Cantv, y las empresas privadas Digitel, Inter y Supercable.
Solicitudes de extradiciones
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia inició el procedimiento para pedir la extradición del exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y de las principales autoridades de la Asamblea Nacional del año 2015, incluyendo la actual presidenta de la comisión delegada de la AN, Dinorah Figuera; la primera vicepresidenta, Marianela Fernández y la segunda vicepresidenta, Auristela del Valle Vásquez de Castillo. Se les señala por la presunta responsabilidad en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Amenazas contra personas defensoras
El defensor de derechos humanos, coordinador del Frente Norte de Caracas y periodista, Carlos Julio Rojas, denunció haber recibido amenazas de altos mandos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) quienes, de acuerdo con la denuncia de Rojas, lo estarían intentando involucrar en hechos irregulares con el fin de detenerlo.
Finalmente, el defensor de derechos humanos Walter Márquez fue imputado por supuesta incitación al odio en el estado Táchira. A Márquez lo acusaron por sus denuncias de que la Alcaldía de San Cristóbal violaba los derechos humanos de los comerciantes de la capital tachirense.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Septiembre 2023
